La Comisión de Gobiernos Autónomos solicita diez días adicionales para concluir el informe sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de autoridades locales. El pedido llegará este martes al Pleno mientras continúa el cruce de información financiera y registral.
La investigación legislativa sobre el patrimonio de alcaldes y prefectos de Ecuador necesitará más tiempo. La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio solicitó al Pleno de la Asamblea Nacional una ampliación de diez días para completar el análisis y presentar sus conclusiones.
El pedido será tratado este martes 22 de septiembre, durante la sesión 125 del Legislativo, convocada desde las 10:06. La propuesta plantea que el período adicional empiece a contabilizarse después de que concluya el plazo originalmente concedido a la mesa.
La decisión que adopte el Pleno será clave para definir el calendario final de una fiscalización que involucra información patrimonial, financiera, tributaria y registral de autoridades seccionales de todo el país.
Documentación pendiente retrasa el análisis
El principal argumento para solicitar más tiempo está relacionado con el volumen de información que debe ser recopilada y contrastada.
Durante el proceso, varias instituciones públicas han requerido extensiones para responder a los pedidos formulados por la Comisión. Entre ellas constan la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, según la documentación que sustenta la solicitud.
La investigación también contempla cruces con información de entidades como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y los registros de la propiedad.
El objetivo es establecer correspondencias o diferencias entre las declaraciones patrimoniales y los datos disponibles en las distintas instituciones, sin que la existencia de una variación patrimonial implique por sí sola la determinación de una irregularidad.
Expedientes pasan por una clasificación de alertas
El presidente de la Comisión, Cristian Benavides, encabeza actualmente el proceso y ha señalado la necesidad de disponer de información suficiente antes de establecer las conclusiones que serán remitidas al Pleno.
La mesa legislativa trabaja en la clasificación de los expedientes mediante una denominada “semaforización”, con la que busca identificar diferencias, inconsistencias o niveles de alerta que requieran un examen más detallado.
Este procedimiento forma parte de una revisión que no se limita a comparar cifras. La investigación contempla análisis contables y el contraste de información procedente de diferentes bases institucionales.
La Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP), por ejemplo, compareció ante la Comisión el 8 de septiembre para explicar la situación de los registros de la propiedad y las condiciones tecnológicas existentes para el intercambio de información entre instituciones.
Una fiscalización ordenada por el Pleno
El proceso comenzó formalmente el 23 de junio de 2026, cuando la Asamblea aprobó una resolución para investigar presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas.
La Comisión recibió la facultad de solicitar documentos e informes técnicos, además de convocar a funcionarios, organismos de control, especialistas y otras personas que pudieran aportar elementos para el análisis.
Posteriormente, el 8 de julio, la mesa legislativa anunció el inicio de las actuaciones y estableció que disponía de un máximo de 90 días para recopilar elementos y preparar un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones.
El avance del proceso, sin embargo, ha estado marcado por ajustes en su cronograma. A comienzos de septiembre, la propia Comisión revisó una hoja de ruta para organizar la etapa final del trabajo.
El informe deberá diferenciar alertas de responsabilidades
La fiscalización legislativa busca determinar si existen casos que ameriten observaciones después del contraste de los datos recopilados.
En esta etapa resulta clave distinguir entre una variación patrimonial detectada durante el análisis y la eventual existencia de una conducta ilícita. La Comisión desarrolla una función de fiscalización y control político; cualquier determinación de responsabilidad penal corresponde a las autoridades judiciales competentes.
Por ello, la mesa sostiene que completar los expedientes resulta necesario para garantizar el debido proceso y evitar conclusiones sustentadas en documentación parcial.
La revisión también ha generado cuestionamientos dentro de la propia Comisión. El legislador Xavier Lasso criticó a inicios de septiembre que la hoja de ruta fuera aprobada cuando ya había transcurrido buena parte del plazo concedido por el Pleno.
El Pleno decidirá si concede más tiempo
La discusión de este martes trasladará nuevamente el proceso al Pleno de la Asamblea.
Los legisladores deberán resolver si conceden los diez días adicionales solicitados por la Comisión para cerrar la recopilación de documentos, completar el cruce de datos y aprobar el informe que posteriormente será puesto en conocimiento de la Función Legislativa.
La decisión definirá la etapa final de una fiscalización que mantiene bajo análisis los movimientos patrimoniales de autoridades municipales y provinciales del país.
Más allá de las alertas que puedan surgir durante la revisión, será el contenido del informe final el que permita conocer qué inconsistencias encontró la Comisión, cuáles pudieron ser justificadas con la documentación recibida y qué casos, de existir elementos suficientes, podrían ser remitidos a los organismos competentes para actuaciones posteriores.