Un informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos identifica 41 expedientes con alerta roja y 54 con alerta naranja, tras analizar información patrimonial de autoridades seccionales del período 2023-2027. El documento será conocido este martes 27 de octubre y recomienda profundizar las investigaciones mediante los organismos de control.
El pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto conocer este martes 27 de octubre de 2026, a las 10:00, el informe final de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del país.
El documento, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, identifica 95 expedientes con alertas rojas y naranjas, que requieren verificaciones prioritarias por parte de las instituciones competentes.
La investigación comprende el período de gestión 2023-2027 y abarca un universo de 245 dignidades: 222 autoridades cantonales y 23 provinciales. Sin embargo, el informe contabiliza 251 expedientes individuales, debido a que también considera a funcionarios que ejercieron temporalmente estos cargos en calidad de subrogantes o reemplazos.
Según los resultados de la comisión, 41 expedientes fueron clasificados con alerta roja, 54 con alerta naranja, 90 con alerta verde y 66 sin alerta o pendientes de verificación.
¿Qué significan las alertas identificadas por la Asamblea?
La comisión estableció cuatro categorías para determinar el nivel de atención que requieren los expedientes examinados.
La alerta roja, que comprende 41 casos, corresponde a situaciones con variaciones patrimoniales que requieren una revisión más profunda, posibles indicios de responsabilidad penal identificados en auditorías, investigaciones fiscales o judiciales y observaciones tributarias.
La alerta naranja, con 54 expedientes, incluye casos que necesitan comprobaciones adicionales debido a investigaciones activas, auditorías pendientes o denuncias ciudadanas documentadas.
Por su parte, los 90 expedientes con alerta verde presentan observaciones de menor nivel que pueden aclararse mediante controles ordinarios, mientras que los 66 clasificados sin alerta no registran desviaciones relevantes bajo la metodología aplicada o mantienen información pendiente de comprobación.
El informe aclara que estas clasificaciones no constituyen pruebas de enriquecimiento ilícito ni determinan responsabilidades penales. Su finalidad es identificar situaciones que requieren seguimiento por parte de los organismos competentes.
Cruce de información permitió identificar posibles inconsistencias
Para elaborar el informe, la Comisión de Gobiernos Autónomos examinó información de cinco instituciones estatales: la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los registros relacionados con los controles patrimoniales.
La metodología también incorporó denuncias ciudadanas respaldadas por documentación.
El análisis buscó contrastar la evolución de los bienes y las obligaciones económicas de las autoridades con sus ingresos declarados, además de revisar antecedentes tributarios, auditorías y procesos judiciales.
Con el propósito de proteger la identidad de las personas examinadas y evitar afectaciones a investigaciones en curso, el documento utiliza códigos de identificación en lugar de nombres.
Fiscalía, Contraloría y UAFE recibirían expedientes para nuevas verificaciones
Entre las principales recomendaciones del informe consta remitir los 95 expedientes clasificados con alerta roja y naranja a las instituciones de control, según sus competencias.
La comisión propone que la Fiscalía General del Estado evalúe los antecedentes para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen iniciar o continuar investigaciones penales.
Asimismo, recomienda que la Contraloría profundice las auditorías y verificaciones patrimoniales, mientras que el SRI examine posibles diferencias entre ingresos, bienes declarados y obligaciones tributarias.
También se plantea solicitar la intervención de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para identificar eventuales movimientos financieros inusuales, activos en el exterior o mecanismos destinados a ocultar la propiedad de bienes.
Para los expedientes clasificados con alerta verde, el informe recomienda controles preventivos y la posibilidad de que las autoridades presenten documentación que permita aclarar las observaciones.
Asamblea deberá pronunciarse sobre el informe de fiscalización
El documento propone que el pleno legislativo apruebe sus conclusiones y recomendaciones, además de solicitar a la Fiscalía, Contraloría y UAFE que informen, en un plazo de 15 días, sobre las actuaciones iniciadas o los avances registrados.
También plantea mantener bajo reserva la información personal, tributaria y judicial protegida por la legislación, incluidos los datos de familiares, terceros relacionados y denunciantes.
La sesión de este martes será determinante para conocer el pronunciamiento de la Asamblea sobre los resultados de la fiscalización y las medidas de seguimiento que podrían solicitarse a los organismos competentes.
El informe coloca bajo atención la evolución patrimonial de autoridades cantonales y provinciales, pero la existencia de alertas no implica culpabilidad. Corresponderá a las instituciones de control verificar las posibles inconsistencias y determinar, mediante los procedimientos legales, si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.