El expresidente busca que la Comisión y, eventualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinen si el Estado ecuatoriano vulneró sus garantías judiciales durante el proceso derivado del congelamiento bancario de 1999. Su defensa cuestiona la tipificación del peculado, la actuación de la justicia y una supuesta influencia política sobre la causa.
Quito.— Más de un cuarto de siglo después de la crisis financiera que marcó su Gobierno y precipitó su salida del poder, el expresidente Jamil Mahuad mantiene abierta una última batalla para intentar revertir las consecuencias judiciales de una de las decisiones económicas más traumáticas de la historia reciente de Ecuador.
A sus 77 años, el exmandatario ha trasladado su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde busca que se determine si durante el proceso seguido en su contra el Estado ecuatoriano vulneró garantías fundamentales relacionadas con el debido proceso, la independencia judicial y el derecho a la defensa.
La controversia tiene su origen en el congelamiento de depósitos bancarios de 1999, medida adoptada en medio de una profunda crisis económica y financiera que posteriormente desembocaría en la dolarización y en la caída del Gobierno de Mahuad, en enero de 2000.
Las consecuencias políticas de aquella decisión fueron inmediatas y profundas. Las judiciales, en cambio, se han prolongado durante 26 años y ahora llegan al escenario internacional.
Mahuad cuestiona que se haya configurado peculado
Uno de los principales argumentos de la defensa del expresidente está relacionado con la naturaleza jurídica de la decisión que dio origen al proceso.
Mahuad sostiene que el congelamiento bancario fue dispuesto mediante un decreto ejecutivo en materia económica, dentro de las atribuciones que ejercía como presidente de la República.
Su defensa también argumenta que los depósitos afectados se encontraban en el sistema financiero privado, por lo que cuestiona que jurídicamente pudiera configurarse el delito de peculado, tradicionalmente relacionado con recursos públicos.
A ello suma otro elemento: sostiene que la Contraloría General del Estado no emitió un informe que estableciera que hubiera obtenido un beneficio económico personal como consecuencia de la decisión adoptada durante su Gobierno.
Estos argumentos forman parte de la tesis con la que Mahuad busca que el Sistema Interamericano examine no la conveniencia económica o política del congelamiento, sino las condiciones jurídicas bajo las cuales fue investigado, juzgado y condenado.
Una crisis que encontró a Ecuador financieramente debilitado
El proceso judicial contra Mahuad resulta inseparable del contexto de la crisis de finales de la década de 1990.
Ecuador enfrentaba entonces un sistema financiero debilitado, problemas fiscales, pérdida de confianza, depreciación monetaria y una creciente presión sobre los bancos. En ese escenario, el Gobierno dispuso el congelamiento temporal de depósitos, una decisión que golpeó directamente a miles de ciudadanos y profundizó el descontento social.
La medida tuvo un enorme costo político.
Diez meses después, en enero de 2000, Mahuad fue derrocado en medio de un levantamiento indígena y militar que terminó anticipadamente con un Gobierno que había permanecido aproximadamente 17 meses en el poder.
Para el exmandatario, aquella consecuencia política no puede utilizarse para justificar eventuales irregularidades posteriores dentro de un proceso penal.
El giro judicial que cuestiona el expresidente
Mahuad sostiene además que en 2006 obtuvo un sobreseimiento parcial, pero que posteriormente la situación procesal cambió en un contexto político diferente.
Su defensa vincula ese giro con la llegada de Rafael Correa al poder y sostiene que declaraciones políticas dirigidas a conseguir su encarcelamiento terminaron influyendo sobre diferentes instituciones estatales.
Dentro de sus cuestionamientos aparece la actuación de la exjueza Ximena Vintimilla, quien retomó el proceso.
El expresidente alega que existía una cercanía política de la entonces magistrada con Alianza PAIS y considera que esa circunstancia comprometió la imparcialidad con la que debía desarrollarse el proceso.
También cuestiona la proporcionalidad de la condena que terminó imponiéndose en su contra, un elemento que ahora forma parte de los argumentos con los que busca demostrar que no recibió un tratamiento judicial equilibrado.
Estas afirmaciones corresponden a la posición de Mahuad y su defensa y deberán ser examinadas por las instancias internacionales competentes antes de que pueda establecerse si efectivamente existió una vulneración de derechos.
La Corte Constitucional cerró la última vía interna
El camino de Mahuad dentro del sistema judicial ecuatoriano llegó a una instancia determinante cuando la Corte Constitucional rechazó la acción extraordinaria de protección presentada por su defensa.
El expresidente cuestiona esa decisión y sostiene que el máximo organismo de justicia constitucional debía analizar precisamente si durante el proceso penal se produjeron vulneraciones de derechos.
Entre sus reclamos consta que ni siquiera habría sido escuchado mediante una audiencia telemática antes de que se adoptara la resolución.
Mahuad también ha expresado cuestionamientos sobre la composición del organismo que resolvió su caso y sostiene que algunos magistrados habían mantenido previamente posiciones que, a su criterio, podían comprometer la independencia con la que debía analizarse su situación.
Con las vías nacionales agotadas, su estrategia se concentra ahora en el Sistema Interamericano.
¿Qué busca Mahuad ante el Sistema Interamericano?
El objetivo del expresidente no es que los organismos internacionales determinen si el congelamiento bancario fue una decisión económica correcta.
El planteamiento apunta a otra discusión: si Ecuador respetó las garantías judiciales y el debido proceso durante la investigación, juzgamiento y condena del exmandatario.
La petición busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examine los argumentos presentados y, dependiendo del desarrollo del procedimiento, el caso eventualmente pueda alcanzar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Un eventual pronunciamiento favorable no puede darse por sentado. El Sistema Interamericano deberá analizar los antecedentes, la actuación de las instituciones ecuatorianas y los argumentos de las partes antes de establecer si existieron violaciones a los derechos reconocidos en la Convención Americana.
El procedimiento, además, puede extenderse durante años.
Expresidentes de la región respaldan su reclamo
La causa ha trascendido las fronteras ecuatorianas.
Más de 20 expresidentes de la región han solicitado que el Sistema Interamericano examine el caso de Mahuad, un respaldo que busca colocar en discusión internacional las circunstancias bajo las cuales se desarrolló el proceso judicial.
Para el exmandatario, el tiempo constituye ahora un factor especialmente sensible.
A sus 77 años, es consciente de que una respuesta definitiva de la CIDH y una eventual intervención de la Corte-IDH podrían tardar varios años.
La dimensión personal de esa espera también se ha hecho evidente. Debido a su situación jurídica y permanencia fuera del país, Mahuad no pudo acompañar presencialmente a su familia durante la reciente muerte de su madre.
Dos expresidentes y dos historias judiciales diferentes
El reclamo de Mahuad también vuelve a poner sobre la mesa un problema más amplio: la capacidad de la justicia ecuatoriana para tramitar con independencia, celeridad y garantías los procesos que involucran a antiguas autoridades del Estado.
En ese debate aparece el contraste con otros expresidentes que han enfrentado procesos judiciales de larga duración.
Uno de ellos es Abdalá Bucaram, quien continúa relacionado con el controvertido proceso por pruebas para detectar Covid-19 durante la pandemia, una causa que ha avanzado entre dilaciones y cuestionamientos sin alcanzar todavía una definición judicial definitiva.
Las circunstancias jurídicas de ambos casos son distintas y no permiten establecer una equivalencia automática. Sin embargo, la diferencia en los tiempos y respuestas institucionales alimenta nuevamente el debate sobre la uniformidad con la que opera el sistema de justicia cuando se enfrenta a figuras de alto perfil político.
Una batalla que ya supera el destino político de Mahuad
El congelamiento bancario de 1999 dejó consecuencias económicas y sociales que forman parte de la memoria reciente del país. También tuvo una consecuencia política contundente: Mahuad perdió el poder en enero de 2000.
Más de 26 años después, la discusión que permanece abierta es distinta.
El expresidente busca que una instancia internacional determine si, independientemente del impacto de sus decisiones como gobernante, tenía derecho a ser juzgado mediante un proceso independiente, imparcial y respetuoso de todas las garantías judiciales.
La respuesta no será inmediata y tampoco puede anticiparse.
Pero el caso ha dejado de ser únicamente una discusión sobre el expresidente que decretó el congelamiento bancario. Se ha convertido también en una prueba sobre la actuación de las instituciones ecuatorianas y sobre un principio esencial en cualquier Estado de derecho: incluso las decisiones políticas más impopulares deben ser examinadas por una justicia independiente, sin convertir el rechazo social o político en sustituto de la responsabilidad penal demostrada en los tribunales.