El Tribunal declaró al alcalde de Guayaquil responsable como autor directo del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Seis empresas vinculadas al proceso serán clausuradas y disueltas, mientras la reparación integral a favor del Estado supera los USD 61,5 millones.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue sentenciado este sábado 29 de agosto de 2026 a seis años y ocho meses de prisión tras ser declarado responsable como autor directo dentro del caso Triple A, proceso relacionado con la comercialización ilegal de hidrocarburos.
La resolución de primera instancia fue emitida por un Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado, durante la reinstalación de la audiencia de juicio. Los magistrados determinaron que Álvarez tuvo participación y control sobre compañías involucradas en las operaciones de combustibles investigadas por la Fiscalía.
La decisión judicial se conoce después de que el juicio cerrara su fase de alegatos el pasado 2 de agosto y representa una de las principales resoluciones dentro de un proceso que involucra tanto a personas naturales como jurídicas.
Tribunal atribuye a Álvarez el control de empresas investigadas
Durante la exposición de la resolución, el juez ponente Jorge Sánchez señaló que Álvarez intervino en las operaciones investigadas desde su condición de representante legal, presidente y accionista mayoritario de Copedesa, Corpalubri y Ternape.
Según la valoración del Tribunal, la prueba documental presentada por la Fiscalía y los testimonios de funcionarios de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas permitieron establecer que el alcalde tenía control sobre las compañías vinculadas con las operaciones investigadas.
Los jueces también concluyeron que Álvarez conocía las actividades relacionadas con el denominado “cambiazo” de combustibles y que no se habría limitado a ejercer funciones administrativas dentro de la estructura empresarial.
De acuerdo con la resolución, recursos provenientes de las operaciones investigadas llegaron a cuentas personales de Álvarez. Este elemento fue considerado por el Tribunal al momento de establecer la existencia de un beneficio económico y determinar su responsabilidad penal.
¿En qué consistía el denominado “cambiazo”?
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que entre 2020 y 2024 habría funcionado un esquema destinado a comercializar combustibles subsidiados en segmentos diferentes de aquellos para los cuales habían sido originalmente autorizados.
El mecanismo, denominado durante el proceso como “cambiazo”, habría consistido en adquirir combustibles destinados a los segmentos automotor y naviero nacional —beneficiados con subsidios— para posteriormente comercializarlos en los segmentos industrial y naviero internacional.
Entre las irregularidades analizadas constaron diferencias entre los volúmenes de combustible despachados y facturados, ventas que habrían superado la capacidad física de almacenamiento de determinados establecimientos y operaciones realizadas con clientes que no estaban autorizados para recibir combustible subsidiado.
La causa fue procesada con base en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), según consta en la información del proceso.
Otras personas también recibieron penas de prisión
La sentencia no alcanzó únicamente al alcalde de Guayaquil. También Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. recibieron una pena de seis años y ocho meses de prisión como autores directos del delito.
Por otra parte, Lady C., Jessenia V., Carolina T. y José C. fueron declarados responsables en calidad de cómplices y sentenciados a dos años y dos meses de privación de libertad.
La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que las partes conservan los mecanismos de impugnación previstos en la legislación ecuatoriana.
Seis empresas serán clausuradas y disueltas
Uno de los componentes de mayor alcance de la resolución afecta directamente a seis personas jurídicas involucradas en Triple A.
Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiésel y Harsajudi fueron declaradas penalmente responsables. El Tribunal dispuso su clausura y disolución, además de imponer a cada compañía una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados.
De acuerdo con la fundamentación expuesta durante la audiencia, las compañías habrían conformado una estructura corporativa utilizada para acceder a contratos con Petroecuador y recibir combustibles que posteriormente fueron comercializados fuera de los segmentos autorizados.
El Tribunal concluyó que la participación de las empresas no se habría limitado a actividades comerciales ordinarias, sino que estas fueron utilizadas dentro de la estructura que permitió la desviación de los hidrocarburos.
Reparación al Estado supera los USD 61 millones
Además de las penas privativas de libertad y las sanciones contra las empresas, el Tribunal estableció una reparación integral de USD 61,502 millones a favor del Estado ecuatoriano.
El monto deberá ser cubierto por los sentenciados conforme a las condiciones establecidas en la resolución, con excepción de quienes fueron condenados en calidad de cómplices.
La cifra se relaciona con el perjuicio económico determinado mediante la pericia financiera incorporada al proceso. La investigación estuvo vinculada con aproximadamente 22,8 millones de galones de diésel y gasolina involucrados en las operaciones examinadas.
Álvarez acumula una segunda condena de primera instancia
La resolución del caso Triple A representa una nueva complicación judicial para el alcalde de Guayaquil.
El pasado 3 de agosto, Álvarez ya había recibido una sentencia de tres años de prisión en primera instancia dentro del caso Grillete, por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, relacionado con el retiro del dispositivo electrónico impuesto como medida cautelar en Triple A.
La defensa apeló esa decisión. Actualmente, el funcionario permanece recluido en la cárcel El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
A estos procesos se suma el denominado caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos que también involucra a personas de su círculo familiar y empresarial. Esa causa permanece pendiente después de que un juez declarara la nulidad de una diligencia correspondiente a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
Triple A abre un nuevo escenario político y judicial en Guayaquil
La sentencia contra Aquiles Álvarez marca un nuevo momento en la situación judicial del alcalde de una de las principales ciudades del país. Sin embargo, al tratarse de una decisión de primera instancia, la resolución todavía puede ser objeto de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico.
Más allá de sus repercusiones políticas, el caso entra ahora en una fase en la que las defensas podrán cuestionar la decisión ante instancias superiores, mientras deberán ejecutarse las medidas que correspondan conforme avance el proceso.
La resolución de Triple A deja, además, consecuencias que trascienden la situación individual del alcalde: penas contra otros procesados, la clausura y disolución de seis compañías y una reparación económica superior a los USD 61,5 millones a favor del Estado.
El futuro judicial de Álvarez dependerá ahora de las impugnaciones que se presenten y de las decisiones que adopten los tribunales superiores, en un escenario en el que también permanecen abiertos otros procesos en su contra.