La justicia ordenó prisión preventiva contra la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Fiscalía sostiene que existen indicios de un incremento patrimonial injustificado de USD 8,82 millones entre 2018 y 2025. Reportes financieros, declaraciones patrimoniales, movimientos empresariales y operaciones bancarias forman parte de los elementos expuestos durante la audiencia.
La situación judicial de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, dio un giro este domingo 6 de septiembre de 2026, luego de que una jueza especializada ordenara su prisión preventiva dentro del proceso penal que investiga un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La decisión fue adoptada durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, iniciada el pasado 2 de septiembre, después de que la magistrada analizara los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Según la tesis fiscal, entre 2018 y 2025 se habría producido un incremento patrimonial injustificado de USD 8’824.139,49, cuya procedencia deberá determinarse durante la investigación penal.
Además de la prisión preventiva, la justicia dispuso la retención de USD 309.646 en cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes registrados a nombre de la funcionaria.
También se ordenó oficiar a la Policía Nacional y al Bloque de Búsqueda para su localización y garantizar su comparecencia dentro del proceso.
La resolución no constituye una sentencia ni determina culpabilidad. Núñez mantiene su presunción de inocencia mientras el caso avance por las distintas etapas del proceso penal.
¿Qué encontró Fiscalía?
La investigación se originó a partir de información sobre posibles irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en el proceso, una denuncia anónima recibida el 5 de junio de 2026 alertó sobre supuestas irregularidades mediante las cuales recursos habrían terminado incrementando el patrimonio de personas pertenecientes al entorno familiar de la prefecta.
La investigación previa comenzó formalmente días después y quedó a cargo del fiscal Rolando Soliz.
La Fiscalía sostiene que Núñez habría experimentado un crecimiento patrimonial “desproporcionado e injustificado” y analiza adquisiciones de bienes, operaciones financieras y la eventual utilización de terceras personas o testaferros.
Uno de los puntos centrales del expediente son las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por la funcionaria ante la Contraloría General del Estado.
De USD 1,3 millones a USD 4,97 millones
Durante la audiencia se expuso una de las cifras que llamó la atención de la justicia.
Cuando Núñez inició su primer período al frente de la Prefectura, el 15 de mayo de 2019, habría declarado un patrimonio de aproximadamente USD 1’302.150.
Para junio de 2025, la cifra reportada ascendía a USD 4’970.058.
La diferencia entre ambas declaraciones alcanza los USD 3’667.908 en aproximadamente seis años.
Según lo señalado durante la audiencia, la jueza consideró esta variación como uno de los elementos relevantes para analizar la posible materialización de la conducta investigada.
Pero esta cifra no debe confundirse con los USD 8,82 millones mencionados por Fiscalía.
Los USD 3,67 millones corresponden específicamente a la diferencia reflejada entre las declaraciones patrimoniales mencionadas durante la diligencia judicial. El monto superior surge del análisis más amplio que realiza Fiscalía sobre el presunto incremento patrimonial injustificado y otras operaciones investigadas entre 2018 y 2025.
Ingresos formales bajo análisis
Otro componente de la investigación corresponde a los ingresos que oficialmente habría percibido la prefecta.
Según un reporte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentado dentro del proceso, Núñez habría registrado USD 423.256 en ingresos provenientes de sus remuneraciones como prefecta.
A esa cantidad se habrían agregado USD 2.000 correspondientes a un depósito efectuado por una compañía.
La investigación intenta establecer si los ingresos legítimamente obtenidos durante el período analizado permiten justificar la evolución patrimonial registrada.
Para ello, Fiscalía ha recurrido también a información bancaria y financiera.
UAFE: movimientos bancarios, tarjetas, vehículo e hipoteca
Los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) incorporaron otros datos relevantes al expediente.
Según lo expuesto durante la audiencia, entre 2018 y 2025 se habrían registrado en dos cuentas bancarias ingresos por USD 732.903.
Los informes también reflejarían:
- pagos de tarjetas de crédito por USD 77.487;
- la adquisición de un vehículo de alta gama por USD 62.900; y
- operaciones relacionadas con bienes inmuebles, entre ellas una hipoteca por USD 800.000.
Estos movimientos forman parte del conjunto de información financiera que Fiscalía busca contrastar con los ingresos declarados y con la evolución del patrimonio de la funcionaria.
Millonarios movimientos empresariales también entran en el expediente
Uno de los capítulos de mayor peso económico está relacionado con dos compañías vinculadas al patrimonio familiar de Núñez y su esposo.
Según los elementos expuestos por Fiscalía, las empresas habrían registrado movimientos de aproximadamente USD 15 millones y USD 8 millones entre 2018 y 2025.
Las autoridades investigan si esas operaciones guardaban correspondencia con la actividad económica real de las compañías.
En una de ellas se habrían identificado diferencias no justificadas por USD 7’298.413, mientras que en otra la cifra ascendería a aproximadamente USD 1’216.079.
Dentro de la investigación aparecen las compañías Wil&Fam S. A. y Novunted S. A.
Según los elementos presentados por Fiscalía, Novunted S. A. habría reportado ingresos superiores a USD 15,9 millones durante el período analizado.
La jueza, sin embargo, no dictó medidas cautelares contra estas empresas, debido a que la única persona procesada en esta causa es la prefecta.
El esposo de Núñez no está procesado
Otro aspecto que quedó establecido durante la audiencia es la situación del esposo de la prefecta, Wilmer Rivas.
Fiscalía señaló que sus investigaciones habían alcanzado información relacionada con Rivas y las compañías vinculadas al patrimonio familiar. Sin embargo, no se formularon cargos en su contra dentro de esta causa.
Según lo manifestado durante la diligencia, Rivas se encuentra inscrito como candidato para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
Tampoco se adoptaron medidas contra otros integrantes de la familia mencionados en los antecedentes investigativos, debido a que no figuran como procesados.
Esto significa que, hasta esta etapa, la formulación de cargos y las medidas cautelares recaen exclusivamente sobre Johana Núñez.
Fiscalía también revisó 39 movimientos migratorios
La investigación no se ha limitado a propiedades, empresas y cuentas bancarias.
Fiscalía incorporó información relacionada con los movimientos migratorios de la prefecta y señaló que entre 2018 y 2025 registró 39 entradas y salidas internacionales.
Entre los destinos mencionados durante la investigación constan Estados Unidos, Perú, Venezuela, Turquía, República Dominicana, Panamá, México, Italia, España, Costa Rica, Colombia, China, Chile y Brasil.
Los viajes, por sí solos, no constituyen evidencia de enriquecimiento ilícito. Su incorporación al expediente responde al análisis integral de movimientos económicos y patrimoniales que realiza Fiscalía.
¿Por qué se ordenó prisión preventiva?
La prisión preventiva es una medida cautelar, no una condena anticipada.
En este caso, la jueza consideró los elementos presentados por Fiscalía durante la formulación de cargos y dispuso la medida junto con restricciones de carácter patrimonial.
Además, se ordenó la intervención de la Policía Nacional y del Bloque de Búsqueda para localizar a la funcionaria y asegurar su presencia dentro del proceso.
La decisión abre ahora una etapa determinante para la investigación.
90 días de instrucción fiscal
Con la formulación de cargos se abrió una instrucción fiscal de 90 días.
Durante este período, Fiscalía podrá profundizar el análisis de documentación bancaria, movimientos societarios, propiedades, declaraciones patrimoniales y demás elementos relacionados con el origen del dinero y los bienes investigados.
La defensa, por su parte, podrá incorporar elementos de descargo, cuestionar la tesis fiscal y ejercer los mecanismos previstos por la legislación ecuatoriana frente a las medidas adoptadas.
Al término de esta fase deberá determinarse si existen elementos suficientes para avanzar hacia las siguientes etapas del proceso penal.
Un expediente que pone bajo la lupa patrimonio, empresas y recursos públicos
El caso adquiere especial relevancia porque involucra a una autoridad provincial en funciones y porque la hipótesis investigativa está relacionada con un posible crecimiento patrimonial que Fiscalía considera incompatible con los ingresos identificados durante el período examinado.
Las cifras expuestas son considerables: USD 3,67 millones de diferencia entre declaraciones patrimoniales, USD 8,82 millones como presunto incremento injustificado investigado y movimientos empresariales por varios millones de dólares.
Sin embargo, cada monto responde a componentes diferentes del expediente y será la investigación la que deberá determinar su origen, relación y eventual relevancia penal.
La prisión preventiva marca, por tanto, un nuevo momento dentro del caso, pero no su desenlace.
Durante los próximos 90 días, el centro de la investigación estará en una pregunta que Fiscalía deberá sustentar con evidencia y que la defensa tendrá derecho a controvertir: cuál fue el origen del patrimonio y de los movimientos económicos registrados durante los años investigados.
Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, Johana Núñez conserva su condición jurídica de procesada y su presunción constitucional de inocencia.
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