La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió diez días adicionales para completar su informe de fiscalización. La mesa legislativa analiza información patrimonial de autoridades seccionales y espera documentación de varias instituciones del Estado.
El Pleno de la Asamblea Nacional concedió una prórroga de diez días a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio para concluir el informe sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes y prefectos del país.
La ampliación se suma al plazo inicialmente otorgado por el Legislativo para desarrollar una investigación que comenzó por resolución del Pleno el pasado 23 de junio y que contempla el análisis de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados.
El presidente de la comisión, Cristian Benavides, explicó que el tiempo adicional permitirá completar y contrastar la información remitida por diferentes instituciones antes de establecer las conclusiones del proceso.
Según el legislador, la mesa debe sistematizar datos obtenidos mediante metodologías y criterios utilizados por organismos como la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de contar con parámetros comparables para el análisis patrimonial.
La comisión espera información pendiente
El proceso ha incluido comparecencias, requerimientos documentales y sesiones destinadas a conocer los mecanismos empleados por las instituciones públicas para determinar la evolución patrimonial de las autoridades investigadas.
La planificación oficial contempla el cruce y constatación de los datos recibidos, seguido de una evaluación técnica y jurídica que permita estructurar expedientes y una matriz para clasificar los casos de acuerdo con diferentes niveles de alerta.
Sin embargo, Benavides indicó que parte de la información solicitada inicialmente no tuvo el alcance suficiente, lo que obligó a realizar nuevos requerimientos. Entre las instituciones de las que se espera documentación adicional mencionó al SRI, al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado.
El presidente de la comisión sostuvo que algunos de los plazos que tienen estas entidades para responder coinciden o superan el periodo inicialmente establecido para terminar la fiscalización. Bajo ese escenario, justificó la necesidad de disponer de diez días adicionales.
Un borrador ya está elaborado
La Comisión de Gobiernos Autónomos ya cuenta con un borrador del informe. De acuerdo con Benavides, la extensión del plazo no pretende incorporar nuevas líneas de investigación, sino completar la documentación necesaria para respaldar las conclusiones.
Uno de los puntos centrales será sustentar la denominada “semaforización”, mecanismo utilizado para clasificar las distintas situaciones detectadas durante la revisión patrimonial.
La propia Asamblea había establecido dentro de su hoja de ruta la elaboración de una matriz de valoración para identificar los casos según niveles de alerta y utilizarla como insumo para el informe final.
La investigación legislativa comprende a alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas y busca determinar, mediante el contraste de información oficial, si existen elementos que ameriten posteriores actuaciones de los organismos competentes.
Los diez días adicionales serán determinantes para consolidar los datos pendientes y cerrar un proceso de fiscalización que deberá concluir con la presentación del informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional.