La medida, decretada por el presidente, abarca nueve provincias y cuatro cantones, suspende derechos específicos y apunta a contener una violencia que —según Inteligencia— supera la capacidad del Estado en régimen ordinario
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en nueve provincias y cuatro cantones del país, en una decisión que marca el inicio de un operativo de seguridad reforzado a pocas horas del feriado de Semana Santa.
La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 353 este 2 de abril de 2026, tendrá una vigencia de 60 días y se enfoca en territorios considerados estratégicos por su nivel de conflictividad y presencia de estructuras delictivas.
Zonas bajo intervención
El estado de excepción rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
A estas se suman los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, identificados como puntos clave dentro de la dinámica delictiva.
Según el Gobierno, estas zonas concentran niveles de violencia que requieren una intervención estatal extraordinaria.
Sin toque de queda, pero con más control
A diferencia de anteriores decretos, este nuevo estado de excepción no contempla toque de queda. Esto implica que la movilidad durante el feriado se mantiene sin restricciones horarias, permitiendo el desarrollo de actividades turísticas, comerciales y religiosas propias de la temporada.
Sin embargo, el Ejecutivo dispuso un incremento significativo en la presencia de fuerzas de seguridad. Las calles, carreteras y puntos estratégicos contarán con controles más estrictos, especialmente en sectores considerados de alto riesgo.
El objetivo, según el decreto, es evitar que el aumento de circulación de personas durante el feriado sea aprovechado por organizaciones criminales.
Derechos suspendidos para operativos
La medida incluye la suspensión de dos derechos constitucionales: la inviolabilidad de domicilio y la inviolabilidad de correspondencia.
Esto habilita a la fuerza pública a realizar allanamientos sin orden judicial cuando existan indicios de actividades ilícitas, así como a intervenir comunicaciones en casos excepcionales vinculados al crimen organizado.
El decreto establece que estas acciones deberán ejecutarse bajo principios de necesidad, proporcionalidad y debido proceso, con registro documentado de cada intervención.
Fuerzas Armadas y Policía, en acción conjunta
El Gobierno dispuso el despliegue coordinado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas intervenidas. La misión: mantener el orden público, proteger a la ciudadanía y prevenir delitos que afecten la seguridad.
Además, se autoriza de forma excepcional la requisición temporal de bienes y servicios lícitos que sean necesarios para garantizar las operaciones de seguridad. En estos casos, se contempla la devolución de los bienes o la compensación correspondiente.
El sustento: un escenario de violencia estructural
El decreto se apoya en un informe reservado del Centro Nacional de Inteligencia, que advierte que la violencia en Ecuador no es uniforme, sino concentrada en zonas específicas.
El documento describe un escenario de violencia armada estructural y persistente que supera la capacidad del Estado bajo condiciones normales, configurando lo que el Gobierno califica como “grave conmoción interna”.
Este diagnóstico es el que justifica la adopción de medidas excepcionales.
Un cambio de estrategia
La decisión llega apenas días después de la finalización de un toque de queda de 15 días que rigió hasta el 30 de marzo en algunas provincias. Esto evidencia un ajuste en la estrategia gubernamental: pasar de restricciones generalizadas a intervenciones focalizadas.
El nuevo enfoque busca equilibrar dos objetivos: mantener la seguridad en territorios críticos sin paralizar la actividad económica y social a nivel nacional.
Un feriado bajo vigilancia
En el contexto del feriado de Semana Santa, el país se prepara para días de alta movilidad bajo un esquema de control reforzado.
Si bien los ciudadanos podrán desplazarse con normalidad, lo harán en un entorno con mayor presencia militar y policial, controles intensificados y facultades ampliadas para las autoridades.
El mensaje del Ejecutivo es claro: garantizar la seguridad sin detener el ritmo del país, en medio de un escenario que sigue marcado por la lucha contra el crimen organizado.