El tribunal cuestiona la falta de pruebas en la acusación, revoca medidas cautelares y expone debilidades fiscales, mientras el proceso continúa y el alcalde de Guayaquil permanece en prisión por otras causas
La decisión judicial que desmontó parte del denominado caso Goleada ha sacudido el escenario político y jurídico del país, generando reacciones inmediatas en el entorno del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aunque un tribunal revocó la prisión preventiva en su contra y la de varios implicados, el burgomaestre continuará privado de libertad, evidenciando la complejidad de los procesos que enfrenta.
Un fallo que reconfigura el caso
El 2 de abril de 2026, un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió dejar sin efecto la prisión preventiva dentro del caso Goleada para Álvarez, sus hermanos y otros procesados. La decisión se sustentó en un elemento clave: la falta de evidencia suficiente para sostener tanto la existencia del delito como la responsabilidad de los implicados.
Durante la audiencia, la jueza fue enfática al cuestionar la solidez de la acusación fiscal. Señaló que, desde la formulación de cargos, no se presentaron elementos consistentes para configurar el delito de delincuencia organizada. Incluso sugirió que la narrativa de la Fiscalía podría corresponder, en el mejor de los casos, a un posible delito específico de lavado de activos, y no a una estructura criminal como se intentó argumentar.
Además, la magistrada advirtió inconsistencias en la exposición fiscal, como la incorporación tardía de elementos que no formaban parte del planteamiento inicial. Estas observaciones debilitaron la tesis acusatoria y llevaron a reemplazar la prisión preventiva por medidas cautelares menos gravosas: presentación periódica ante la justicia y prohibición de salida del país.
El proceso no se cae: sigue en marcha
Pese al golpe que representa esta resolución para la Fiscalía, el caso Goleada no ha sido cerrado. La jueza negó el pedido de nulidad presentado por la defensa y descartó que exista doble juzgamiento, dejando claro que la investigación continúa.
Este punto resulta crucial: la revocatoria de la prisión preventiva no implica la inocencia de los procesados ni el archivo del caso. Más bien, responde a un principio jurídico fundamental: la privación de libertad debe estar sustentada en elementos sólidos, lo que —según el tribunal— no se cumplió en esta etapa.
En otras palabras, el proceso sigue vivo, pero con un escenario probatorio cuestionado.
¿Por qué Álvarez no queda en libertad?
A pesar de la decisión favorable en el caso Goleada, Aquiles Álvarez no recuperará su libertad. Sobre él pesan otras órdenes de prisión preventiva en procesos distintos, como el denominado caso Triple A, además de una causa por presunto incumplimiento de orden de autoridad competente.
Esto significa que, aunque una de las principales acusaciones pierde fuerza, su situación jurídica sigue siendo compleja y condicionada por múltiples frentes judiciales.
Reacción desde el entorno familiar
Desde los exteriores de la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, reaccionó con un mensaje contundente. Respaldándose en los argumentos del tribunal, cuestionó duramente la base del proceso.
“Hoy hay que decirlo sin matices, sin miedo y con la verdad de frente”, expresó, asegurando que la propia justicia “reconoce que no hay evidencia suficiente, que no hay lavado de activos, que no hay delincuencia organizada”.
Para Ycaza, la contradicción es evidente: mientras el tribunal reconoce debilidades en el caso, su esposo continúa en prisión. “Eso no es menor, eso es gravísimo”, afirmó, visibilizando el impacto personal y familiar de la medida.
Un caso que trasciende lo judicial
La intervención de Ycaza también apuntó a un contexto más amplio. Señaló que, mientras Álvarez permanece detenido, se desarrollan acciones institucionales que, a su criterio, alteran el equilibrio político.
Sus declaraciones reflejan una percepción que empieza a instalarse en la opinión pública: que el caso Goleada no solo se libra en los tribunales, sino también en el terreno político.
Un país atento a lo que viene
El fallo marca un punto de inflexión. Por un lado, debilita la tesis fiscal en uno de los casos más mediáticos del país; por otro, mantiene abierto un proceso que aún puede dar giros inesperados.
La situación de Aquiles Álvarez resume esta tensión: una victoria parcial en los tribunales que no se traduce, al menos por ahora, en libertad.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿se está ante el inicio del desmoronamiento del caso o frente a una reconfiguración de la estrategia judicial?
Por ahora, la respuesta sigue en manos de la justicia. Y el país, expectante.