
La alcaldesa encargada y funcionarios del cabildo respaldan la transparencia institucional tras operativo por presunta falsificación, en medio de protestas y sin declaraciones oficiales de los fiscales
Un operativo ejecutado por la Fiscalía y la fuerza pública en el Municipio de Guayaquil encendió este 2 de abril un nuevo foco de tensión política e institucional en la ciudad. La intervención, que sorprendió a concejales, funcionarios y ciudadanos, se desarrolló en el marco de una investigación por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso, sin que hasta el momento los fiscales a cargo hayan ofrecido declaraciones a la prensa.
Irrupción en el cabildo y ambiente de incertidumbre
La presencia de uniformados en el Palacio Municipal y en distintas dependencias administrativas generó desconcierto durante una sesión del concejo cantonal. Concejales y vecinos observaron con incertidumbre el ingreso de los agentes, mientras se ejecutaban diligencias ordenadas por la Fiscalía.
Horas después, se confirmó que la acción responde a una investigación previa iniciada en marzo de 2026, tras una denuncia que apunta a una supuesta falsificación de firma relacionada con la primera licencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Alcaldía responde: “No tenemos nada que ocultar”
Frente a la magnitud del operativo, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, asumió una postura firme y pública. Aseguró que permaneció durante toda la diligencia y defendió la transparencia de la administración municipal.
“Dando la cara, me quedé durante todo el proceso. No tenemos nada que ocultar”, afirmó.
Coronel enfatizó que, pese al impacto del procedimiento, el Municipio continúa funcionando con normalidad. “Esta administración sigue de pie”, sostuvo, en un mensaje dirigido a la ciudadanía para transmitir estabilidad institucional.
Funcionarios respaldan y aseguran colaboración total
En la misma línea, jefes departamentales del cabildo guayaquileño aseguraron que colaboraron plenamente con las autoridades durante el operativo. Indicaron que se entregó toda la información requerida por la Fiscalía, reiterando su disposición a cumplir con los procedimientos legales.
Sin embargo, también expresaron preocupación por la forma en que se ejecutó la intervención, señalando que este tipo de acciones generan incertidumbre tanto en el personal municipal como en la ciudadanía.
Protestas y tensión en los exteriores
Mientras se desarrollaban las diligencias, decenas de empleados municipales abandonaron temporalmente sus funciones y se concentraron en los exteriores del cabildo para protestar. Con consignas y reclamos, manifestaron su respaldo a la administración y su rechazo a lo que consideran una presión institucional.
El ambiente se tornó aún más tenso cuando los funcionarios de la Fiscalía abandonaron el lugar en medio de gritos de simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez, evitando dar declaraciones a los medios de comunicación mientras se dirigían a sus vehículos.
Fiscalía en silencio
Uno de los aspectos que más ha generado cuestionamientos es la falta de pronunciamiento oficial por parte de los fiscales encargados del caso. Pese al alto interés público, no ofrecieron explicaciones sobre el alcance de la investigación ni sobre los resultados preliminares del operativo.
Este silencio contrasta con la exposición pública del Municipio y ha dejado un vacío informativo en medio de un proceso que continúa en desarrollo.
Reacciones desde el entorno del alcalde
En paralelo, Fiorella Ycaza, esposa del alcalde, también se pronunció sobre el contexto judicial. Cuestionó el momento en que se producen estas acciones y sugirió que responden a la debilidad de otros procesos.
“Incomoda cuando la justicia empieza a funcionar de verdad y deja de ser una herramienta”, afirmó. Según su lectura, cuando un caso pierde sustento, surgen nuevas medidas “que buscan sostener lo insostenible”.
Ycaza insistió en que, si no existen pruebas suficientes, no debería mantenerse la prisión preventiva, defendiendo que Aquiles Álvarez debe enfrentar los procesos en libertad.
Un escenario abierto
El allanamiento al Municipio de Guayaquil se suma a un contexto judicial complejo que involucra al alcalde y a su entorno. Mientras la investigación por presunta falsificación sigue su curso, las autoridades municipales insisten en su transparencia y colaboración.
Por ahora, el caso deja una imagen clara: una administración que responde públicamente y una Fiscalía que, al menos ante los medios, ha optado por el silencio.
La evolución de este proceso será clave para determinar no solo responsabilidades, sino también el impacto institucional en una de las principales ciudades del país.
