El exministro del Interior llegó bajo custodia desde Estados Unidos y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad. Su retorno provocó reacciones del Gobierno, el correísmo y las familias de José Serrano y Fernando Villavicencio.
La deportación de José Serrano Salgado desde Estados Unidos abrió un nuevo capítulo político y judicial en Ecuador. El exministro del Interior arribó la noche del viernes 28 de agosto de 2026 al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, y posteriormente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.
Serrano mantiene una orden de prisión preventiva dentro del denominado caso Magnicidio FV, investigación relacionada con la determinación de las presuntas responsabilidades intelectuales en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. La Fiscalía lo investiga como presunto autor mediato, mientras su situación procesal deberá continuar resolviéndose ante la justicia ecuatoriana.
De Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad
El exfuncionario permanecía bajo custodia migratoria estadounidense desde agosto de 2025. Tras concretarse su deportación, llegó a Guayaquil cerca de las 23:10 y quedó inmediatamente bajo control de las autoridades ecuatorianas.
Su destino fue El Encuentro, centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Santa Elena, donde deberá permanecer en cumplimiento de la medida de prisión preventiva vigente dentro del proceso relacionado con el asesinato de Villavicencio.
El retorno de Serrano permitirá que el proceso avance con su presencia en Ecuador. De acuerdo con la información recopilada, un juez de Pichincha deberá resolver si el exministro y otros procesados son llamados a juicio, mientras la defensa mantiene el derecho a ejercer los recursos y mecanismos previstos dentro del proceso penal.
Gobierno reivindica el regreso de Serrano
El presidente Daniel Noboa reaccionó difundiendo imágenes de Serrano esposado y custodiado por agentes estadounidenses antes de abordar la aeronave que lo trasladó a Ecuador.
“Lo dijimos, lo cumplimos”, escribió el mandatario.
Desde el Ejecutivo, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, sostuvo que el exministro deberá ponerse a órdenes de las autoridades competentes debido a la prisión preventiva que pesa en su contra. Otros integrantes del Gobierno también presentaron la deportación como parte de la política oficial frente a personas requeridas por la justicia ecuatoriana.
La información proporcionada recoge además pronunciamientos de las ministras Nataly Morillo y Cynthia Gellibert, quienes destacaron la llegada del exfuncionario y respaldaron públicamente la actuación gubernamental.
Hijas de Villavicencio reaccionan a la deportación
El retorno del exministro también generó reacciones entre los familiares de Fernando Villavicencio.
Amanda Villavicencio calificó la deportación como “una gran victoria para el país”, mientras Tamia Villavicencio consideró que la llegada de Serrano representa un avance dentro de la búsqueda de justicia por el asesinato de su padre.
Las declaraciones se producen mientras continúa el proceso destinado a determinar las responsabilidades por el magnicidio del excandidato presidencial.
Rafael Correa rechaza las acusaciones
Desde una posición opuesta, el expresidente Rafael Correa cuestionó el proceso contra quien fuera uno de sus principales funcionarios durante su administración.
Correa rechazó las acusaciones que relacionan a Serrano con el asesinato de Villavicencio y sostuvo en redes sociales que la vinculación del exministro respondería a un supuesto “montaje”. También cuestionó los argumentos utilizados para incorporarlo a la investigación.
Serrano ocupó cargos de alta relevancia política durante el correísmo. Fue ministro del Interior y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional, convirtiéndose durante varios años en una de las figuras con mayor influencia dentro del entonces oficialismo.
Familia de Serrano denuncia posibles vulneraciones
La deportación también generó cuestionamientos desde el entorno familiar del exfuncionario.
Verónica Serrano, hija del exministro, denunció antes de conocerse oficialmente su llegada que su padre habría sido retirado del centro de detención migratoria estadounidense sin que sus familiares y abogados fueran informados oportunamente.
La familia aseguró que permaneció incomunicado durante parte del procedimiento y expresó preocupación por su seguridad una vez trasladado a Ecuador. También alertó a organismos internacionales sobre lo que considera posibles vulneraciones de derechos.
Estados Unidos: “No será un refugio”
Desde Washington también hubo un pronunciamiento sobre el procedimiento. Según la información recopilada, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional ejecutó la deportación.
El funcionario señaló que Serrano era requerido internacionalmente y enfrentaba procesos judiciales en Ecuador, al tiempo que afirmó que “Estados Unidos no será un refugio” para personas requeridas por otros países.
Un proceso judicial que entra en una nueva etapa
Además del caso Villavicencio, la información recopilada menciona otras denuncias e investigaciones relacionadas con Serrano, entre ellas señalamientos vinculados con el secuestro de Fernando Balda, presuntos cobros irregulares, tentativa de asesinato, difusión de información reservada y posibles hechos de tráfico de influencias y cohecho. La existencia de denuncias o investigaciones, sin embargo, no equivale a una declaración de culpabilidad, que corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales competentes.
La llegada de José Serrano a Ecuador modifica el escenario procesal y coloca nuevamente bajo atención pública uno de los capítulos pendientes alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio.
Ahora será la justicia ecuatoriana la encargada de resolver su situación dentro del caso Magnicidio FV, bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, mientras acusación y defensa deberán presentar sus argumentos y elementos probatorios ante los tribunales.
Para el Gobierno, su deportación representa el cumplimiento de una promesa política; para las hijas de Villavicencio, un avance en la búsqueda de justicia; para el correísmo y la familia de Serrano, el proceso continúa rodeado de cuestionamientos. La definición jurídica, sin embargo, no corresponde al debate político, sino a los jueces que conozcan la causa.