El Decreto Ejecutivo 448 convierte la seguridad en una política de Estado con un enfoque integral que combina control territorial, reforma penitenciaria, fortalecimiento institucional, inversión social y cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado durante el período 2025-2029.
En un contexto marcado por el conflicto armado interno y el fortalecimiento de las estructuras del crimen organizado, el Gobierno del presidente Daniel Noboa oficializó el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 mediante el Decreto Ejecutivo 448, elevándolo al rango de política pública de aplicación nacional. La iniciativa establece una hoja de ruta que busca transformar el enfoque de la seguridad en Ecuador, pasando de respuestas operativas de corto plazo a una estrategia de Estado con metas de mediano y largo plazo.
El documento parte de un diagnóstico que reconoce que la violencia criminal ya no representa únicamente un problema policial, sino una amenaza multidimensional que compromete la estabilidad institucional, la economía, la gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana. Frente a este escenario, el Ejecutivo plantea una respuesta coordinada entre todas las instituciones del Estado, combinando acciones de control territorial, fortalecimiento institucional, inversión social y cooperación internacional.
Una política de seguridad con siete ejes estratégicos
El plan gubernamental se estructura sobre siete objetivos nacionales orientados a recuperar el control del territorio y consolidar la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la delincuencia organizada.
El primer eje contempla la recuperación del control efectivo del territorio nacional mediante operaciones coordinadas entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y diversas instituciones públicas, priorizando las zonas fronterizas, los corredores del narcotráfico y los sectores donde operan grupos armados organizados. Paralelamente, el Gobierno busca fortalecer los controles sobre el tráfico ilícito de armas, explosivos y materiales peligrosos, además de combatir la minería ilegal y formalizar esta actividad para reducir la influencia de economías criminales.
El segundo objetivo incorpora un modelo preventivo basado en inteligencia estratégica e interoperabilidad institucional. Para ello, el Centro Nacional de Inteligencia integrará información proveniente de distintos organismos con el propósito de anticipar amenazas y mejorar la capacidad de respuesta del Estado. Asimismo, se impulsarán acciones para proteger entornos educativos, combatir la desinformación y fortalecer la gestión de riesgos derivados de actividades criminales.
Uno de los cambios más significativos se concentra en el sistema penitenciario. El plan reconoce que las cárceles se han convertido en centros de operación de organizaciones delictivas y propone una reforma integral que incluye la modernización tecnológica, la profesionalización del personal penitenciario y un proceso gradual para que el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) recupere plenamente la administración de los centros de privación de libertad, actualmente respaldada por las Fuerzas Armadas.
En materia institucional, el Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado mediante una mayor coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado, organismos de control y el sistema financiero. El plan también prevé impulsar reformas legales relacionadas con el sistema judicial, fortalecer la independencia de la Función Judicial, actualizar la política criminal y desarrollar nuevas estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa.
Como complemento a las acciones de seguridad, el Ejecutivo incorpora un componente social orientado a reducir las condiciones que favorecen el reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Para ello, los ministerios de Desarrollo Humano, Salud, Educación, Trabajo y otras entidades deberán ampliar la presencia estatal en comunidades priorizadas mediante programas de empleo, acceso a servicios públicos, alfabetización digital, inclusión financiera y fortalecimiento de infraestructura estratégica.
Finalmente, el plan incorpora objetivos relacionados con la protección del patrimonio natural, el control de actividades ilegales que afectan los recursos ambientales y la obtención de financiamiento nacional e internacional para sostener las políticas de seguridad y defensa durante el periodo 2025-2029. El Ministerio de Defensa será el organismo responsable del seguimiento, evaluación y medición del cumplimiento de los indicadores establecidos.
Una visión distinta frente a las políticas anteriores
A diferencia de estrategias implementadas en años anteriores, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Integral busca consolidar la seguridad como una política pública permanente y transversal. La propuesta deja de centrarse exclusivamente en operaciones policiales y militares para incorporar componentes de desarrollo social, educación, empleo, fortalecimiento institucional, tecnología, cooperación internacional y prevención.
El documento también reorganiza la planificación estratégica del sistema de seguridad, trasladando esa responsabilidad al Ministerio de Defensa Nacional, que asumirá la coordinación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos nacionales de seguridad.
Especialistas destacan el cambio de enfoque, aunque advierten sobre su ejecución
Diversos análisis coinciden en que uno de los principales avances del Decreto Ejecutivo 448 radica en convertir la seguridad en una política de Estado con objetivos permanentes y articulación interinstitucional. No obstante, también se advierte que el verdadero reto será garantizar su ejecución mediante recursos económicos suficientes, coordinación efectiva entre las instituciones y resultados verificables en la reducción de los índices delictivos.
Los expertos sostienen que el éxito del plan dependerá de que los lineamientos estratégicos se traduzcan en mecanismos concretos de control territorial, fortalecimiento del sistema penitenciario, modernización de la justicia, prevención social y combate efectivo contra las estructuras financieras del crimen organizado. Asimismo, consideran que la ciudadanía evaluará la política pública no por su formulación técnica, sino por la capacidad del Estado para generar mejoras perceptibles en materia de seguridad y gobernabilidad.
Análisis jurídico
Desde una perspectiva jurídica, el Plan Nacional de Seguridad Integral constituye un instrumento de planificación pública que encuentra sustento en las competencias constitucionales del Presidente de la República para dirigir la administración pública y formular políticas nacionales en materia de seguridad. Su adopción mediante decreto ejecutivo le otorga carácter vinculante para las instituciones de la Función Ejecutiva, sin sustituir las competencias constitucionales de los demás poderes del Estado ni alterar el principio de separación de funciones.
El contenido del plan refleja una visión alineada con el concepto moderno de seguridad integral, reconocido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, según el cual la protección del Estado no depende únicamente del uso legítimo de la fuerza, sino también del fortalecimiento institucional, la prevención social, el respeto a los derechos humanos y la cooperación entre entidades públicas.
Resulta jurídicamente relevante que la estrategia contemple el fortalecimiento del sistema de prevención del lavado de activos, la actualización de la política criminal, la protección de la infraestructura digital, el respeto a la independencia judicial y la eventual promoción de reformas legales para perfeccionar la actuación del sistema de justicia. Estos elementos evidencian un enfoque que busca reforzar el Estado de derecho mediante herramientas legales e institucionales, en lugar de limitar la respuesta estatal al ámbito operativo.
Igualmente, la incorporación de mecanismos de seguimiento, indicadores de cumplimiento y evaluación permanente responde a principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas propios de la gestión pública contemporánea, permitiendo medir objetivamente el avance de las políticas implementadas.
Una apuesta institucional de largo plazo
En términos jurídicos e institucionales, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 representa un paso positivo hacia la consolidación de una política pública estructural frente a uno de los principales desafíos que enfrenta el país. Su principal fortaleza radica en reconocer que la seguridad requiere una respuesta integral que combine control territorial, fortalecimiento de la justicia, recuperación del sistema penitenciario, combate a las economías ilícitas e inversión social.
Si las acciones previstas logran ejecutarse con respeto al marco constitucional, coordinación entre las instituciones, suficiente respaldo presupuestario y evaluación permanente de resultados, el plan podría convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer la seguridad jurídica, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y consolidar una política de Estado sostenible frente al crimen organizado, garantizando simultáneamente la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.