La evolución de las condiciones climáticas llevó al COE Nacional a incrementar el nivel de alerta en 17 provincias. Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados al fortalecimiento del fenómeno oceánico-atmosférico.
Quito, Ecuador. El Gobierno Nacional declaró este lunes el paso de alerta amarilla a alerta naranja por la evolución del fenómeno de El Niño, una decisión que implica el fortalecimiento inmediato de las acciones preventivas y de respuesta en gran parte del territorio ecuatoriano.
El anuncio fue realizado por la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro, durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, luego del análisis técnico presentado por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (ERFEN), organismo encargado del monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas del país.
La nueva declaratoria comprende 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias, donde las instituciones nacionales, gobiernos autónomos descentralizados y organismos de primera respuesta deberán intensificar los planes de contingencia frente a los posibles efectos derivados del incremento de lluvias.
Riesgo creciente en gran parte del país
La alerta naranja responde al fortalecimiento progresivo de las condiciones propias del fenómeno de El Niño, cuya evolución incrementa la probabilidad de precipitaciones intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos, movimientos en masa y afectaciones a la infraestructura vial, agrícola y urbana.
Las autoridades señalaron que el cambio de nivel de alerta no implica necesariamente que se estén registrando emergencias generalizadas, sino que constituye una fase preventiva que obliga a todas las instituciones a elevar su capacidad operativa y de coordinación para reducir el impacto de posibles eventos adversos.
Manabí, Guayas y El Oro entre las provincias con mayor cobertura
Entre las provincias incluidas en la declaratoria destacan Manabí, Guayas y El Oro, donde un elevado número de cantones fueron incorporados debido a su alta vulnerabilidad frente a las lluvias.
En Manabí, la medida comprende los cantones 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre y Tosagua, territorios históricamente expuestos a inundaciones y deslizamientos durante episodios climáticos extremos.
En Guayas, la alerta alcanza a 25 cantones, incluidos Guayaquil, Durán, Daule, Samborondón, Milagro, Playas, Naranjal, El Triunfo, Balao, Balzar y Salitre, entre otros.
Mientras tanto, El Oro incorpora a Machala, Santa Rosa, Huaquillas, Pasaje, Zaruma, Piñas, Portovelo, Arenillas, El Guabo y otros cantones estratégicos de la provincia.
Quito y otras ciudades también ingresan en alerta
La medida también incluye importantes centros urbanos del país como el Distrito Metropolitano de Quito, además de los cantones Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y San Miguel de los Bancos, en la provincia de Pichincha.
Asimismo, fueron incorporados cantones de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, reflejando el amplio alcance territorial del monitoreo climático realizado por las autoridades.
Llamado a fortalecer la prevención
Con la declaratoria de alerta naranja, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhortó a los gobiernos locales, entidades públicas y ciudadanía a mantener activados los planes de prevención, revisar sistemas de drenaje, identificar zonas de evacuación y atender oportunamente los reportes emitidos por los organismos oficiales.
Las instituciones de emergencia continuarán realizando evaluaciones permanentes sobre la evolución del fenómeno de El Niño y no se descarta la adopción de nuevas medidas si las condiciones meteorológicas continúan intensificándose durante las próximas semanas.
La evolución del fenómeno será monitoreada de manera constante por los organismos técnicos nacionales, cuyas evaluaciones determinarán la permanencia o modificación del nivel de alerta, en un contexto en el que la preparación y la coordinación institucional serán determinantes para reducir los riesgos sobre la población y la infraestructura del país.