El presidente de la República aseguró que existen indicios sobre posibles conexiones entre organizaciones políticas y estructuras del crimen organizado. Durante una entrevista radial, también se refirió a las investigaciones contra Luisa González y a presuntos nexos del expresidente Rafael Correa con bandas delictivas.
El presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó este lunes 26 de octubre de 2026 que se han identificado casos que evidenciarían presuntos vínculos de tres partidos políticos ecuatorianos con el narcotráfico. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Radio Sucre, en la que abordó las investigaciones sobre el supuesto financiamiento ilícito de campañas electorales y sus posibles conexiones con organizaciones criminales.
El mandatario sostuvo que el ingreso de recursos provenientes de actividades ilegales a la política constituye una preocupación para el país y aseguró que las investigaciones han permitido identificar indicios de posibles relaciones entre estructuras delictivas y sectores políticos.
“Hemos visto casos en ya tres partidos políticos que hay nexo con el narcotráfico”, manifestó Noboa, sin precisar en las declaraciones proporcionadas cuáles serían las tres organizaciones políticas señaladas.
Sus afirmaciones se produjeron en medio del avance de las investigaciones judiciales relacionadas con el presunto lavado de activos y el financiamiento irregular de actividades electorales.
Noboa se pronuncia sobre la investigación contra Luisa González
Durante la entrevista, el jefe de Estado se refirió a la situación judicial de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, investigada dentro del denominado caso Laberinto.
Noboa aseguró que existen indicios que, a su criterio, respaldarían los señalamientos contra la dirigente política. No obstante, reconoció que el proceso judicial debe continuar y que todavía resta conocer información adicional sobre los hechos investigados.
González enfrenta una investigación por presunto lavado de activos relacionada con el manejo de recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023, cuando participó como candidata junto a Andrés Arauz.
En el marco de esta causa, un juez dispuso prisión preventiva contra la excandidata y otros dos procesados, como parte de las medidas cautelares adoptadas durante la investigación.
La existencia de una investigación penal y la imposición de prisión preventiva no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades judiciales mediante el procedimiento establecido en la legislación ecuatoriana.
Presidente señala presuntos nexos de Rafael Correa con organizaciones criminales
El mandatario también dirigió sus declaraciones hacia el expresidente Rafael Correa, a quien atribuyó supuestas conexiones con integrantes de organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Choneros.
Noboa sostuvo que el financiamiento procedente del narcotráfico y de otras actividades criminales habría sido utilizado en distintas campañas electorales, no únicamente en los comicios presidenciales de 2023.
“Nexo directo y ha habido lavado de activos comprobado en las últimas campañas, no solo en la de 2023, en las que se usa dinero del narcotráfico y del crimen organizado para financiar la oposición de este Gobierno”, enfatizó el presidente.
Estas declaraciones corresponden a señalamientos formulados por el jefe de Estado y no deben interpretarse como una constatación judicial de responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Noboa insistió en que el problema del financiamiento ilícito trasciende las diferencias ideológicas entre las organizaciones políticas.
“Esto no se trata de izquierda o derecha… Se trata de combatir la criminalidad que financia este tipo de operaciones que obviamente tienen nexos en la Función Judicial, Administración pública”, expresó.
Con estas afirmaciones, el mandatario planteó que las presuntas conexiones del crimen organizado no se limitarían al ámbito electoral, sino que podrían extenderse a otras instituciones del Estado.
Caso Laberinto investiga presunto financiamiento ilícito de la campaña de 2023
De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General del Estado, el caso Laberinto investiga el supuesto uso de recursos de origen ilícito, presuntamente vinculados con la comercialización irregular de hidrocarburos, para financiar actividades electorales de la Revolución Ciudadana durante los comicios de 2023.
La investigación se concentra en determinar el origen, la circulación y el destino de los fondos que habrían ingresado al financiamiento de la campaña correspondiente a la lista 5.
Según la hipótesis fiscal descrita, parte de estos recursos habría provenido de empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien también ha enfrentado procesos judiciales vinculados con la comercialización irregular de combustibles y el cumplimiento de medidas cautelares.
En la información proporcionada se señala que Alvarez recibió sentencias en los casos Triple A y Grillete, relacionados, respectivamente, con irregularidades en combustibles y el retiro de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Las posibles conexiones entre estos antecedentes judiciales y el financiamiento electoral constituyen parte de los aspectos que deberán esclarecerse dentro de la investigación correspondiente.
Fiscalía formuló cargos contra cuatro personas
El 22 de octubre, la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra Luisa González, Wendy Onofre, Joseph Díaz y Estefanía Molina.
Durante la audiencia, el juez encargado del proceso ordenó prisión preventiva para González, Díaz y Onofre.
En el caso de Molina, la autoridad judicial dispuso medidas cautelares alternativas, entre ellas la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período durante el cual deberán desarrollarse las diligencias destinadas a profundizar en el origen y recorrido de los recursos investigados.
Esta etapa permitirá recopilar elementos de convicción y establecer si existen fundamentos suficientes para que la causa avance hacia las siguientes fases del procedimiento penal.
Caso Caja Chica también indaga presuntos recursos ilícitos para la campaña electoral
Además de su vinculación con la investigación del caso Laberinto, Luisa González ha sido mencionada en el denominado caso Caja Chica.
Esta investigación aborda el presunto ingreso de recursos ilícitos provenientes de Venezuela que habrían sido destinados al financiamiento de la campaña presidencial del correísmo en 2023.
Ambas investigaciones se relacionan con posibles irregularidades en el origen de fondos electorales, aunque corresponden a causas distintas, cuyos hechos y eventuales responsabilidades deben determinarse de manera independiente.
Financiamiento político y crimen organizado, bajo atención judicial
Las declaraciones del presidente Daniel Noboa se producen en un contexto de investigaciones sobre la posible infiltración de recursos provenientes de actividades ilícitas en organizaciones políticas y campañas electorales.
El mandatario ha planteado que combatir estas presuntas conexiones forma parte de la lucha contra las estructuras del crimen organizado y su eventual influencia en las instituciones públicas.
Sin embargo, la determinación de responsabilidades penales requiere pruebas sometidas a los procedimientos judiciales correspondientes, así como el respeto a las garantías procesales y al principio de presunción de inocencia.
El avance del caso Laberinto y de las demás investigaciones relacionadas con el financiamiento electoral será determinante para establecer si existieron operaciones de lavado de activos, identificar el eventual destino de los recursos y esclarecer las responsabilidades individuales que correspondan.
Mientras tanto, las afirmaciones del Ejecutivo sobre presuntos vínculos entre partidos políticos y organizaciones criminales mantienen abierto el debate sobre la transparencia del financiamiento electoral y la necesidad de proteger las instituciones democráticas frente a la influencia de economías ilícitas.