El escenario político ecuatoriano registra un nuevo capítulo tras la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ratificó la continuidad del proceso de cancelación del movimiento político Unidad Popular (UP), una resolución que podría comprometer su participación en las próximas elecciones seccionales previstas en el país.
Durante la sesión del pleno desarrollada este miércoles, el organismo electoral resolvió negar un recurso de corrección presentado por el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quien buscaba revertir la resolución mediante la cual se dispuso el inicio del proceso de eliminación de la organización del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas.
La decisión obtuvo el respaldo de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, así como de los consejeros Mónica Noriega y José Merino, quienes votaron a favor del informe técnico que recomendaba rechazar la solicitud presentada por la dirigencia de Unidad Popular.
Por otra parte, la consejera María Cristina Kronfle expresó su desacuerdo con la resolución y emitió un voto en contra, argumentando que la medida habría sido adoptada fuera de los plazos establecidos por la normativa electoral vigente.
La postura de Unidad Popular sostiene que el Consejo Nacional Electoral habría excedido los tiempos legales para ejecutar este tipo de procedimientos. Según los argumentos expuestos por la organización política, el plazo máximo para emitir una resolución relacionada con la cancelación vencía el pasado 3 de abril, es decir, 120 días antes de la convocatoria oficial a elecciones. Desde esa perspectiva, el movimiento considera que la actuación del organismo se produjo aproximadamente tres semanas después del límite establecido.
A pesar de la resolución adoptada por el CNE, el proceso aún no concluye definitivamente. La organización política todavía cuenta con la posibilidad de presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, instancia que tendrá la decisión final respecto a la situación jurídica de la agrupación.
La continuidad o no de Unidad Popular en el escenario político adquiere especial relevancia debido a la proximidad de las elecciones seccionales programadas para el próximo 29 de noviembre, jornada en la que los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir nuevas autoridades locales, entre ellas alcaldes y prefectos.
Mientras se espera una resolución definitiva por parte de las instancias competentes, el caso mantiene abierta una discusión sobre la interpretación de los plazos electorales y las implicaciones legales que podría tener para la participación de las organizaciones políticas dentro del proceso democrático ecuatoriano.