La jornada desarrollada este miércoles dentro del denominado caso Progen, también conocido como caso Apagón, dejó nuevos elementos que incrementan la atención pública alrededor de uno de los procesos judiciales relacionados con la crisis energética que enfrentó Ecuador. Tras varias horas de intervenciones y alegatos de las defensas, la audiencia de formulación de cargos fue suspendida y continuará el próximo viernes 22 de mayo, fecha en la que se conocerá la situación jurídica de los 21 investigados.
El proceso investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen para la instalación de centrales termoeléctricas en Quevedo y Salitral. Según la tesis presentada por la Fiscalía, existiría un supuesto perjuicio económico al Estado estimado en 104 millones de dólares.
La diligencia, reinstalada en la mañana bajo la dirección del juez Vinicio Rodríguez, estuvo marcada por los argumentos de las defensas que solicitaron medidas alternativas a la prisión preventiva planteada por la Fiscalía.
Entre los momentos que captaron mayor atención estuvo la intervención del abogado Edwin Romero, defensor del técnico Celso Sánchez, quien informó que presentará una denuncia formal tras haber recibido múltiples llamadas intimidatorias luego de la difusión de un video protagonizado por técnicos que participaron en la verificación de los equipos de Progen en Estados Unidos.
De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, Romero señaló haber recibido más de 32 llamadas consideradas amenazantes después de que se hiciera público un material audiovisual en el que varios técnicos advertían presuntas irregularidades relacionadas con el estado de los equipos revisados.
Según la defensa, el ingeniero Celso Sánchez habría advertido previamente sobre supuestas inconsistencias técnicas en los generadores evaluados y se habría negado a aprobar informes relacionados con su validación. Asimismo, se afirmó que estos elementos ya habrían sido ingresados anteriormente dentro de la investigación como material de descargo.
Durante la jornada también se conoció que algunos de los técnicos involucrados dentro del proceso forman parte del sistema de protección de víctimas y testigos. Varias defensas argumentaron que sus representados no representan riesgo de fuga, presentando certificados laborales, documentos familiares, informes médicos y evidencias de arraigo.
Las intervenciones también incluyeron cuestionamientos sobre la individualización de responsabilidades, la presunta insuficiencia de elementos de convicción y observaciones respecto a la formulación de cargos planteada por la Fiscalía.
En otro momento de la audiencia, representantes legales de varios procesados sostuvieron que algunas actuaciones señaladas por el ente investigador correspondían a actividades propias de sus funciones administrativas y técnicas, insistiendo en la improcedencia de una medida cautelar privativa de libertad.
La jornada además se desarrolló en medio de una coincidencia de horarios con otro proceso judicial de relevancia nacional, el caso Sinohydro, situación que generó observaciones entre algunos abogados por la simultaneidad de diligencias en la Corte Nacional de Justicia.
Pasadas las 19:15, el juez suspendió la audiencia y dispuso su reinstalación para este viernes a las 09:00. Se prevé que en la próxima diligencia se emita la resolución respecto a la situación procesal de los 21 investigados, mientras la Fiscalía mantiene su solicitud de prisión preventiva y las defensas insisten en la aplicación de medidas sustitutivas.
El desarrollo de este caso continúa generando expectativa debido a las implicaciones jurídicas, económicas y políticas relacionadas con uno de los contratos suscritos durante el periodo de emergencia energética en el país.