La mayoría legislativa respaldó el archivo del proceso impulsado por el correísmo. La exministra de Energía fue señalada por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de equipos para enfrentar la crisis eléctrica.
La Asamblea Nacional resolvió archivar el pedido de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, tras una votación en la que la mayoría oficialista y sus aliados rechazaron continuar con el proceso de fiscalización relacionado con el denominado caso Progen.
Durante la sesión del Pleno, la moción de archivo obtuvo 81 votos a favor, suficientes para poner fin al procedimiento político. En contraste, 58 legisladores votaron en contra, respaldando la continuidad del juicio promovido por la bancada de la Revolución Ciudadana.
Investigación giraba en torno al caso Progen
El proceso de interpelación fue impulsado por el correísmo, que buscaba la censura política de la exfuncionaria al sostener que habría existido responsabilidad en las presuntas irregularidades detectadas dentro del caso Progen.
La investigación se relaciona con la contratación de equipos de generación eléctrica, en un proceso que, según los cuestionamientos planteados por los interpelantes, habría significado la entrega de 104 millones de dólares por motores que posteriormente fueron señalados como inservibles para atender la emergencia energética que enfrentó el país.
Los legisladores proponentes sostuvieron que la entonces ministra debía responder políticamente por su presunta participación en las decisiones adoptadas durante ese proceso.
Defensa sostuvo que no existían pruebas contra la exministra
Durante la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización, la defensa de Inés Manzano, integrada por los juristas Rafael Oyarte e Ismael Quintana, argumentó que no existían elementos probatorios que vincularan directamente a la exministra con la contratación o el pago de los equipos adquiridos.
Según expusieron, a lo largo de la etapa probatoria los interpelantes no presentaron evidencia que demostrara una intervención directa o indirecta de Manzano en los procedimientos administrativos o financieros relacionados con la adquisición de los generadores eléctricos.
Los abogados insistieron en que las acusaciones carecían de sustento jurídico suficiente para establecer una responsabilidad política de la exfuncionaria.
Mayoría oficialista cerró el proceso
Con la decisión adoptada por el Pleno, el pedido de juicio político quedó definitivamente archivado, consolidando la posición de la mayoría legislativa integrada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus bancadas aliadas.
La resolución pone fin al trámite parlamentario y evita que la exministra enfrente una eventual censura política por este caso, mientras las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de los equipos de generación eléctrica continúan por las vías correspondientes.