Quito. La Asamblea Nacional definirá este viernes 31 de julio, durante la sesión plenaria convocada para las 11:00, el futuro del juicio político promovido contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un proceso que podría quedar archivado si el Pleno respalda con mayoría simple el informe emitido por la Comisión de Fiscalización.
La decisión se adoptará conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el procedimiento para resolver los informes relacionados con solicitudes de juicio político.
Mayoría simple definirá el futuro del proceso
El presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, explicó que el Pleno conocerá el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización y abrirá un debate en el que participarán legisladores de las distintas bancadas antes de proceder con la votación.
De acuerdo con la normativa vigente, cuando la Comisión recomienda el archivo de un juicio político, el Pleno tiene dos alternativas: acoger y ratificar ese informe con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes o rechazarlo, con mayoría absoluta, para que el proceso continúe su trámite.
En este caso, el informe de la Comisión concluyó que no existen elementos suficientes para sustentar una responsabilidad política de la exfuncionaria.
Comisión concluyó que no existen pruebas suficientes
La Comisión de Fiscalización recomendó archivar el proceso al considerar que durante la sustanciación del expediente no se logró demostrar un nexo causal ni configurar la causal de incumplimiento de funciones atribuida a Inés Manzano.
El documento sostiene que existe una insuficiencia probatoria para establecer una eventual responsabilidad política de la exministra, por lo que concluye que el proceso carece de mérito para continuar.
La acusación contra la exministra
El juicio político fue impulsado por los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, quienes señalaron un supuesto incumplimiento de funciones durante la gestión de Manzano al frente de los ministerios de Ambiente y Energía.
Los interpelantes sostienen que la entonces ministra no habría ejercido los controles necesarios para evitar un presunto perjuicio económico al Estado superior a USD 70 millones, relacionado con un contrato celebrado entre la empresa pública Celec EP y la empresa Austral Technical Management (ATM).
Asimismo, argumentan que existió una presunta omisión al no impedir posibles actos de corrupción vinculados a dicho contrato.
Oficialismo respalda el informe
La asambleísta Inés Alarcón, de la bancada oficialista ADN, manifestó que el informe remitido por la Comisión de Fiscalización no tiene carácter vinculante, pero señaló que el bloque respetará la decisión adoptada por esa mesa legislativa y escuchará los argumentos expuestos durante el debate antes de emitir su voto.
La legisladora aseguró que el proceso se desarrolló con transparencia y afirmó que las pruebas presentadas por los interpelantes no lograron sustentar las acusaciones.
Según indicó, el principal testigo presentado durante el proceso no respondió de manera clara a los cuestionamientos formulados por los abogados y por los integrantes de la Comisión, mientras que gran parte de la documentación presentada correspondía a publicaciones periodísticas, elementos que —a su criterio— no permitieron demostrar las presuntas irregularidades.
Revolución Ciudadana busca impedir el archivo
Desde la bancada Revolución Ciudadana, el asambleísta Blasco Luna, uno de los tres interpelantes, sostuvo que el desenlace dependerá de la votación del Pleno.
El legislador explicó que, si el informe de archivo obtiene la mayoría simple requerida, el juicio político concluirá definitivamente. En cambio, si esa votación no prospera, el proceso continuará y la exministra deberá comparecer ante el Pleno para ejercer su defensa.
Luna cuestionó la posición del bloque oficialista, al que acusó de intentar proteger a los exministros del Gobierno y limitar las facultades de fiscalización de la Asamblea Nacional.
Además, informó que la bancada Revolución Ciudadana dispuso la presencia de sus 62 legisladores durante la sesión, con el propósito de garantizar su participación en una votación que consideran determinante para el futuro del proceso.
La decisión que adopte el Pleno este viernes marcará el destino del juicio político contra Inés Manzano y definirá si el expediente queda archivado o avanza hacia la etapa final de interpelación en la Asamblea Nacional.