La petrolera busca que una corte federal de Washington ejecute el laudo arbitral de La Haya, mientras el Estado ecuatoriano enfrenta un complejo escenario legal para evitar el pago de una millonaria indemnización.
El prolongado conflicto judicial entre Ecuador y la petrolera estadounidense Chevron entró en una nueva etapa internacional. La compañía presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., con el objetivo de que la justicia de Estados Unidos reconozca y ejecute el laudo arbitral emitido en su favor por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que ordena al Estado ecuatoriano pagar aproximadamente USD 215 millones como indemnización.
La acción judicial, presentada el 17 de julio, no reabre el fondo del litigio, sino que busca convertir el laudo internacional en una resolución ejecutable dentro del sistema judicial estadounidense, permitiendo a Chevron iniciar el proceso de cobro en caso de que Ecuador no cumpla voluntariamente con la obligación establecida.
Chevron invoca tratados internacionales para exigir el pago
En su demanda, la multinacional sostiene que Ecuador aceptó la ejecución de laudos arbitrales internacionales al adherirse a la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, por lo que considera que los tribunales estadounidenses tienen competencia para hacer cumplir el fallo.
Además, la empresa argumenta que el denominado Laudo de la Vía Fase III fue respaldado por múltiples decisiones arbitrales y posteriormente ratificado por los tribunales de los Países Bajos, sede del arbitraje internacional, lo que, según Chevron, fortalece la validez jurídica de la resolución.
La petrolera sostiene que el tribunal internacional concluyó que la histórica sentencia ecuatoriana que la condenó al pago de USD 9.500 millones por daños ambientales fue obtenida mediante fraude, razón por la cual Ecuador fue condenado a reembolsar los gastos legales asumidos por la empresa para impedir la ejecución de esa decisión en distintos países.
Un conflicto que lleva más de tres décadas
El origen del caso se remonta a las operaciones de Texaco en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990. Comunidades amazónicas denunciaron que durante ese período se vertieron miles de toneladas de residuos tóxicos que provocaron graves afectaciones ambientales y sociales.
Tras la adquisición de Texaco por parte de Chevron en 2001, la compañía heredó el litigio. En 2011, un tribunal de Sucumbíos condenó a la petrolera al pago de USD 9.500 millones por daños ambientales, sentencia que posteriormente fue ratificada en Ecuador.
Sin embargo, de manera paralela, Chevron impulsó un arbitraje internacional alegando que el Estado ecuatoriano incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
La Haya cambió el rumbo del proceso
El punto de inflexión ocurrió en 2018, cuando el Tribunal Arbitral de La Haya concluyó que la sentencia emitida en Lago Agrio había sido obtenida mediante sobornos y actos de corrupción.
Como consecuencia, el tribunal declaró que la decisión ecuatoriana era inejecutable en el ámbito internacional y estableció la responsabilidad del Estado ecuatoriano por violaciones al tratado bilateral de inversiones. Posteriormente, los tribunales neerlandeses rechazaron el recurso de anulación presentado por Ecuador, consolidando la validez del laudo arbitral.
De una reclamación de USD 3.350 millones a una deuda de USD 215 millones
Durante la fase de cuantificación de daños, Chevron reclamó inicialmente una compensación superior a USD 3.350 millones.
No obstante, el Tribunal Arbitral redujo considerablemente esa pretensión y fijó una indemnización de USD 220,8 millones, monto que posteriormente fue ajustado tras un recurso presentado por la Procuraduría General del Estado.
Finalmente, el 12 de febrero de 2026, la obligación definitiva quedó establecida en USD 215.073.244,43, luego de una reducción cercana a USD 5,7 millones.
Las alternativas jurídicas de Ecuador son limitadas
Con la presentación de la demanda en Washington, Ecuador enfrenta un escenario procesal complejo.
Entre las opciones analizadas por el Estado figura oponerse al reconocimiento del laudo ante la Corte del Distrito de Columbia mediante las causales excepcionales previstas en la legislación estadounidense y en la Convención de Nueva York. Sin embargo, estas posibilidades únicamente permiten cuestionar aspectos formales del procedimiento y no reabrir el fondo del arbitraje.
Al mismo tiempo, organizaciones que representan a comunidades amazónicas afectadas por la contaminación petrolera han propuesto que, si Ecuador termina pagando la indemnización, esos recursos sean posteriormente embargados para cumplir parcialmente la histórica sentencia ambiental obtenida contra Chevron en tribunales ecuatorianos.
Un nuevo capítulo en una disputa histórica
La ofensiva judicial iniciada por Chevron marca un nuevo episodio en uno de los litigios internacionales más prolongados y complejos relacionados con responsabilidad ambiental e inversiones extranjeras.
Mientras la petrolera busca ejecutar el laudo arbitral en Estados Unidos, el Estado ecuatoriano deberá definir su estrategia jurídica para enfrentar un proceso que podría tener importantes repercusiones económicas y diplomáticas, en un conflicto que, más de tres décadas después de su origen, continúa generando consecuencias tanto en el ámbito nacional como internacional.