La Fiscalía sostiene que existió una red de comercialización irregular de combustibles con un presunto perjuicio de USD 61 millones, mientras la defensa de Aquiles Álvarez insiste en que no se han presentado pruebas que acrediten actividades ilícitas
El denominado caso Triple A ingresó en su etapa final con la reinstalación de la audiencia de presentación de pruebas en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde la Fiscalía General del Estado y la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, exponen los últimos elementos antes de que el proceso avance hacia los alegatos de clausura.
La causa, considerada una de las investigaciones más relevantes sobre presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles subsidiados, involucra además a 15 personas naturales y seis empresas, señaladas por una supuesta estructura dedicada a la distribución irregular de diésel subsidiado.
Tras más de dos años de investigación, el proceso judicial entra en una fase determinante, en la que aún restan tres testimonios considerados clave antes de que el tribunal escuche los alegatos finales de las partes y continúe con las siguientes etapas procesales.
Fiscalía sostiene que el Estado habría sufrido un perjuicio de USD 61 millones
La Fiscalía mantiene su acusación al considerar que varias compañías vinculadas al entorno empresarial de Aquiles Álvarez habrían participado en operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles subsidiados.
De acuerdo con la investigación, estas actividades habrían ocasionado un perjuicio económico aproximado de 61 millones de dólares al Estado ecuatoriano, producto del supuesto desvío y uso indebido de diésel destinado a sectores específicos de la economía.
Como parte del proceso también interviene, en calidad de acusador particular, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH).
Su director, Christian Puente, sostuvo durante la audiencia que las empresas investigadas habrían ocupado diferentes eslabones dentro de la cadena de comercialización de hidrocarburos para concretar operaciones presuntamente irregulares con combustible subsidiado.
La tesis fiscal busca demostrar que existió una estructura organizada destinada a obtener beneficios económicos mediante el uso indebido de este recurso.
La defensa rechaza las acusaciones y cuestiona la ausencia de una testigo clave
Por su parte, la defensa de Aquiles Álvarez reiteró que durante el desarrollo del juicio la Fiscalía no ha logrado demostrar la existencia de actos de corrupción ni operaciones ilícitas por parte de las empresas relacionadas con el alcalde de Guayaquil.
Los abogados sostienen que la acusación carece de pruebas concluyentes que permitan establecer responsabilidades penales y afirman que la actividad empresarial desarrollada por las compañías investigadas se ajustó al marco legal vigente.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la defensa fue la ausencia de Nicole Bermúdez, exfuncionaria cuya alerta inicial dio origen a la investigación del caso Triple A.
Según los abogados, su comparecencia resultaba fundamental para esclarecer varios aspectos del proceso.
Sin embargo, durante la reinstalación de la audiencia se informó que la exfuncionaria no acudió a la diligencia. Un informe presentado por la Policía Nacional indicó que, pese a las gestiones realizadas para ejecutar la orden judicial de comparecencia, no fue posible localizarla.
La defensa considera que esta situación afecta el desarrollo del proceso y limita la posibilidad de contrastar elementos relevantes de la investigación.
Un argumento jurídico sorprendió a la Fiscalía
En medio de la etapa final del juicio, la defensa también presentó un argumento jurídico que generó debate durante la audiencia.
Los abogados sostienen que la Fiscalía habría formulado su acusación utilizando una versión del artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, según su interpretación, no se encontraba vigente ni era jurídicamente aplicable durante el período en el que habrían ocurrido los hechos investigados.
Con este planteamiento, la defensa busca cuestionar uno de los pilares de la imputación fiscal, al considerar que la acusación se fundamenta en una norma distinta a la que correspondía aplicar conforme al principio de legalidad.
Álvarez enfrenta varios procesos judiciales simultáneamente
El avance del caso Triple A coincide con un momento especialmente complejo para la situación judicial de Aquiles Álvarez.
El pasado 3 de agosto, un Tribunal de Durán lo condenó a tres años de prisión dentro del denominado caso Grillete, al considerarlo responsable del incumplimiento de una medida judicial relacionada con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
Además, el alcalde guayaquileño continúa procesado en los casos Triple A y Goleada, por los cuales permanece bajo prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
El juicio se acerca a una etapa determinante
Con la práctica de los últimos tres testimonios pendientes, el caso Triple A se aproxima al cierre de la fase probatoria.
Posteriormente, el tribunal deberá escuchar los alegatos finales de la Fiscalía, la acusación particular y las defensas antes de adoptar las decisiones procesales correspondientes conforme al desarrollo del juicio.
El desenlace de esta causa será determinante no solo para definir la situación jurídica de los procesados, sino también por el impacto político e institucional que representa una investigación relacionada con el presunto uso irregular de combustibles subsidiados y uno de los principales alcaldes del país.