El alcalde de Guayaquil fue declarado culpable por no portar el dispositivo de vigilancia electrónica ordenado por la justicia; la defensa anunció su desacuerdo con el fallo mientras el proceso aún puede ser impugnado
El Tribunal de Durán sentenció este lunes 3 de agosto de 2026 al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a tres años de prisión tras declararlo culpable en el denominado caso Grillete, proceso penal relacionado con el presunto incumplimiento de una medida cautelar que le obligaba a portar un dispositivo de vigilancia electrónica.
Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial impone el pago de una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y la obligación de ofrecer disculpas públicas, según se dio a conocer durante la audiencia de lectura de sentencia.
La decisión representa un nuevo episodio en la situación judicial del alcalde porteño y abre una nueva etapa procesal, en la que la defensa aún podrá recurrir a los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
La Fiscalía sostuvo que existió incumplimiento de una orden judicial
Durante el juicio, la Fiscalía argumentó que Álvarez incumplió una disposición emitida por una autoridad competente al no portar el grillete electrónico en el momento en que debía hacerlo.
La acusación se centró en los hechos ocurridos durante un operativo relacionado con el denominado caso Goleada, en febrero de este año, cuando el alcalde fue detenido y, según la investigación fiscal, el dispositivo de vigilancia no se encontraba colocado en su tobillo.
Al fundamentar la sentencia, la presidenta del Tribunal señaló que tres testimonios coincidieron en afirmar que el equipo fue observado fuera de la extremidad del procesado y conectado a una fuente de energía cerca de la cama. La magistrada añadió que no existía autorización judicial que permitiera retirar el dispositivo electrónico.
Para la Fiscalía, estos elementos fueron suficientes para demostrar el incumplimiento de la medida cautelar impuesta dentro del proceso penal.
La defensa cuestionó las pruebas y negó intención de incumplir la medida
Los abogados de Aquiles Álvarez rechazaron la tesis de la Fiscalía y sostuvieron que el alcalde nunca tuvo la intención de desobedecer la orden judicial ni de evadir el control de las autoridades.
Durante el juicio, la defensa explicó que el funcionario utilizó dos dispositivos electrónicos, debido a que el primero presentó fallas técnicas relacionadas con la conectividad y debió ser reemplazado.
Asimismo, señaló que el día de la detención el sistema no registró una alerta por retiro del grillete, circunstancia que, a criterio de los abogados, debilita la hipótesis de un incumplimiento deliberado.
La defensa también destacó que Álvarez cumplió con todas sus presentaciones periódicas ante la autoridad competente y que las alertas emitidas por el dispositivo fueron atendidas oportunamente, por lo que insistió en que nunca existió riesgo de fuga ni intención de sustraerse del proceso judicial.
Tatiana Coronel llama a mantener la confianza en Guayaquil
Horas después de conocerse la sentencia, la alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, en el que hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la confianza en el futuro de la ciudad.
«A quienes hoy sienten tristeza o preocupación, les pido que no pierdan la esperanza. Guayaquil es mucho más grande que cualquier circunstancia. Es una ciudad construida por mujeres y hombres valientes que nunca han permitido que las dificultades definan su destino», expresó.
La funcionaria agregó que «Guayaquil ha vencido antes. Guayaquil volverá a salir adelante. Y mientras exista un solo ciudadano dispuesto a luchar por esta ciudad, siempre habrá razones para creer en un mañana mejor. Con la frente en alto».
No obstante, en su pronunciamiento no hizo referencia directa a Aquiles Álvarez ni mencionó expresamente la sentencia dictada por el Tribunal.
La sentencia aún deberá seguir el curso procesal correspondiente
Aunque el Tribunal emitió un fallo condenatorio, la decisión aún deberá seguir el procedimiento establecido por la legislación ecuatoriana, que contempla la posibilidad de presentar los recursos legales correspondientes antes de que la sentencia quede ejecutoriada.
Mientras tanto, el caso continúa generando amplio interés en el ámbito político y jurídico, debido a las implicaciones que podría tener para la administración municipal de Guayaquil y para el futuro político de Aquiles Álvarez.
La resolución judicial marca uno de los procesos de mayor impacto dentro del escenario político nacional, en un contexto en el que las actuaciones de las autoridades electas y el cumplimiento de las medidas judiciales continúan siendo objeto de intenso debate público y seguimiento institucional.