La exvocal del Consejo de la Judicatura comparecerá este lunes 14 de septiembre ante una jueza de Pichincha. La Fiscalía sostiene que durante la investigación previa surgieron elementos para iniciar un proceso penal en su contra.
La exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, enfrentará este lunes 14 de septiembre de 2026 una audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias.
La diligencia está prevista para las 14:00 y estará a cargo de una jueza de Pichincha. El pedido fue presentado el pasado 24 de agosto por la Fiscalía, que busca iniciar formalmente una instrucción penal contra la exfuncionaria.
La investigación previa comprendió inicialmente a Goyes y Margarita Carranco. Sin embargo, según la Fiscalía, durante las indagaciones aparecieron elementos que permitirían presumir una posible participación, como autora o cómplice, únicamente de la exvocal de la Judicatura.
Durante la audiencia, el Ministerio Público deberá precisar los hechos que atribuye a Goyes y presentar los elementos que sustentan la formulación de cargos.
El inicio de un proceso penal no determina responsabilidad. La exfuncionaria mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
Su paso por el Consejo de la Judicatura
Goyes fue directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ desde 2019 hasta febrero de 2024, cuando dejó esa función para asumir como vocal titular. Reemplazó a Xavier Muñoz, quien renunció tras ser procesado por obstrucción de la justicia dentro del caso Independencia Judicial. Goyes permaneció como vocal hasta septiembre de 2025.
Su gestión estuvo marcada por cuestionamientos relacionados con sus ausencias en determinadas sesiones del pleno de la Judicatura. El 12 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional llevó adelante un juicio político en su contra. La moción de censura y destitución obtuvo 75 votos afirmativos, insuficientes frente a los 101 requeridos.
Entre los cuestionamientos se encontraba su ausencia de una sesión en la que debía tratarse el Reglamento para la Creación de Judicaturas y Jueces Especializados en Materia Constitucional. También se señaló que no acudió a cuatro convocatorias posteriores para reinstalar la sesión.
Los 23 expedientes disciplinarios prescritos
Otro antecedente se produjo en julio de 2026, cuando el actual pleno del Consejo de la Judicatura resolvió remitir a la Asamblea Nacional, Contraloría y Fiscalía copias certificadas de 23 expedientes disciplinarios que habían prescrito.
Según información institucional, los procesos no pudieron ser resueltos por falta de quórum, situación relacionada con las ausencias de Goyes. Entre esos expedientes constaban actuaciones relacionadas con funcionarios mencionados en investigaciones de los casos Metástasis y Purga.
La prescripción impidió que la Judicatura analizara el fondo de los procesos y determinara si correspondía establecer responsabilidades administrativas.
Analistas jurídicos advierten que este tipo de situaciones tiene implicaciones institucionales, pues el régimen disciplinario busca determinar responsabilidades y aplicar sanciones cuando se comprueban irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.
Fiscalía deberá revelar su tesis
Los antecedentes administrativos y políticos de Goyes no implican por sí mismos responsabilidad dentro de la investigación por tráfico de influencias.
La audiencia de este lunes permitirá conocer cuál es la conducta específica que la Fiscalía atribuye a la exvocal y qué elementos reunió durante la investigación previa para sustentar el inicio del proceso.
La jueza deberá escuchar a las partes y resolver las solicitudes que se presenten durante la diligencia, incluidas eventuales medidas cautelares.
La formulación de cargos abre así un nuevo capítulo alrededor de la gestión de una exintegrante del organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. El desarrollo de la causa determinará si los elementos reunidos por la Fiscalía permiten avanzar hacia las siguientes etapas del proceso penal.