La sentencia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros procesados incluye la clausura definitiva y disolución de seis compañías. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2024 se desviaron más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina subsidiados.
El caso Triple A deja una de sus principales consecuencias sobre las empresas procesadas por comercialización ilegal de hidrocarburos. Un Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado dispuso la clausura definitiva y disolución de seis compañías, además de establecer una reparación integral superior a USD 61,5 millones.
La resolución, adoptada por mayoría, declaró responsables penalmente a nueve personas naturales y seis personas jurídicas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Entre los sentenciados como autores directos se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien recibió una pena de seis años y ocho meses de privación de libertad.
La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos dentro del proceso judicial.
Seis empresas deberán ser clausuradas y disueltas
El Tribunal declaró responsables a Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Fuelcorp S. A., Indudiésel S. A. y Harsajudi S. A.
Como consecuencia de la sentencia, los magistrados ordenaron su clausura definitiva y disolución.
Las compañías recibieron además una multa equivalente a 1.000 salarios básicos unificados cada una, mientras que para las personas naturales declaradas culpables se establecieron las sanciones económicas correspondientes determinadas por el Tribunal.
La Fiscalía informó que cinco de los procesados fueron declarados culpables en calidad de autores directos y cuatro como cómplices.
USD 61,5 millones de reparación al Estado
Uno de los componentes de mayor impacto económico de la resolución es la reparación integral.
El Tribunal dispuso que los sentenciados respondan solidariamente por USD 61.502.658,39, recursos que deberán destinarse a Petroecuador y a la autoridad estatal de control de hidrocarburos.
La cifra coincide con el perjuicio económico determinado dentro de la acusación presentada por la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, las operaciones irregulares habrían ocurrido entre 2020 y 2024 y estuvieron relacionadas con más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
¿Cómo funcionaba el esquema investigado?
La acusación de la Fiscalía sostuvo que el mecanismo consistía en adquirir combustible subsidiado destinado a segmentos específicos y posteriormente comercializarlo en mercados distintos a aquellos para los que había sido autorizado.
Parte del combustible destinado al segmento automotor habría terminado en los segmentos industrial y naviero internacional, donde los derivados se comercializaban bajo condiciones y precios diferentes.
El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que las diferencias entre los volúmenes adquiridos, almacenados y posteriormente comercializados permitieron identificar las irregularidades.
Entre las pruebas analizadas constaron informes periciales sobre la capacidad de almacenamiento de estaciones de servicio y los volúmenes de combustible adquiridos por las empresas procesadas.
Tribunal analizó operaciones consideradas incompatibles con el consumo real
Entre los elementos valorados dentro del proceso aparecen registros de comercialización que, según la resolución judicial, no guardaban correspondencia con las características de determinados vehículos.
Uno de los casos examinados estuvo relacionado con una placa perteneciente a un automóvil Chevrolet Cruze, a la que una estación operada por Fuelcorp habría facturado 145.115 galones de diésel, pese a tratarse de un vehículo liviano con motor a gasolina.
El Tribunal consideró este y otros elementos dentro del conjunto de pruebas presentadas durante el juicio para establecer las responsabilidades.
Seis procesados fueron declarados inocentes
La resolución no fue condenatoria para todos los acusados.
El Tribunal ratificó el estado de inocencia de seis personas procesadas, contra quienes quedaron sin efecto las medidas dispuestas dentro de esta causa.
La Fiscalía, sin embargo, presentó una apelación respecto de las decisiones absolutorias, por lo que esa parte del proceso continuará siendo discutida ante la instancia correspondiente.
La defensa de Aquiles Alvarez también ha cuestionado aspectos de la decisión judicial, entre ellos el cálculo del perjuicio económico y la responsabilidad atribuida al alcalde.
Caso Triple A continuará en instancias judiciales
La sentencia marca una etapa determinante en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política y económica de los últimos meses en Ecuador, pero no representa todavía una decisión ejecutoriada.
Además de las penas privativas de libertad, el fallo tiene consecuencias patrimoniales y empresariales significativas: seis compañías fueron condenadas a desaparecer jurídicamente y los sentenciados deberán responder por una reparación que supera los USD 61,5 millones.
El proceso entra ahora en una nueva fase con los recursos planteados por las partes.
Mientras las instancias superiores revisan las impugnaciones, el caso Triple A mantiene en el centro del debate el manejo de los combustibles subsidiados en Ecuador, los mecanismos de control sobre su comercialización y el impacto económico que puede generar su desvío hacia mercados para los cuales no fueron originalmente destinados.