La Comisión de Fiscalización cerró una nueva jornada del juicio político con un solo compareciente, mientras la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación e incluir a dos exautoridades del sector energético.
El caso Progen continúa escalando en los ámbitos político y judicial. Mientras la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza en el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) acudió a la Fiscalía General del Estado para exigir que tanto la exfuncionaria como el actual ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, sean incorporados en la formulación de cargos por las presuntas irregularidades en la contratación de generadores eléctricos.
Los dos frentes abiertos incrementan la presión sobre quienes dirigieron el sector energético durante la emergencia eléctrica, en un proceso que investiga un presunto perjuicio millonario para el Estado.
Solo un testigo compareció en el juicio político
La Comisión de Fiscalización desarrolló una nueva jornada dentro del proceso de juicio político contra Inés Manzano, aunque de los cuatro comparecientes convocados únicamente asistió el periodista de investigación Álvaro Martín Espinoza.
No acudieron el exministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque; el exministro Antonio Gonçalves; ni el exgerente de CELEC y exviceministro de Electricidad, Fabián Calero.
Durante su intervención, Espinoza explicó el proceso de investigación periodística que realizó sobre los contratos suscritos con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), abordando desde la declaratoria de emergencia eléctrica hasta las fases precontractuales, contractuales y los desembolsos efectuados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
Según expuso, los hallazgos apuntarían a presuntas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio económico para el Estado ecuatoriano.
La defensa cuestionó la validez del testimonio
Tras la exposición del periodista, la defensa técnica de Inés Manzano solicitó a la Comisión que desestime su declaración.
El abogado Rafael Oyarte sostuvo que el compareciente no posee la calidad de perito ni la especialización técnica necesaria en materia de contratación pública para que su testimonio tenga valor probatorio dentro del proceso político.
Concluida la fase testimonial, la Comisión de Fiscalización deberá elaborar, en un plazo de cinco días, el informe que determinará si recomienda o no que el juicio político continúe en el Pleno de la Asamblea Nacional. En caso de no existir consenso entre los legisladores, se emitirá un informe de posturas que igualmente será conocido por el Legislativo para decidir una eventual censura.
La Comisión Anticorrupción pide ampliar el proceso penal
Mientras el proceso político avanza en la Asamblea, la Comisión Nacional Anticorrupción intensificó la presión sobre la Fiscalía General del Estado.
La organización presentó un escrito solicitando que el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, incorpore a Roberto Luque e Inés Manzano dentro de la formulación de cargos del caso Progen, al considerar que ambos desempeñaron funciones clave durante las distintas etapas de la contratación de los generadores eléctricos adquiridos en el marco de la emergencia energética.
El coordinador de la CNA, Germán Rodas, calificó el caso como «un gran asalto al país» y sostuvo que la investigación no puede limitarse únicamente a quienes vendieron los equipos.
«También deben responder quienes aprobaron la compra y autorizaron los pagos», enfatizó.
Cuestionamientos al silencio de Roberto Luque
Uno de los principales cuestionamientos formulados por la Comisión Nacional Anticorrupción se centró en la actuación del ministro Roberto Luque durante su comparecencia ante la Fiscalía.
Rodas criticó que el funcionario se acogiera al derecho al silencio durante su versión dentro del proceso penal, calificando esa decisión como un «absurdo jurídico», al considerar que un servidor público tiene la obligación de transparentar las actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones.
La CNA sostiene que Luque habría dispuesto que los contratos relacionados con la emergencia eléctrica fueran revisados por la coordinación jurídica del Ministerio y que incluso participó en visitas a los proveedores involucrados en el proceso.
Respecto de Inés Manzano, la organización asegura que autorizó varios pagos a favor de Progen pese a que, según afirman, ya existían incumplimientos contractuales.
La instrucción fiscal entra en una etapa decisiva
Actualmente, el caso Progen mantiene 21 personas procesadas, entre funcionarios técnicos de CELEC, el exministro Antonio Gonçalves y representantes de la empresa estadounidense Progen.
La Fiscalía aún tiene plazo para vincular a nuevos investigados hasta el 20 de agosto, fecha en la que concluirá la etapa de instrucción fiscal.
Con el avance simultáneo del juicio político en la Asamblea y las nuevas solicitudes de vinculación presentadas ante la Fiscalía, el caso Progen se consolida como uno de los procesos de mayor impacto político y judicial del país, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la contratación de equipos adquiridos durante la crisis energética que afrontó Ecuador.