El Tribunal continúa con la evacuación de pruebas de descargo en uno de los procesos judiciales más relevantes del país. La Fiscalía sostiene que existió una red para desviar combustible subsidiado que habría ocasionado un perjuicio superior a USD 61 millones al Estado.
El juicio del denominado caso Triple A se encuentra en su etapa más determinante. A pocos días de que las partes expongan sus alegatos finales, las defensas de los 22 procesados continúan presentando pruebas documentales y testimoniales con el propósito de desvirtuar la acusación formulada por la Fiscalía General del Estado, que investiga un presunto esquema de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo.
La audiencia fue reinstalada la mañana de este sábado 25 de julio en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde el Tribunal de Garantías Penales prosiguió con la evacuación de las pruebas de descargo presentadas por las 16 personas naturales y seis personas jurídicas vinculadas al proceso, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, varios de sus familiares y empresas relacionadas con su entorno empresarial.
El Tribunal resuelve pedidos de las partes antes de la recta final
Antes de continuar con la práctica de la prueba, el Tribunal conoció varios requerimientos planteados por las partes procesales.
Uno de ellos fue la solicitud presentada por Aquiles Alvarez y su defensa para permitir el ingreso de los medios de comunicación a la sala de audiencias, luego de que inicialmente se les negara el acceso. El pedido fue acogido por el Tribunal, que autorizó la presencia de la prensa durante el desarrollo de la diligencia.
En contraste, los jueces rechazaron la petición del alcalde para que su futuro testimonio sea transmitido en vivo, decisión que mantiene la comparecencia bajo las reglas ordinarias del proceso penal.
Por otro lado, la fiscal de la causa, Ruth Amoroso, solicitó que la audiencia sea suspendida durante algunas horas o incluso un día antes de iniciar los alegatos finales, con el objetivo de organizar y sintetizar la extensa prueba incorporada durante varios meses de juzgamiento. El juez ponente, Jorge Sánchez Pico, indicó que esa solicitud será resuelta oportunamente conforme avance la audiencia.
Defensa intenta incorporar nueva prueba y el Tribunal la rechaza
Uno de los momentos más relevantes de la jornada se produjo cuando la defensa de la empresa Fuelcorp S.A., vinculada al grupo empresarial del alcalde de Guayaquil, solicitó la incorporación de una prueba nueva dentro del proceso.
La petición fue objetada por la Fiscalía, que sostuvo que el documento no guardaba relación con la teoría del caso y que la acusación no se sustenta en determinaciones tributarias, sino en un amplio conjunto de testimonios, peritajes financieros e informes informáticos que, según el Ministerio Público, evidenciarían la existencia de una estructura destinada al presunto desvío ilegal de combustibles subsidiados.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador respaldaron la oposición de la Fiscalía, argumentando que la documentación presentada carecía de pertinencia jurídica y había sido elaborada con posterioridad al inicio del proceso, por lo que no constituía un hecho nuevo.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el Tribunal resolvió negar la incorporación de la prueba por considerar que no existía justificación suficiente para admitirla en esta etapa del juicio.
Continúan los testimonios mientras aún faltan comparecencias clave
Durante la audiencia, la defensa de uno de los procesados presentó el testimonio de un oficial de la Policía Nacional, quien expuso un informe relacionado con empresas del sector hidrocarburífero de la provincia de El Oro. Además, fueron incorporados diversos documentos, entre ellos contratos, certificados y declaraciones tributarias.
No obstante, todavía permanecen pendientes varios testimonios considerados relevantes para el desarrollo del proceso.
Entre ellos figura la comparecencia de Nicole Bermúdez Peña, excoordinadora zonal de la ARCH y denunciante del caso Triple A, cuya presencia fue solicitada por varias defensas. Sin embargo, desde el Cuartel Modelo de Guayaquil se informó que la exfuncionaria no acudió al lugar previsto para rendir su declaración.
También está pendiente el testimonio del alcalde Aquiles Alvarez, quien, según la planificación del Tribunal, será uno de los últimos procesados en declarar antes de que se cierre oficialmente la fase probatoria.
Fiscalía sostiene que existió una red para desviar combustible subsidiado
De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía General del Estado, varias empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil habrían conformado una estructura destinada a desviar combustible subsidiado entre distintos segmentos del mercado nacional e internacional.
El Ministerio Público sostiene que esta presunta operación habría provocado un perjuicio económico para el Estado estimado en USD 61,5 millones, correspondiente al presunto desvío de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina.
Las defensas, por su parte, rechazan las acusaciones y continúan presentando pruebas con las que buscan demostrar la legalidad de las operaciones comerciales investigadas y desacreditar la hipótesis planteada por la Fiscalía.
La decisión judicial entra en su fase más esperada
El Tribunal ha convocado una nueva jornada para este domingo 26 de julio con la expectativa de concluir la práctica de las pruebas y dar paso a los alegatos finales de la Fiscalía y de las defensas.
No obstante, debido al volumen de documentación y testimonios aún pendientes, no se descarta que la diligencia se extienda más allá del cronograma inicialmente previsto.
Con ello, el caso Triple A se aproxima a una de sus etapas más trascendentales, en la que las partes resumirán sus argumentos jurídicos antes de que el Tribunal inicie la deliberación que definirá la responsabilidad o inocencia de los 22 procesados en uno de los procesos penales de mayor impacto político, económico y judicial del país.