José Julio Neira presentó una serie de transferencias que, según el Gobierno, vincularían a empresas y personas relacionadas con contrataciones del sector eléctrico. Entre los nombres mencionados figura Karla Saud, investigada también por los contratos de Progen para las centrales Quevedo y Salitral.
Una nueva denuncia sobre el manejo de recursos públicos en el sector eléctrico fue presentada este lunes 28 de septiembre por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira. El funcionario denominó caso Nudos a una presunta estructura que habría utilizado contratos adjudicados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para canalizar fondos hacia empresas y personas que aparecen vinculadas a otras investigaciones.
A través de un video difundido en redes sociales, Neira expuso movimientos financieros y relaciones empresariales que, según sostuvo, permitirían identificar una ruta común entre diferentes contrataciones. El funcionario afirmó que algunos actores que aparentemente operaban de manera independiente habrían funcionado como “vehículos para el desvío de fondos públicos”.
La denuncia gubernamental deberá ser investigada y contrastada por las autoridades competentes. Las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine responsabilidades.
Un contrato por USD 15,4 millones bajo la lupa
Uno de los ejes del caso es el contrato adjudicado el 11 de octubre de 2023 al Consorcio Autotrafo EC 2023, por aproximadamente USD 15,4 millones, para suministrar transformadores destinados a las subestaciones de Milagro, Manta, Totoras y Quevedo, pertenecientes a Transelectric.
Según la exposición de Neira, el proceso habría sido impulsado por los entonces funcionarios José Luis Carrión y Paúl Urgilés. También afirmó que el consorcio habría trabajado con Karla Saud Calero, actualmente investigada dentro del denominado caso Progen.
El contrato de Autotrafo atravesó posteriormente dificultades en su ejecución. De acuerdo con la información presentada, acumuló retrasos y multas hasta que Celec resolvió terminarlo unilateralmente y declarar al consorcio como contratista incumplido.
Neira indicó además que durante su ejecución se concedieron tres prórrogas y se realizó una corrección destinada a incorporar equipos de transformación.
Una transferencia de USD 2,6 millones genera cuestionamientos
El punto central de la denuncia está en el destino de parte de los recursos.
Neira aseguró que el consorcio presentó un certificado correspondiente a una transferencia realizada el 10 de mayo de 2024 por USD 2,6 millones a Sieyuan Electric S.A. LLC, empresa que habría sido identificada como proveedora de los equipos. El dinero fue dirigido a una cuenta en Bank of America.
Sin embargo, según el funcionario, el 14 de mayo de 2026 el fabricante Sieyuan Electric Compañía Limitada informó a Celec que no mantenía relación con la compañía que recibió la transferencia.
Neira sostuvo además que la cuenta bancaria utilizada no pertenecía al fabricante y que la carta mediante la cual supuestamente se instruyó el envío del dinero habría sido falsificada.
“Si el anticipo se justificó con una transferencia a un tercero no autorizado ni relacionado con el fabricante real, estaríamos hablando de un presunto fraude instrumentalizado mediante documentos y cuentas bancarias”, afirmó.
Karla Saud y las conexiones que apuntan al caso Progen
El rastreo financiero presentado por Neira también ubica en el denominado caso Nudos a Karla Saud, Walther Manrique y las empresas Inycofy y Hingelect.
Según las cifras expuestas por el secretario, dentro de los movimientos relacionados con Autotrafo constarían USD 84.000 transferidos a Inycofy, USD 79.532 a Hingelect y USD 710.949 vinculados a Saud y Manrique, además de los USD 2,6 millones enviados a Sieyuan Electric S.A. LLC.
La relevancia de estas operaciones, según la tesis planteada por el Gobierno, está en que algunos nombres y compañías aparecen también alrededor de Progen, empresa estadounidense contratada por Celec para suministrar generación eléctrica destinada a los proyectos Quevedo y Salitral.
Neira señaló que Progen habría transferido USD 3,75 millones a Inycofyi, USD 3,1 millones a Gestores Inmobiliarios LightBlue y USD 15,2 millones a Astrobryxa. Según indicó, estos movimientos constan en documentación incorporada a la demanda civil planteada por Celec contra Progen en Estados Unidos.
El funcionario sostiene que la repetición de actores en diferentes operaciones podría revelar un patrón. “Sugiere una reutilización de estructuras societarias y canalización recurrente de fondos públicos hacia los mismos actores”, afirmó.
El antecedente de Progen
Las conexiones señaladas adquieren relevancia por los cuestionamientos que ya rodean los contratos de Progen.
La compañía recibió recursos de Celec para suministrar generadores destinados a Quevedo y Salitral. El incumplimiento atribuido a esos contratos habría provocado, según las estimaciones oficiales citadas en la denuncia, una afectación superior a USD 100 millones.
Karla Saud figura dentro de las investigaciones relacionadas con este caso. La nueva exposición de Neira busca determinar si las transferencias identificadas alrededor de Autotrafo corresponden a operaciones independientes o si existió una estructura común entre distintos contratos.
Gobierno anuncia acciones legales por el caso Nudos
El Ejecutivo anticipó que trasladará la información presentada a las instancias correspondientes para establecer si existen responsabilidades penales, civiles o administrativas.
“Desde la Secretaría General de la Administración Pública tienen mi compromiso de emprender las acciones legales correspondientes para que ninguno de los responsables del caso Nudos quede en impunidad”, aseguró Neira.
El caso Nudos abre así un nuevo frente sobre las contrataciones realizadas en el sector eléctrico. La investigación deberá determinar ahora el origen y destino de las transferencias, verificar la autenticidad de los documentos cuestionados y establecer si las coincidencias entre empresas y personas señaladas por el Gobierno configuran efectivamente una estructura coordinada para el desvío de recursos públicos.