La investigación por una presunta estructura de corrupción que habría operado en la Agencia Nacional de Tránsito avanza hacia la etapa preparatoria de juicio. Entre los 16 procesados consta el exdirector ejecutivo de la ANT, Pedro Abril, cuya defensa busca la nulidad del proceso y cuestiona la teoría planteada por la Fiscalía.
El denominado caso Jaque, que investiga una presunta estructura dedicada a actos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y sus dependencias, entró en una fase determinante del proceso penal: la etapa preparatoria de juicio.
La audiencia se instaló este jueves, aproximadamente seis meses y medio después de la formulación de cargos, y tiene entre sus principales puntos el análisis de los cuestionamientos planteados por las defensas y el posterior pronunciamiento de la Fiscalía respecto de los 16 procesados.
Entre ellos se encuentra Pedro Abril, exdirector ejecutivo de la ANT, a quien la Fiscalía ubica como una de las figuras principales dentro de la presunta organización investigada.
La causa gira alrededor de supuestas irregularidades relacionadas con la obtención de licencias de conducir, matriculación vehicular y permisos de operación, trámites que, según la hipótesis investigativa, habrían sido gestionados mediante el presunto pago de coimas entre 2025 y 2026.
Defensa de Pedro Abril cuestiona la teoría de la Fiscalía
Uno de los principales puntos de controversia corresponde al papel que la Fiscalía atribuye al exdirector de la ANT.
Según explicó David Meza, abogado defensor de Pedro Abril, la teoría fiscal sostiene que su representado habría liderado un grupo de delincuencia organizada dedicado, entre otras actividades, a gestionar irregularmente licencias de conducción.
La defensa rechaza esa hipótesis y cuestiona la cronología sobre la que se habría construido la acusación.
“La teoría fáctica de Fiscalía es que Pedro Abril lideraba un grupo de delincuencia organizada en el cual se gestionaban licencias de conducción”, manifestó Meza, quien sostuvo que esa tesis sería incorrecta debido a que la denuncia que dio origen a la investigación corresponde a junio de 2025, mientras Abril habría asumido como director ejecutivo de la ANT el 15 de julio de ese mismo año.
Este argumento forma parte de la estrategia con la que la defensa busca controvertir la vinculación del exfuncionario con los hechos investigados.
Procesados plantean nulidades antes del dictamen fiscal
Antes de que la Fiscalía exponga formalmente su posición, las defensas de varios procesados han planteado la existencia de supuestos vicios procesales que, a su criterio, podrían afectar la validez de la causa.
En el caso de Pedro Abril, su abogado presentó como parte de sus argumentos un memorando proveniente de la coordinación jurídica de la Fiscalía, en el que se habría recomendado separar al fiscal Richard Alvarado del conocimiento de la investigación y reasignarla al fiscal Bolívar Burbano.
La defensa había cuestionado previamente la actuación de Alvarado alegando una supuesta falta de imparcialidad.
Los abogados de otros procesados también expusieron argumentos orientados a obtener la nulidad de determinadas actuaciones.
Corresponderá al juez analizar si los cuestionamientos planteados tienen sustento jurídico y si las supuestas irregularidades señaladas tienen capacidad para afectar la validez del procedimiento.
Fiscalía defenderá investigación sobre presuntas coimas en la ANT
Este viernes está previsto que la Fiscalía General del Estado intervenga para responder a los cuestionamientos formulados por las defensas y sustentar la legalidad de la investigación desarrollada durante los últimos meses.
Su exposición será determinante para conocer con mayor profundidad los elementos recopilados sobre el supuesto funcionamiento de la estructura investigada.
La hipótesis fiscal apunta a que dentro de la ANT y determinadas dependencias habría operado un esquema para facilitar irregularmente trámites institucionales a cambio de pagos.
Entre las actividades investigadas constan presuntos cobros para la emisión irregular de licencias de conducir, matrículas vehiculares y permisos de operación.
La audiencia permitirá conocer qué elementos pretende utilizar la Fiscalía para sustentar su eventual dictamen acusatorio y contra cuáles de los procesados considera que existen méritos suficientes para avanzar hacia un juicio.
Investigación también puso bajo la lupa una posible conexión con Los Choneros
Cuando el caso comenzó a tomar relevancia pública, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que dentro de la presunta red investigada existiría participación de personas relacionadas con Los Choneros.
Sin embargo, cualquier eventual relación con estructuras delictivas deberá ser sustentada dentro del expediente mediante los elementos de convicción recopilados por la Fiscalía y posteriormente sometida a contradicción de las defensas.
La investigación del caso Jaque busca determinar precisamente si las irregularidades detectadas respondieron a actuaciones individuales o si existió una estructura organizada con distribución de funciones para intervenir en trámites de competencia de la ANT.
Caso Jaque se aproxima a una definición judicial
La instalación de la etapa preparatoria de juicio marca un punto decisivo después de más de seis meses de investigación penal.
En esta fase, el juez deberá resolver primero los cuestionamientos relacionados con competencia, procedibilidad, prejudicialidad y validez procesal, antes de avanzar al análisis del dictamen que presente la Fiscalía y de los elementos que sustenten una eventual acusación.
Si el proceso supera los pedidos de nulidad y la Fiscalía presenta un dictamen acusatorio, corresponderá determinar si existen suficientes elementos para llamar a juicio a todos o a parte de los 16 procesados.
Por el contrario, las defensas buscarán demostrar que existen irregularidades procesales o insuficiencia de elementos que impidan que sus representados sean llevados a la siguiente fase.
El caso Jaque entra así en uno de sus momentos judiciales más importantes, con la Fiscalía obligada a sustentar una investigación que apunta a una presunta estructura de corrupción dentro de una institución estratégica para el control del tránsito y transporte terrestre del país.
La resolución que adopte la justicia después de escuchar a todas las partes determinará quiénes deberán enfrentar juicio y permitirá conocer con mayor precisión el alcance de las presuntas irregularidades investigadas dentro de la Agencia Nacional de Tránsito.