La Policía Nacional ejecutó 23 allanamientos en una investigación coordinada con autoridades europeas. Entre los detenidos figuran dos policías en servicio activo y un hombre señalado como presunto financista de alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos. Las autoridades relacionan el caso con incautaciones de droga valoradas en USD 1.765 millones.
Un operativo contra el crimen organizado transnacional dejó 21 personas detenidas y 23 allanamientos este jueves 8 de octubre de 2026 en Ecuador. La intervención, denominada Gran Fénix-Cantabria, fue ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del Estado y organismos de seguridad europeos, como parte de una investigación sobre una presunta estructura dedicada al envío de cocaína hacia distintos países de Europa.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que en el procedimiento participaron aproximadamente 130 agentes policiales y que entre los aprehendidos se encuentran dos servidores de la Policía Nacional en servicio activo.
Las intervenciones se concentraron en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde los investigadores identificaron inmuebles y actividades comerciales presuntamente relacionados con la organización.
Según las autoridades, la estructura habría utilizado empresas exportadoras para introducir cargamentos de droga en rutas comerciales internacionales, principalmente hacia España, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
Empresas exportadoras bajo investigación por presunto envío de cocaína
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la posible utilización de al menos 15 compañías vinculadas a la exportación de banano, cacao, mariscos y madera como parte de las operaciones de la presunta organización criminal.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, estas actividades comerciales habrían servido para ocultar sustancias sujetas a fiscalización entre mercancías destinadas al mercado europeo.
Los investigadores sostienen que la estructura operaba desde 2019 y mantenía conexiones en Guayas, Los Ríos y Pichincha, además de presuntos contactos internacionales.
La investigación también examina posibles vínculos con organizaciones criminales extranjeras y el uso de aplicaciones de mensajería encriptada para coordinar operaciones.
Las autoridades buscan determinar el grado de participación de cada persona y establecer si las compañías identificadas fueron utilizadas para facilitar el transporte, financiamiento o encubrimiento de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Un decomiso en España permitió ampliar las investigaciones
Las pesquisas cobraron relevancia tras una incautación efectuada en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras, España, donde las autoridades localizaron aproximadamente 13.000 paquetes de cocaína dentro de un contenedor procedente de una terminal portuaria de Guayaquil.
A partir de ese procedimiento, los organismos investigadores establecieron posibles conexiones con otros 14 decomisos registrados en Ecuador y varios países europeos.
Según las cifras presentadas por Reimberg, estas incautaciones representan aproximadamente 42,5 toneladas de cocaína, cuyo valor fue estimado por las autoridades en USD 1.680 millones.
A ese monto se suman otros decomisos mencionados durante la operación, valorados en USD 85 millones, con lo que el Gobierno sitúa en USD 1.765 millones el valor total de la droga vinculada a la investigación.
Estas cantidades corresponden a la valoración oficial de los cargamentos relacionados con el caso y no deben interpretarse como el volumen de droga decomisado exclusivamente durante los allanamientos del 8 de octubre.
Detienen a presunto financista de alias ‘Pipo’
Entre los aprehendidos figura Jackson Felipe Zambrano, detenido en una vivienda de Samborondón, provincia del Guayas.
El ministro Reimberg lo identificó como uno de los presuntos principales financistas de Wilmer Geovanny Chavarría, conocido como alias Pipo, señalado por las autoridades como cabecilla de la organización criminal Los Lobos.
De acuerdo con la investigación policial, Zambrano habría desempeñado funciones relacionadas con el financiamiento y la coordinación de actividades de la presunta red desde 2022.
Otro de los investigados es Luis Antonio O. C., a quien las autoridades atribuyen un supuesto papel en la coordinación logística de exportaciones de madera que habrían sido utilizadas para ocultar sustancias ilícitas.
La participación y las responsabilidades individuales de los detenidos deberán establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Daniel Noboa se pronuncia tras los allanamientos
El presidente de la República, Daniel Noboa, destacó los resultados del operativo y la cooperación internacional desarrollada para investigar la presunta estructura criminal.
«Todos van a caer: los que disparan, los que financian y los que se esconden detrás de empresas», manifestó el mandatario mediante sus redes sociales.
Noboa también señaló que la operación permitió actuar contra una red vinculada al financiamiento de actividades delictivas y al tráfico internacional de drogas.
El jefe de Estado resaltó la participación de la Policía Nacional y la coordinación con Europol y las autoridades de España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.
Dos policías activos entre los detenidos
La operación también incluyó la aprehensión de dos integrantes de la Policía Nacional en servicio activo, cuya presunta participación en la estructura se encuentra bajo investigación.
La inclusión de servidores policiales en el caso abre una línea de investigación sobre posibles vínculos entre funcionarios de seguridad y organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Tras las detenciones, los investigados fueron trasladados a dependencias policiales en Guayaquil para continuar con las diligencias correspondientes y quedar a disposición de las autoridades competentes.
El caso Gran Fénix-Cantabria constituye una investigación de alcance internacional que busca esclarecer el presunto aprovechamiento de actividades comerciales legales para movilizar cargamentos de cocaína hacia Europa.
La Fiscalía deberá determinar las responsabilidades individuales de los involucrados, mientras avanzan los procedimientos judiciales bajo el principio constitucional de presunción de inocencia.