El juzgamiento de Leonardo Cortázar y Karen Cornejo quedó temporalmente sin fecha mientras se definen las nuevas competencias judiciales. En paralelo, Danilo Carrera y Antonio Icaza conocerán el 23 de septiembre la resolución sobre sus apelaciones.
El proceso judicial del caso Encuentro enfrenta una nueva pausa luego de que el Tribunal de Juzgamiento dejara sin efecto la convocatoria a la audiencia contra los empresarios Leonardo Cortázar y Karen Cornejo, inicialmente prevista entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026.
La decisión se produce en medio de la reorganización de las dependencias judiciales especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado, luego de que el Consejo de la Judicatura (CJ) resolviera suprimir las denominadas Unidades Anticorrupción y redistribuir sus competencias.
El Tribunal, integrado por los jueces Víctor Barahona, Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, determinó que el proceso no puede continuar hasta que el órgano competente establezca las directrices correspondientes para su nueva sustanciación.
Audiencia queda sin fecha
En una providencia emitida el 11 de septiembre, el juez ponente Víctor Barahona señaló que la situación procesal de Cortázar y Cornejo no se encuentra entre los casos contemplados en la disposición transitoria segunda de la Resolución 187-2026 para continuar inmediatamente bajo conocimiento de los mismos magistrados.
La norma establece que los jueces de las dependencias suprimidas conservarán únicamente aquellas causas que tengan una audiencia instalada o suspendida, así como los procesos que estén pendientes del anuncio de una decisión, resolución o sentencia.
Como el juicio contra Cortázar y Cornejo todavía no había sido instalado, el Tribunal resolvió dejar sin efecto las diligencias programadas para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre, a partir de las 09:30.
La decisión también implica que los escritos presentados por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado deberán esperar hasta que se determine qué órgano jurisdiccional continuará con el expediente.
Supresión de las Unidades Anticorrupción modifica el escenario
El cambio se origina en la decisión adoptada el 7 de septiembre por el pleno del Consejo de la Judicatura, que dispuso eliminar las dependencias especializadas encargadas de conocer delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
La reorganización modifica además las competencias por materia y territorio de varias dependencias penales ubicadas en las parroquias Iñaquito y La Mariscal, así como de órganos pertenecientes a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ha defendido la resolución y sostiene que la disposición transitoria determina cuáles expedientes deben permanecer bajo conocimiento de los anteriores jueces especializados y cuáles tendrán que ser remitidos a la nueva estructura judicial.
Según la explicación ofrecida por Caicedo, aquellos procesos en los que ya se instaló una audiencia podrán continuar con los mismos magistrados hasta su conclusión. Los restantes deberán pasar a las nuevas dependencias fortalecidas con alrededor de 50 juzgadores.
En el caso de Cortázar y Cornejo, precisamente, la audiencia aún no había comenzado, razón por la cual el Tribunal considera necesario esperar las instrucciones correspondientes antes de continuar.
Cortázar y Cornejo esperan llegar a juicio
Los dos empresarios forman parte del grupo procesado por presunta delincuencia organizada dentro del caso Encuentro.
La etapa de juzgamiento contra ambos pudo reactivarse después de cambios en sus respectivas situaciones procesales. Leonardo Cortázar, abogado guayaquileño, fue extraditado desde Panamá y arribó a Ecuador el pasado 10 de febrero. Karen Cornejo, por su parte, pasó a cumplir una medida de presentación periódica después de su periodo de gestación.
Antes de estos acontecimientos, ambos habían sido considerados prófugos dentro de la investigación.
Ahora, pese a que existían fechas establecidas para iniciar el juicio, la reorganización de las unidades judiciales vuelve a dejar pendiente la instalación de la audiencia.
Una investigación por contratos y cargos en empresas públicas
El caso Encuentro investigó inicialmente a siete personas por una presunta estructura que, según la Fiscalía, habría buscado influir en instituciones y empresas estatales para obtener beneficios económicos.
La tesis fiscal sostiene que existieron acuerdos destinados a direccionar contratos y facilitar el ingreso irregular de personas a cargos dentro de entidades como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador.
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta estructura habría sido encabezada por el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y por Rubén Chérres, quien fue asesinado en 2023 en la provincia de Santa Elena.
La investigación también determinó una supuesta participación de funcionarios públicos y actores privados en las operaciones investigadas.
En 2024 fueron llamados a juicio Danilo Carrera; Antonio Clemente Icaza Morla, exgerente general de CNEL; Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Leonardo Cortázar; Gabriel Massuh; Karen Cornejo y Éricka Farías.
Carrera e Icaza esperan decisión sobre sus apelaciones
Una parte del caso Encuentro ya alcanzó una sentencia de primera instancia.
El 20 de noviembre de 2024, el Tribunal conformado por Barahona, Cabezas y Tapia declaró culpables por delincuencia organizada a Danilo Carrera y Antonio Icaza.
Carrera fue sentenciado, en calidad de autor directo, a diez años de prisión, mientras que Icaza recibió una condena agravada de nueve años y cuatro meses como colaborador.
El Tribunal también estableció multas equivalentes a 40 salarios básicos unificados para Carrera y 20 para Icaza. Además, cada sentenciado recibió la obligación de pagar USD 682.188,08 como reparación integral.
Durante el proceso se estableció que el perjuicio económico probado habría alcanzado aproximadamente USD 4,77 millones, relacionado con recursos adjudicados a una persona natural y tres consorcios que, de acuerdo con la investigación, estaban vinculados con la estructura investigada.
El siguiente momento decisivo para ambos está previsto para el 23 de septiembre de 2026, cuando el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberá comunicar oralmente su decisión respecto de las apelaciones planteadas contra las sentencias.
Hernán Luque continúa pendiente de extradición
Otro frente abierto corresponde a Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO, quien permanece en Argentina mientras avanza el procedimiento para su extradición a Ecuador.
La justicia argentina confirmó en segunda instancia, a inicios de mayo, la procedencia del proceso para ponerlo a órdenes de las autoridades ecuatorianas, aunque su traslado todavía está pendiente de concretarse.
La situación es diferente para Gabriel Massuh, alias Turco. El 30 de octubre de 2025 fue liberado en Colombia después de que la Fiscalía de ese país ordenara cancelar la orden de captura con fines de extradición, debido a su condición de refugiado.
Por su parte, Éricka Farías continúa sin cumplir la orden de prisión preventiva dictada en su contra y permanece considerada prófuga de la justicia ecuatoriana.
Movimientos financieros también fueron objeto de revisión
El caso Encuentro también ha tenido una dimensión relacionada con el seguimiento de operaciones financieras.
En mayo de 2026, el director nacional de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, confirmó que la Superintendencia de Bancos, en coordinación con esa institución, había solicitado información al sistema financiero nacional relacionada con personas vinculadas al caso.
Entre los nombres señalados para la revisión se encontraban Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh, cuyos movimientos financieros correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024 fueron incluidos en los requerimientos de información.
Según lo informado entonces, el pedido contemplaba particularmente información mantenida en Banco Guayaquil, dentro del análisis de operaciones consideradas relevantes para las autoridades de control.
Caso Encuentro entra en una nueva etapa de definiciones
La eliminación de las Unidades Anticorrupción introduce ahora un nuevo componente procesal en uno de los expedientes de corrupción de mayor repercusión de los últimos años en Ecuador.
Mientras Leonardo Cortázar y Karen Cornejo permanecen a la espera de una nueva fecha para enfrentar la audiencia de juzgamiento, Carrera e Icaza se aproximan a una decisión judicial que podría confirmar, modificar o revocar las condenas dictadas en primera instancia.
A ello se suma la extradición pendiente de Hernán Luque Lecaro y la situación jurídica de los demás procesados.
Por ahora, la continuidad del juicio contra Cortázar y Cornejo dependerá de las directrices que se emitan tras la reorganización de las competencias judiciales dispuesta por el Consejo de la Judicatura, una definición que será determinante para establecer qué tribunal deberá asumir y continuar el proceso del caso Encuentro.