La normativa recibió 88 votos favorables y establece mecanismos excepcionales para delegar servicios aeroportuarios al sector privado. También regula drones, impulsa una política de cielos abiertos y refuerza las atribuciones de la DGAC.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 24 de septiembre el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, una reforma integral que busca modernizar el sistema aeronáutico ecuatoriano y que incorpora, entre sus principales cambios, la posibilidad de delegar de manera excepcional determinados servicios aeroportuarios a operadores privados.
El texto obtuvo 88 votos favorables en el Pleno y ahora deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción dentro del plazo constitucional correspondiente.
La propuesta fue presentada en septiembre de 2025 por el entonces presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y posteriormente tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico, encabezada por Valentina Centeno (ADN).
La iniciativa pretende unificar y actualizar las disposiciones que regulan el sector aeronáutico, además de adaptar el marco jurídico ecuatoriano a estándares internacionales en materia de seguridad, vigilancia y operación aérea.
Delegación privada bajo condiciones
Uno de los principales puntos de la nueva legislación establece que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) podrá delegar servicios aeroportuarios a empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, mediante concursos y bajo criterios de competencia, transparencia y calidad.
La participación privada tendrá carácter excepcional y deberá estar respaldada por estudios técnicos, económicos y jurídicos.
Entre los escenarios contemplados están la falta de capacidad técnica, administrativa o financiera del Estado para prestar determinados servicios, así como los casos en que la participación de un tercero permita obtener mejores condiciones económicas, operativas o de gestión de riesgos.
El proyecto establece que este mecanismo no supone la transferencia de la propiedad de la infraestructura aeroportuaria. El Estado conservará las facultades de rectoría, planificación, regulación, fiscalización y control.
Los contratos vigentes también podrán renegociarse de común acuerdo durante los cinco años posteriores a la publicación de la ley, siempre que los cambios estén relacionados con nuevas inversiones u obligaciones. Las ampliaciones no podrán superar el doble del plazo originalmente establecido.
Más aerolíneas y una política de cielos abiertos
Otro de los objetivos de la normativa es incrementar la conectividad aérea. Para ello, contempla una política de cielos abiertos y permite que empresas extranjeras domiciliadas en Ecuador, siempre que cumplan con las autorizaciones correspondientes, puedan ofrecer servicios aéreos comerciales dentro del país.
En Galápagos se mantendrá como requisito el informe técnico favorable del Consejo de Gobierno del Régimen Especial.
Centeno sostuvo durante la discusión legislativa que las reformas buscan atraer inversión, aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria y generar condiciones para aumentar las rutas y frecuencias disponibles.
Los datos incorporados en el proyecto señalan que, a noviembre de 2025, Ecuador registraba 327 frecuencias internacionales semanales, 26 rutas directas y 12 aerolíneas con conexiones hacia 16 destinos internacionales. En el mercado nacional se contabilizaban 243 frecuencias semanales y 11 rutas directas hacia siete destinos.
Drones deberán registrarse desde los 250 gramos
La nueva legislación también incorpora reglas específicas para las aeronaves no tripuladas. Los drones que alcancen el peso establecido de 250 gramos deberán registrarse con el propósito de facilitar su identificación y trazabilidad.
La regulación busca reforzar los mecanismos de control frente al uso de estos dispositivos para actividades ilícitas. En los casos en que un dron sea utilizado para cometer una infracción penal, las autoridades podrán proceder a su incautación conforme a la legislación aplicable.
La normativa también amplía las atribuciones de vigilancia de la DGAC y establece un régimen de infracciones y sanciones para los prestadores de servicios aeroportuarios.
Parte de estas modificaciones recoge observaciones derivadas de auditorías realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en 2023, relacionadas con el control, la vigilancia y el régimen sancionatorio del sistema aeronáutico.
Además, se mantienen beneficios previstos para determinados habitantes de Galápagos y la Amazonía, entre ellos las tarifas diferenciadas establecidas en otras normas.
Cuestionamientos durante el debate
La discusión en el Pleno también estuvo marcada por objeciones relacionadas con la descentralización y el alcance de la participación privada.
El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), cuestionó una disposición transitoria que establece que los municipios o gobiernos autónomos descentralizados que administran aeropuertos podrán continuar haciéndolo, pero deberán suscribir un acuerdo de gestión concurrente con el Gobierno Central.
Serrano sostuvo que el mecanismo podría afectar competencias previamente delegadas y pidió garantizar el respeto de los contratos existentes hasta que concluyan los plazos acordados.
Desde la Revolución Ciudadana (RC), el asambleísta Diego Salas cuestionó el alcance de los artículos relacionados con la prestación de servicios de navegación aérea. El legislador argumentó que determinadas disposiciones podrían permitir participación privada en áreas vinculadas al control del tránsito aéreo, radares y torres de control, y manifestó reparos por sus posibles implicaciones para la administración de un sector estratégico.
Los impulsores de la iniciativa sostienen, en cambio, que la normativa mantiene en manos del Estado la rectoría y fiscalización del sistema aeronáutico y que la delegación prevista está sujeta a condiciones excepcionales y controles técnicos.
Con la aprobación legislativa, el proyecto pasa ahora al Ejecutivo. La decisión que adopte el presidente Daniel Noboa determinará si el texto entra en vigencia en los términos aprobados por la Asamblea o si regresa al Legislativo con observaciones.