El Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional articulan nuevas acciones de protección para las dependencias judiciales especializadas de Quito, así como para jueces, servidores y ciudadanos que acuden a estas instalaciones.
El Consejo de la Judicatura (CJ) y la Policía Nacional avanzan en la coordinación de medidas destinadas a fortalecer la seguridad de las unidades judiciales que conocen procesos relacionados con corrupción y crimen organizado en Quito.
La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, mantuvo este miércoles 23 de septiembre una reunión de trabajo con el director general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general William Villarroel, junto con equipos técnicos de ambas instituciones.
El encuentro estuvo orientado a establecer acciones de protección integral para las dependencias judiciales que tramitan causas vinculadas con estructuras criminales y delitos de corrupción, consideradas sensibles por las características de los procesos que conocen.
Seguridad para garantizar el funcionamiento de la justicia
Durante la reunión, Caicedo señaló que la protección de las instalaciones, servidores judiciales y usuarios constituye un elemento necesario para preservar el normal desarrollo de los procesos y la independencia con la que deben actuar los operadores de justicia.
La coordinación se produce en medio de una estrategia institucional más amplia para reforzar la seguridad de la Función Judicial. En julio, el CJ y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio que contempla la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 servidores policiales en complejos judiciales, unidades, la Corte Nacional de Justicia y otras dependencias, según evaluaciones de riesgo y disponibilidad operativa.
El Consejo también ha informado anteriormente sobre acciones adoptadas frente a hechos de violencia contra dependencias y funcionarios judiciales, entre ellas la recopilación de informes de riesgo para coordinar mecanismos de protección con otras instituciones del Estado.
Policía ratifica apoyo a las unidades especializadas
Por parte de la Policía Nacional, el general Villarroel expresó el compromiso institucional de adoptar las acciones necesarias para fortalecer las condiciones de seguridad en estas dependencias.
El trabajo adquiere especial relevancia después de la reciente reorganización del modelo especializado para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado. El Consejo de la Judicatura informó este mes que la nueva estructura amplió de 19 a más de 50 los jueces penales capacitados y habilitados para conocer este tipo de causas.
Dentro del esquema permanecen en Quito dependencias con competencias específicas para atender distintas etapas procesales, incluidas flagrancias, medidas cautelares, evaluación y preparación de juicio, así como la etapa de juzgamiento.
Medidas específicas aún no han sido detalladas
El Consejo de la Judicatura informó que mantendrá comunicación permanente con la Policía para ejecutar y evaluar los compromisos alcanzados durante la reunión.
Hasta el momento, sin embargo, no se han detallado públicamente las nuevas medidas de seguridad que serán implementadas ni el cronograma para su ejecución.
La coordinación entre ambas instituciones busca reforzar la protección alrededor de las causas de mayor complejidad y garantizar que jueces, funcionarios y usuarios puedan desarrollar sus actividades bajo condiciones adecuadas de seguridad.