Siete sentenciados en el caso Metástasis se suman a figuras ecuatorianas previamente designadas por Washington. La medida impide su ingreso a territorio estadounidense y puede extenderse a familiares inmediatos, mientras eventuales sanciones económicas requieren procedimientos específicos.
La política de Estados Unidos contra la corrupción y las estructuras vinculadas al crimen organizado vuelve a tener repercusiones en Ecuador. Washington amplió las designaciones de ciudadanos ecuatorianos considerados inelegibles para ingresar a territorio estadounidense, una medida que puede alcanzar también a familiares inmediatos y que se suma a otros mecanismos de sanción contemplados por la legislación norteamericana.
La reciente decisión incorpora a siete personas sentenciadas dentro del caso Metástasis, entre exjueces, un exasambleísta, un exdirector del sistema penitenciario y otros actores relacionados con la administración de justicia.
Las nuevas designaciones se suman a las adoptadas anteriormente contra figuras políticas ecuatorianas, entre ellas los expresidentes Rafael Correa y Abdalá Bucaram, así como el exvicepresidente Jorge Glas.
El endurecimiento de estas medidas se produce en un escenario de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos frente al narcotráfico, la corrupción y las organizaciones criminales transnacionales.
Siete sentenciados en Metástasis quedan fuera de Estados Unidos
Entre las personas incluidas en la nueva decisión estadounidense constan Pablo Ramírez Erazo, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), y Wilman Terán Carrillo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura.
También aparecen los exjueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas Ronaldo Guerrero Cruz y Johann Marfetán Medina, además de Fabiola Gallardo Ramia, expresidenta de esa Corte.
A ellos se suman Mayra Salazar Merchán, quien se desempeñó como relacionista pública de la Corte del Guayas, y Pablo Muentes Alarcón, exasambleísta.
Los siete fueron procesados y sentenciados dentro del caso Metástasis, investigación que expuso las conexiones de estructuras criminales con actores de la administración de justicia y otros espacios de poder público.
De acuerdo con la posición comunicada por Washington, las personas designadas abusaron de sus funciones mediante prácticas corruptas que habrían favorecido intereses de organizaciones criminales.
¿Qué significa ser declarado “inelegible”?
La principal consecuencia es de carácter migratorio: una persona públicamente designada bajo las disposiciones correspondientes de la legislación estadounidense queda impedida de ingresar a Estados Unidos.
Esto puede traducirse en la imposibilidad de obtener una nueva visa y, dependiendo de la situación migratoria individual, en la revocación de autorizaciones previamente concedidas, el alcance de una designación de esta naturaleza representa una severa consecuencia migratoria para los involucrados.
Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes del sistema estadounidense es que determinadas designaciones por corrupción significativa pueden extender la inelegibilidad a familiares inmediatos.
La legislación utilizada por Washington permite que el Departamento de Estado designe a funcionarios extranjeros y, bajo determinados supuestos, también a sus familiares directos cuando existe información considerada fidedigna sobre participación en actos significativos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos.
Los familiares también pueden quedar impedidos de ingresar
Los antecedentes de Ecuador muestran que esta consecuencia no es únicamente teórica.
Cuando Estados Unidos declaró en 2024 al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas generalmente inelegibles para ingresar al país por su participación en hechos de corrupción significativa durante sus periodos como funcionarios públicos, la designación incluyó expresamente a familiares inmediatos de ambos.
En el caso de Correa fueron incluidos su esposa y sus hijos adultos, mientras que en el caso de Glas la medida alcanzó a su esposa y a un hijo adulto.
El Departamento de Estado sostuvo entonces que ambos exmandatarios abusaron de sus posiciones al aceptar sobornos, incluidos aportes políticos, a cambio de favorecer contratos gubernamentales. La designación fue realizada bajo la sección 7031(c) de la legislación presupuestaria estadounidense aplicable en ese momento.
Esto demuestra que las consecuencias migratorias pueden trascender a la persona que ocupó el cargo público cuando la autoridad estadounidense incluye expresamente a integrantes de su familia dentro de la resolución.
Inelegibilidad migratoria y bloqueo de activos no son lo mismo
Otro elemento importante es distinguir las restricciones migratorias de las sanciones económicas.
Que una persona sea declarada inelegible para ingresar a Estados Unidos no significa, por sí solo y en todos los casos, que automáticamente queden congeladas sus cuentas bancarias, propiedades o activos.
Las restricciones financieras pueden involucrar mecanismos distintos y autoridades como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro.
Cuando una persona es incorporada a un régimen de sanciones financieras aplicable, las consecuencias pueden ser considerablemente más amplias, incluyendo el bloqueo de determinados bienes e intereses sobre bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones.
Por ello, la prohibición de entrada y el bloqueo de activos deben entenderse como instrumentos jurídicos diferentes, aunque ambos pueden formar parte de la política estadounidense contra la corrupción, el narcotráfico y determinadas organizaciones criminales.
Una política que comenzó antes del caso Metástasis
Las restricciones estadounidenses contra integrantes del sistema político y judicial ecuatoriano no comenzaron con las últimas designaciones. En enero de 2022, la Embajada de Estados Unidos en Quito ya había informado sobre la revocación de visas de no inmigrante a varios jueces y otras personas vinculadas con los sectores jurídico y judicial.
Washington señaló entonces que revisaba las visas concedidas y las nuevas solicitudes como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado.
La política continuó posteriormente mediante designaciones públicas contra antiguos funcionarios de alto nivel.
Correa y Glas fueron incluidos en 2024
El 9 de octubre de 2024, Estados Unidos declaró públicamente inelegibles a Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, y a Jorge Glas, exvicepresidente de la República.
La decisión estuvo relacionada con su participación en hechos considerados por Washington como corrupción significativa durante el ejercicio de funciones públicas.
Ambos habían sido sentenciados en Ecuador dentro del caso Sobornos 2012-2016. La justicia ecuatoriana condenó en 2020 a Correa, Glas y otros procesados por cohecho dentro de la trama relacionada con aportes y contratos públicos.
Abdalá Bucaram también fue declarado inelegible
Otro expresidente alcanzado previamente por las medidas estadounidenses es Abdalá Bucaram Ortiz, quien gobernó Ecuador entre 1996 y 1997. Estados Unidos anunció en marzo de 2022 su designación por participación en actos significativos de corrupción durante su paso por la Presidencia.
La medida incluyó también a integrantes de su familia inmediata, reforzando el criterio utilizado por Washington de extender determinadas restricciones migratorias más allá del funcionario directamente señalado.
Bucaram volvió recientemente al centro de la agenda judicial ecuatoriana tras recibir, el 9 de septiembre de 2026, una sentencia de primera instancia de nueve años de prisión por delincuencia organizada dentro del denominado caso Pruebas COVID-19.
Washington endurece su estrategia frente al crimen organizado
Las nuevas designaciones adquieren una dimensión adicional debido a la relación que Estados Unidos establece entre corrupción institucional y fortalecimiento de organizaciones criminales.
Según la posición estadounidense difundida sobre los sentenciados de Metástasis, los funcionarios involucrados habrían utilizado sus cargos para beneficiar intereses vinculados con estructuras criminales como Los Lobos y Los Choneros, organizaciones que las autoridades estadounidenses relacionan con redes transnacionales del narcotráfico.
La estrategia busca atacar no solamente a quienes participan directamente en actividades criminales, sino también a los actores públicos que, mediante corrupción, manipulación de decisiones o interferencias institucionales, facilitan sus operaciones.
Una señal que trasciende la prohibición de viajar
La ampliación de las designaciones contra ciudadanos ecuatorianos representa mucho más que una restricción para viajar a Estados Unidos.
Para exfuncionarios, operadores judiciales y figuras políticas, una designación pública supone además un fuerte impacto reputacional internacional y puede generar consecuencias para su entorno familiar cuando este es expresamente incluido.
En paralelo, Estados Unidos dispone de instrumentos independientes para imponer sanciones financieras cuando se cumplen las condiciones establecidas por su legislación.
La incorporación de siete sentenciados del caso Metástasis profundiza así una política que Washington ha aplicado durante diferentes administraciones y que en Ecuador ya ha alcanzado a expresidentes, un exvicepresidente, antiguos integrantes del sistema judicial, exfuncionarios y actores políticos.
El mensaje estadounidense apunta ahora a una dimensión más amplia de su estrategia regional: combatir las estructuras criminales no solo mediante acciones contra sus integrantes, sino también mediante restricciones contra quienes, desde instituciones públicas, sean señalados por corrupción o por facilitar los intereses de organizaciones delictivas.