La diligencia volvió a declararse fallida por la ausencia de la defensa de uno de los investigados. Fiscalía busca llevar a juicio a 26 personas por presunto lavado de activos, mientras el juez adoptó medidas para evitar nuevas dilaciones procesales.
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El denominado caso Goleada enfrenta una nueva demora judicial. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, instancia decisiva para determinar cuáles de los 26 procesados enfrentarán la etapa de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos, no logró instalarse nuevamente luego de una sucesión de incidentes procesales y pedidos de diferimiento.
Entre los investigados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, además de varios integrantes de su familia, personas de su entorno y otros procesados a quienes la Fiscalía General del Estado (FGE) atribuye una presunta participación en una estructura vinculada con operaciones financieras y comerciales que estarían relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.
La investigación permanece en fase judicial y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por los tribunales competentes.
UNA AUDIENCIA MARCADA POR LOS DIFERIMIENTOS
La etapa de instrucción fiscal concluyó el pasado 30 de junio, tras lo cual el juez Jairo García, de la Unidad Judicial especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, convocó inicialmente la audiencia preparatoria de juicio para los días 16 y 17 de julio.
Sin embargo, esa convocatoria quedó sin efecto después de que abogados de Alvarez presentaran, el 10 de julio, una recusación contra el magistrado.
El planteamiento fue rechazado el 31 de julio por el juez José Sebastián Cornejo Aguiar, con lo que Jairo García quedó ratificado para continuar al frente de la causa.
La audiencia fue entonces convocada para desarrollarse entre el 3 y el 7 de agosto, pero un nuevo inconveniente volvió a modificar el cronograma.
La defensa de Alvarez solicitó el diferimiento debido a que uno de sus abogados debía participar durante el 3 y 4 de agosto en la audiencia de juzgamiento del denominado caso Grillete, proceso que concluyó con una sentencia de tres años de prisión contra el alcalde.
Ante esta circunstancia, García aceptó el pedido y trasladó la diligencia de Goleada para los días 5, 6 y 7 de agosto.
UNA AUSENCIA VUELVE A PARALIZAR EL PROCESO
Cuando parecía que finalmente podría comenzar la etapa preparatoria de juicio, el proceso sufrió un nuevo revés.
El 5 de agosto, la audiencia tampoco logró instalarse debido a la ausencia del abogado Eduardo León Micheli, defensor particular de Andrés Viteri Henriques, primo de Alvarez y uno de los procesados dentro de la causa.
Ante la inasistencia, el juez declaró fallida la diligencia y dispuso una multa equivalente a dos salarios básicos unificados, USD 964, contra el abogado.
La decisión también dejó sin efecto las convocatorias previstas para el 6 y 7 de agosto. El magistrado anunció que deberán establecerse nuevas fechas para continuar con la causa.
Durante la diligencia, el fiscal Dennis Villavicencio señaló que procesalmente la audiencia no podía continuar sin la presencia de la defensa de los investigados y solicitó la imposición de la sanción correspondiente.
Con el objetivo de impedir que futuras ausencias vuelvan a paralizar el procedimiento, el juez dispuso que la defensora pública Paulina Carvajal pueda asumir la representación de cualquiera de los procesados que no cuente con un abogado durante las próximas convocatorias.
¿QUÉ SE DISCUTIRÁ EN LA AUDIENCIA?
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio constituye una fase determinante dentro del proceso penal.
En esta instancia, la Fiscalía deberá sustentar su dictamen acusatorio y presentar los elementos que considera suficientes para que los procesados sean llamados a juicio. Las defensas, a su vez, podrán formular sus argumentos, cuestionar elementos probatorios y plantear los recursos e incidencias contemplados en la legislación.
Posteriormente corresponderá al juez determinar la situación jurídica de cada uno de los investigados y establecer quiénes deberán enfrentar la siguiente etapa del proceso.
26 INVESTIGADOS EN EL CASO GOLEADA
La investigación involucra a 26 personas por el presunto delito de lavado de activos.
Entre ellas constan Aquiles Alvarez; sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez; su madre, Gioconda Henriques; su esposa, Fiorella Icaza; sus primos Andrés y Fernando Viteri; además del asambleísta de Revolución Ciudadana Raúl Chávez y su hermano Gabriel Chávez, entre otros procesados.
Según la tesis investigativa de la Fiscalía, Alvarez y miembros de su entorno familiar habrían participado en una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que, de acuerdo con la acusación, habría sido utilizada para introducir recursos de supuesto origen ilícito al circuito económico.
Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser probadas durante el proceso judicial.
ÓRDENES DE PRISIÓN Y PROCESADOS PENDIENTES DE LOCALIZACIÓN
Dentro del expediente también existen medidas cautelares de prisión preventiva contra varios investigados.
El pasado 6 de julio, el juez García acogió una solicitud de Fiscalía y modificó las medidas cautelares contra Antonio y Xavier Alvarez, Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez, disponiendo prisión preventiva.
Asimismo, existen disposiciones judiciales de localización y captura relacionadas con otros procesados, entre ellos Andrés y Fernando Viteri Henriques.
Aquiles Alvarez, entretanto, permanece recluido en la denominada Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, debido a las distintas causas penales que enfrenta.
EL ORIGEN DEL CASO
Goleada comenzó públicamente el 10 de febrero de 2026, cuando Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron allanamientos en Guayas después de una investigación previa originada en información proporcionada por José Cevallos Avellán, identificado posteriormente como testigo protegido.
La investigación inicialmente estuvo relacionada con presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Durante los procedimientos fue allanado, entre otros inmuebles, el domicilio de Aquiles Alvarez. Según la información incorporada a la causa, durante esa intervención las autoridades constataron que el alcalde no portaba el dispositivo electrónico que debía mantener como parte de las medidas cautelares correspondientes al caso Triple A.
Un día después, el 11 de febrero, el juez García ordenó prisión preventiva para cinco procesados, entre ellos Aquiles, Xavier y Antonio Alvarez, mientras que para otros investigados fueron establecidas medidas como presentación periódica, prohibición de salida del país y arresto domiciliario.
El alcalde fue trasladado el 12 de febrero a la cárcel de Cotopaxi y posteriormente, el 9 de marzo, fue llevado por razones de seguridad a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
LA INVESTIGACIÓN SE AMPLIÓ A FAMILIARES Y PERSONAS DEL ENTORNO
Con el avance de la causa, Fiscalía incorporó a nuevos investigados.
El 27 de marzo fue vinculado el asambleísta Raúl Chávez, para quien se dispuso prisión preventiva.
Posteriormente, el 30 de mayo, una nueva audiencia de vinculación derivó en distintas medidas cautelares. Para Gioconda Henriques, madre del alcalde, se estableció presentación periódica en el Consulado de Ecuador en Miami; mientras que para Fiorella Icaza y Éricka Vélez se ordenaron medidas como presentación periódica y prohibición de salida del país.
Para Andrés y Fernando Viteri Henriques, primos del alcalde, se dictó prisión preventiva y se ordenó su localización y captura.
Un momento clave del expediente se produjo el 14 de mayo, cuando la Fiscalía reformuló los cargos y concentró la investigación en la presunta comisión del delito de lavado de activos.
De acuerdo con la institución, el expediente surgió de una denuncia sobre una supuesta estructura que habría operado desde 2021 y que estaría relacionada con diferentes actividades presuntamente ilícitas y un posible perjuicio económico al Estado.
GOLEADA SE SUMA A OTROS FRENTES JUDICIALES
El caso se desarrolla paralelamente a otros procesos judiciales relacionados con el alcalde de Guayaquil.
Entre ellos se encuentra Triple A, relacionado con la presunta comercialización, almacenamiento, transporte, envasado o distribución ilegal de derivados de petróleo. Dentro de esa causa, la Fiscalía solicitó una pena de seis años y nueve meses de prisión para los acusados que considera autores del delito.
Ese proceso también estuvo marcado durante meses por diferimientos, recusaciones, problemas de salud alegados por abogados, cambios en las defensas y modificaciones en la integración del tribunal, circunstancias que retrasaron el inicio de la fase de juzgamiento.
Ahora, una situación similar comienza a proyectarse sobre Goleada.
La reiteración de incidentes procesales ha impedido hasta el momento que Fiscalía exponga formalmente su acusación en la etapa preparatoria de juicio. Con la última diligencia declarada fallida, el futuro inmediato de la causa dependerá de la nueva convocatoria que realice el juez Jairo García.
La próxima audiencia será determinante: allí deberá resolverse si los elementos reunidos por Fiscalía son suficientes para llevar a juicio a Aquiles Alvarez y al resto de procesados, o si corresponde adoptar decisiones diferentes respecto de alguno de los investigados.
Hasta entonces, el caso Goleada continúa sin superar una de sus etapas procesales decisivas, mientras una sucesión de recusaciones, cruces de audiencias e inasistencias de abogados mantiene en suspenso el avance de una investigación que involucra al alcalde de Guayaquil, integrantes de su familia y otras figuras vinculadas al expediente.