La exministra de Ambiente y Energía enfrentará un proceso impulsado por legisladores de Revolución Ciudadana, quienes la señalan por presunto incumplimiento de funciones en contratos vinculados al caso Apagón
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio luz verde al inicio del proceso de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, luego de calificar por unanimidad la solicitud presentada por legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC).
Con diez votos a favor, la mesa legislativa resolvió avocar conocimiento del pedido de enjuiciamiento político durante una sesión virtual desarrollada este viernes 26 de junio de 2026, dos días después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitiera a trámite la solicitud.
La decisión marca el inicio de una nueva etapa dentro del escenario político nacional, donde la gestión energética y las responsabilidades por la crisis eléctrica vuelven a convertirse en el centro del debate dentro del Parlamento.
Revolución Ciudadana impulsa el proceso contra la exfuncionaria
La solicitud de juicio político fue presentada por los asambleístas de Revolución Ciudadana Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes argumentan que Manzano habría incurrido en un supuesto incumplimiento de funciones durante su administración al frente del Ministerio de Ambiente y Energía.
Los legisladores cuestionan principalmente las actuaciones relacionadas con los procesos de contratación de las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM), contratos por los cuales el Estado habría desembolsado aproximadamente USD 70 millones.
Estos procesos forman parte de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía General del Estado dentro del denominado caso Apagón, relacionado con presuntas irregularidades en decisiones adoptadas durante la crisis energética que enfrentó el país.
Una tercera solicitud de juicio político por el manejo energético
El proceso contra Inés Manzano representa el tercer intento de llevar a la exministra a un juicio político por temas relacionados con la gestión del sector eléctrico.
Los impulsores del pedido sostienen que existieron omisiones en la toma de decisiones y cuestionan la forma en que se desarrollaron los contratos destinados a enfrentar la emergencia energética.
Ahora, la Comisión de Fiscalización deberá avanzar con la sustanciación del proceso y determinar si existen elementos suficientes para recomendar o no el paso del juicio al Pleno de la Asamblea Nacional.
Fiscalización inicia la fase de pruebas y descargos
Tras la calificación del pedido, la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, integrante del oficialismo ADN y anteriormente vinculado a Revolución Ciudadana, deberá elaborar el cronograma de comparecencias y revisión del expediente.
La normativa establece un plazo de quince días para que:
- La exministra Inés Manzano presente sus pruebas de descargo.
- Los legisladores acusadores fundamenten sus argumentos.
- Se recopilen los elementos probatorios del caso.
Posteriormente se abrirá la etapa de evacuación de pruebas y, una vez concluida esta fase, la comisión deberá elaborar un informe que será sometido a votación dentro de la mesa legislativa.
Dicho informe será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde finalmente se definirá si procede o no continuar con el juicio político.
El sector eléctrico vuelve al centro de la disputa política
El caso refleja nuevamente la tensión política alrededor de la crisis energética que atravesó Ecuador y que generó cuestionamientos sobre la planificación, contratación y respuesta institucional frente al déficit de generación eléctrica.
Mientras la bancada correísta sostiene que existen responsabilidades políticas que deben ser determinadas, la defensa de la exfuncionaria tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos dentro del proceso parlamentario.
El juicio político contra Inés Manzano se suma así a una serie de confrontaciones legislativas donde la crisis eléctrica, los contratos de emergencia y la gestión pública se mantienen como uno de los principales puntos de disputa entre las diferentes fuerzas políticas del país.