La resolución judicial ordena acciones a instituciones del Estado y reabre el debate sobre la legalidad en el ejercicio del cargo municipal
La situación política y jurídica del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, atraviesa un momento decisivo tras la reciente resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que confirmó que la suspensión de sus derechos políticos por dos años se mantiene plenamente vigente.
El fallo, dictado el 16 de abril de 2026 por el juez Joaquín Viteri, establece que la sanción impuesta en junio de 2023 nunca llegó a ejecutarse de forma efectiva, por lo que continúa en vigor. Esta decisión marca un punto clave en el análisis de la legalidad del ejercicio del cargo por parte del alcalde.
Origen de la sanción
La medida disciplinaria tiene su origen en una infracción electoral considerada muy grave. Pincay fue sancionado el 29 de junio de 2023 por no asistir a un debate obligatorio convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso electoral de ese año.
Como consecuencia, el TCE dispuso una multa de 9.450 dólares —que fue cancelada en julio de 2023— y la suspensión de sus derechos políticos por un período de dos años. No obstante, el alcalde argumentó en su momento que su inasistencia se debió a que se encontraba en recuperación tras un ataque armado sufrido en diciembre de 2022.
Medida no ejecutada y controversia judicial
A pesar de que la suspensión fue registrada en el sistema del Ministerio del Trabajo en agosto de 2023, esta no se materializó debido a una acción de protección concedida por un juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Rocafuerte, en la provincia de Manabí.
Dicha medida cautelar ordenó dejar sin efecto la aplicación de la sanción, lo que permitió que Pincay continuara en funciones. Sin embargo, el TCE ha sido enfático al señalar que este tipo de acciones constitucionales no constituyen un mecanismo válido para modificar o suspender decisiones adoptadas en materia electoral.
En su resolución, el tribunal subraya que el simple transcurso del tiempo no implica el cumplimiento de la sanción, ya que su ejecución fue interferida por decisiones externas a la jurisdicción electoral.
Disposiciones del TCE
Como parte de las medidas adoptadas, el juez Viteri dispuso notificar al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Trabajo para que certifiquen la vigencia de la suspensión dentro de sus respectivas competencias.
Asimismo, se ordenó poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los hechos relacionados con el posible incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, a fin de que se investiguen eventuales responsabilidades.
De igual manera, el fallo solicita al Consejo de la Judicatura iniciar una investigación sobre la actuación del juez que otorgó las medidas cautelares que impidieron la ejecución de la sanción.
Reacción del alcalde y posibles acciones legales
Frente a este nuevo escenario, el alcalde Javier Pincay se encuentra analizando las medidas legales que podrían respaldar su posición ante la actual resolución del Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo con fuentes cercanas a su entorno, el edil evalúa alternativas jurídicas dentro del marco constitucional y legal vigente, con el objetivo de defender su continuidad en funciones.
Impacto político e institucional
La resolución del TCE reconfigura el escenario político en Portoviejo y plantea interrogantes sobre la continuidad de Javier Pincay en el ejercicio de sus funciones como alcalde. Al ratificar que la suspensión sigue vigente, el tribunal abre la puerta a posibles acciones administrativas y legales que podrían incidir directamente en la gobernabilidad del cantón.
Este caso pone en el centro del debate la relación entre la justicia electoral y la justicia constitucional, así como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de sanciones y el respeto a las decisiones de los órganos competentes. Mientras las instituciones del Estado avanzan en el cumplimiento de lo dispuesto por el TCE, la ciudadanía permanece atenta al desarrollo de un proceso que podría tener consecuencias significativas en el ámbito político local