La resolución del Tribunal Contencioso Electoral mantiene vigente la sanción contra el alcalde y abre una nueva etapa jurídica que podría escalar hasta la Corte Constitucional y organismos internacionales
La situación jurídica del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay Salvatierra, vuelve a situarse en el centro del debate institucional tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de ratificar la suspensión de sus derechos políticos y negar su pedido de rehabilitación, al considerar que la sanción impuesta no ha sido cumplida de forma material.
La resolución, emitida el pasado 4 de mayo de 2026 en Quito dentro de la causa N.° 109-2023-TCE, representa un nuevo capítulo en un proceso que ha generado amplio seguimiento ciudadano y mantiene en expectativa a la capital manabita respecto al desarrollo administrativo y político del cantón.
El pronunciamiento fue adoptado por el magistrado Joaquín Viteri Llanga, quien resolvió no acoger el pedido formulado por Pincay, argumentando que los elementos presentados por la defensa no aportan nuevos fundamentos jurídicos que permitan modificar las decisiones previamente adoptadas por el organismo electoral.
El sustento de la decisión judicial
El fallo se basa en informes emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Ministerio del Trabajo, instituciones que confirmaron la existencia de impedimentos legales que restringen al alcalde el ejercicio de funciones públicas.
Entre la documentación analizada figura el certificado de impedimento legal N.° CIWEB20005573006, expedido por el Ministerio del Trabajo, en el que se ratifica la vigencia de la restricción derivada de la sanción electoral.
A ello se suma la confirmación del CNE de que la suspensión continúa registrada en sus sistemas institucionales, un elemento considerado determinante por el TCE para concluir que la sanción sigue plenamente vigente.
La resolución también dispone la notificación formal al funcionario y a las demás partes procesales, además de su publicación oficial en la cartelera virtual del organismo.
El punto clave: cumplimiento formal y ejecución material
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes del fallo es la diferenciación establecida por el tribunal entre el registro administrativo de una sanción y su ejecución efectiva.
Según el TCE, el hecho de que la sanción conste formalmente en registros oficiales no constituye prueba suficiente de que haya sido cumplida materialmente en todos sus efectos.
Bajo esa interpretación, el organismo recordó que la rehabilitación de derechos políticos corresponde exclusivamente al juez ejecutor, por lo que no puede disponerse sin una verificación expresa de cumplimiento integral.
Este criterio mantiene activa la suspensión de los derechos de participación política del alcalde.
Un proceso originado en el contexto electoral de 2023
El caso tiene su origen en diciembre de 2022, cuando Javier Pincay no asistió a un debate electoral obligatorio durante la campaña para las elecciones seccionales de 2023.
La ausencia se produjo tras el atentado que sufrió y que afectó gravemente su estado de salud, circunstancia que fue alegada por su defensa como causal justificativa.
Sin embargo, tras el proceso correspondiente, el TCE impuso una sanción consistente en una multa equivalente a 21 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.
Aunque Pincay sostiene que cumplió con el pago de la multa y que el proceso habría quedado archivado en octubre de 2025, el tribunal considera que el periodo de suspensión aún no se ha ejecutado completamente.
Implicaciones para la institucionalidad de Portoviejo
La decisión genera importantes efectos jurídicos e institucionales, ya que la suspensión de derechos políticos limita constitucionalmente la posibilidad de ejercer cargos públicos.
De acuerdo con el artículo 61 de la Constitución, la restricción afecta derechos esenciales vinculados a la participación política, al ejercicio de funciones públicas y al desempeño de responsabilidades de representación ciudadana.
Para Portoviejo, este escenario representa un momento que exige serenidad institucional, respeto al debido proceso y claridad jurídica, en resguardo de la estabilidad administrativa del cantón.
La capital manabita, reconocida por su capacidad de recuperación y desarrollo, sigue de cerca la evolución de este caso, a la espera de definiciones que garanticen certeza jurídica y continuidad institucional.
La defensa proyecta una estrategia nacional e internacional
Tras conocerse la resolución, la defensa del alcalde ha anticipado que, de no obtener una respuesta favorable dentro del propio ámbito contencioso electoral, impulsará nuevas acciones legales en instancias superiores.
Entre ellas, contempla la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, al considerar que existirían elementos que ameritan una revisión desde la óptica de las garantías constitucionales.
Adicionalmente, la defensa recordó que existe una queja actualmente en fase de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de que en este caso podrían haberse vulnerado derechos fundamentales y derechos de participación política.
Este anuncio amplía el alcance del proceso y proyecta una disputa jurídica que podría trascender el ámbito nacional. Con ello, la situación jurídica de Javier Pincay continúa a la expectativa ciudadana.