La situación jurídica del alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, continúa generando atención pública tras la ratificación de la sanción en su contra por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), al tiempo que se mantienen discrepancias entre los registros institucionales y la posición de su equipo de defensa.
Ratificación de la sanción y antecedentes
El TCE confirmó la vigencia de la sentencia emitida en 2023, que establece la suspensión de los derechos políticos de Pincay por dos años, además de una multa económica, tras determinarse una infracción electoral muy grave. El origen del caso se remonta al 15 de enero de ese año, cuando el entonces candidato a la alcaldía no participó en el debate obligatorio, optando por difundir contenidos en redes sociales.
El 16 de abril de 2026, el juez electoral Joaquín Viteri Llanga declaró el incumplimiento de la sanción, y posteriormente, el 22 de abril, el tribunal negó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del alcalde, dando paso a la ejecución de la sentencia.
Cumplimiento parcial en registros institucionales
En aplicación de lo dispuesto por el TCE, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya refleja la sanción en su sistema, donde el alcalde no consta en el padrón electoral.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no registra, hasta este martes 28 de abril, impedimento para ejercer cargos públicos. En su sistema se indica que el funcionario no tiene inhabilidad laboral activa, aunque se detalla una anotación de “SUSPENSIÓN DERECHO DE PARTICIPACIÓN”, derivada de la resolución del TCE.
El documento institucional aclara que esta certificación se emite en cumplimiento de una medida cautelar dispuesta por el juez Luis Iván Tuquerres Campo, la cual se mantiene vigente hasta que exista una resolución judicial en contrario. En consecuencia, mientras dicha medida no sea levantada, el alcalde podría continuar en funciones.
Postura de la defensa del alcalde
Frente a este escenario, la defensa de Javier Pincay sostiene que la sanción impuesta por el TCE ya fue cumplida en su totalidad, argumento que ha sido presentado en distintas instancias judiciales. Según el equipo jurídico del alcalde, existen elementos que acreditarían el cumplimiento material de la sentencia, por lo que consideran que no corresponde su ejecución en los términos actuales.
Asimismo, la defensa ha insistido en que la medida cautelar otorgada en 2023 respalda la vigencia de sus derechos para ejercer el cargo, al impedir que se registre una inhabilidad administrativa mientras no exista un pronunciamiento judicial definitivo que deje sin efecto dicha protección.
Un escenario jurídico en desarrollo
Este escenario genera una situación particular: mientras el TCE ha ordenado la ejecución de la sanción y el CNE ya la ha aplicado en el ámbito electoral, el Ministerio de Trabajo aún no refleja una inhabilidad para ejercer funciones públicas debido a la vigencia de la medida cautelar.
En términos prácticos, esto implica que Javier Pincay podría continuar ejerciendo como alcalde, mientras la medida judicial que respalda su situación administrativa no sea revocada o modificada por autoridad competente.
Esto refleja un ambiente complejo en el que coexisten decisiones del órgano electoral, registros administrativos diferenciados y criterios jurídicos en disputa.
Mientras el TCE ha ratificado la ejecución de la sanción, su aplicación integral aún enfrenta condicionamientos derivados de resoluciones judiciales vigentes.
Hasta el momento, el Concejo Cantonal de Portoviejo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las implicaciones de este proceso en la continuidad de la administración municipal.
El desarrollo de este caso continuará marcado por las decisiones de las autoridades competentes, en un contexto que pone en evidencia los desafíos de articulación entre instancias judiciales y administrativas en el país.