Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reveló nuevos detalles sobre la diligencia de notificación practicada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del proceso de remoción que actualmente se tramita en el Concejo Municipal.
La información fue proporcionada por la institución en respuesta a un requerimiento realizado por la concejala Ana Chóez, quien solicitó aclaraciones sobre las circunstancias en las que se efectuó la notificación al burgomaestre mientras permanece privado de libertad.
De acuerdo con el informe suscrito por la Dirección de Asesoría Jurídica del SNAI, la diligencia se realizó el pasado 14 de mayo dentro del centro penitenciario donde se encuentra recluido Alvarez. Para ello, la máxima autoridad del establecimiento autorizó el ingreso de Magno Marriott, secretario de la Comisión Legislativa de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo de Guayaquil, encargado de ejecutar la notificación correspondiente.
Según la entidad, al funcionario municipal se le brindaron todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de su labor, incluyendo acompañamiento de personal policial, administrativo y jurídico hasta el área de visitas, donde se produjo el encuentro con el alcalde.
Informe señala negativa a firmar la notificación
El documento oficial señala que, una vez presentada la notificación, Aquiles Alvarez habría rechazado firmar el acta correspondiente. Según la versión recogida por el SNAI, el alcalde manifestó su desacuerdo con el procedimiento y expresó comentarios dirigidos al delegado municipal, los cuales fueron consignados en el informe institucional.
La entidad indicó que estos hechos ocurrieron en presencia de funcionarios que participaban en la diligencia y bajo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones dentro del sistema penitenciario.
Garantías para la defensa
Uno de los aspectos centrales de la respuesta del SNAI se refiere al ejercicio del derecho a la defensa. La institución sostuvo que en ningún momento se ha limitado el acceso del alcalde a sus representantes legales ni se han impuesto restricciones para el desarrollo de su estrategia jurídica.
En ese sentido, confirmó que los abogados Ramiro García y David Norero han mantenido contacto con Alvarez durante su permanencia en prisión. Asimismo, detalló que el alcalde ha participado en reuniones presenciales y telemáticas con sus defensores y familiares, incluida su esposa, Fiorella Icaza.
El organismo enfatizó que las autoridades penitenciarias han permitido el ingreso de los abogados acreditados y han facilitado los espacios necesarios para reuniones y actuaciones relacionadas con el proceso de remoción, garantizando el cumplimiento de las normas constitucionales sobre debido proceso y derecho a la defensa.
Supervisión y cumplimiento normativo
El SNAI aseguró que todas las actuaciones se desarrollaron bajo la supervisión de personal de seguridad y administrativo, observando las disposiciones establecidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social vigente para 2026.
Además, la institución sostuvo que durante las visitas y diligencias efectuadas no se identificó ninguna vulneración a los derechos del alcalde ni impedimentos para el ejercicio de su representación técnica.
Proceso de remoción avanza mientras enfrenta causas judiciales
La información se conoce en medio del trámite de remoción impulsado en el Concejo Municipal de Guayaquil, procedimiento que continúa su curso mientras Aquiles Alvarez permanece recluido en la denominada Cárcel del Encuentro.
El alcalde enfrenta actualmente una medida de prisión preventiva dentro de los casos conocidos como Triple A y Grillete. Paralelamente, en una tercera investigación denominada Goleada, cumple medidas cautelares alternativas.
Con la respuesta remitida a la concejala Ana Chóez, el SNAI busca esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la notificación y ratificar que las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa técnica han sido respetadas durante el desarrollo del procedimiento administrativo que podría definir el futuro político del alcalde de Guayaquil.