La salida definitiva de la ex presidenta del Consejo Nacional Electoral pone fin a las inmunidades propias del periodo electoral y reactiva expedientes que permanecieron suspendidos durante varios años. Asamblea Nacional, Contraloría y Tribunal Contencioso Electoral podrían retomar investigaciones relacionadas con su gestión.
Quito, Ecuador. La renuncia de Diana Atamaint al cargo de consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) marca el cierre de una de las administraciones más prolongadas en la historia reciente del organismo electoral y abre un nuevo escenario jurídico y político que podría derivar en investigaciones, auditorías y procesos de control que permanecían suspendidos debido a las restricciones establecidas durante los procesos electorales.
Luego de siete años y ocho meses como vocal del máximo organismo electoral, Atamaint oficializó este 20 de julio su salida mediante un oficio dirigido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de designar a su reemplazo, proceso que será conocido en los próximos días para la principalización del consejero suplente José Merino.
La decisión se produce apenas un mes después de haber sido removida de la presidencia del CNE, cargo que actualmente ocupa José Cabrera, en medio de la organización de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.
Juicio político podría volver a la agenda legislativa
Con la renuncia, cesan las limitaciones constitucionales y legales que impedían impulsar mecanismos de fiscalización política contra autoridades electorales durante el desarrollo de procesos electorales.
Uno de los expedientes que podría ser reactivado corresponde al juicio político planteado en 2021 por los entonces legisladores de Pachakutik, Joel Abad y Mario Ruiz, quienes acusaron a Atamaint y a otros integrantes del pleno del CNE de un supuesto incumplimiento de funciones durante las elecciones generales de ese año.
La interpelación cuestionaba la negativa del organismo electoral a verificar presuntas inconsistencias detectadas en aproximadamente 39.000 urnas, procedimiento que, según los proponentes, afectó la transparencia del proceso electoral.
El trámite permaneció paralizado durante varios periodos legislativos debido a que la normativa electoral impide iniciar o continuar juicios políticos contra autoridades del CNE mientras exista una convocatoria oficial a elecciones.
Con la salida de Atamaint, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional podría retomar el análisis del expediente y determinar si existen méritos suficientes para continuar el proceso.
Contraloría revisará la administración del CNE
El ámbito legislativo no sería el único frente que enfrentará la exfuncionaria.
El actual presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, solicitó formalmente a la Contraloría General del Estado la realización de auditorías sobre distintos aspectos administrativos desarrollados durante la gestión de Atamaint.
Estas acciones buscan evaluar el manejo institucional y establecer si existieron responsabilidades administrativas o indicios de posibles irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Aunque los resultados dependerán de las investigaciones técnicas que emprenda el organismo de control, la solicitud refleja un cambio de etapa dentro de la administración electoral tras el relevo en la presidencia del Consejo.
Caso Unidad Popular continúa en el Tribunal Contencioso Electoral
Otro de los procesos que permanece vigente se desarrolla en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y guarda relación con el intento de cancelar la personería jurídica del movimiento Unidad Popular (UP).
La acción fue impulsada durante la administración de Diana Atamaint con base en informes internos que concluyeron que la organización política no cumplía con el número mínimo de afiliados exigido por la legislación electoral.
Sin embargo, la resolución fue anulada posteriormente por una jueza del Tribunal Contencioso Electoral, quien determinó que la información técnica utilizada para sustentar la cancelación presentaba inconsistencias y carecía de suficiente respaldo documental.
El fallo ordenó además que el Consejo Nacional Electoral determine las responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en la elaboración de certificaciones, informes y documentos técnicos relacionados con ese procedimiento.
Paralelamente, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, presentó una acción de queja contra Atamaint, proceso que actualmente continúa su trámite dentro del organismo jurisdiccional electoral.
Posibles consecuencias legales
En caso de que las investigaciones concluyan con responsabilidades administrativas o electorales, la legislación vigente contempla sanciones que pueden ir desde multas económicas hasta la suspensión de derechos de participación e incluso la destitución de funciones cuando corresponda.
Si bien Atamaint ya dejó el cargo, las decisiones que eventualmente adopten los organismos competentes podrían tener efectos sobre sus derechos políticos, dependiendo del resultado de los procesos actualmente en curso.
Sin posibilidad de participar en las próximas elecciones
La renuncia también tiene implicaciones en el ámbito electoral.
Aunque su salida del Consejo Nacional Electoral elimina la incompatibilidad derivada del ejercicio del cargo, la normativa vigente establece que quienes integran el CNE deben separarse de sus funciones al menos seis meses antes de la fecha de las elecciones si pretenden postularse como candidatos.
Al haber presentado su renuncia a poco más de cuatro meses de los comicios seccionales previstos para el 29 de noviembre, Diana Atamaint no cumple el plazo legal requerido para participar como candidata en ese proceso electoral.
Un nuevo capítulo para el organismo electoral
La salida de Diana Atamaint representa uno de los cambios institucionales más relevantes dentro del Consejo Nacional Electoral en los últimos años. Mientras el organismo concentra sus esfuerzos en la organización de las próximas elecciones, los diferentes frentes de control político, administrativo y jurisdiccional podrían definir el balance final de una gestión que estuvo marcada por procesos electorales consecutivos, controversias políticas y constantes cuestionamientos sobre la administración del sistema electoral ecuatoriano.