El abogado del movimiento, Daniel Rivera, lidera acciones ante el contencioso electoral y la Corte Constitucional, mientras crecen cuestionamientos al CNE por presunta vulneración a la seguridad jurídica.
La disputa por el cambio del calendario de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026 suma nuevos capítulos este 31 de marzo de 2026, en medio de una escalada de acciones legales impulsadas por el movimiento Revolución Ciudadana (RC5) y otros actores que buscan frenar el proceso electoral.
Daniel Rivera, abogado del RC5, encabeza uno de los principales cuestionamientos contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral se fundamenta en que la decisión no respeta los plazos establecidos en el Código de la Democracia, el cual —según argumenta— dispone de manera clara que las elecciones y la posesión de autoridades deben realizarse dentro del mismo año.
Rivera sostiene además que la modificación del cronograma vulnera el principio de seguridad jurídica y carece de motivación suficiente. En ese sentido, cuestiona el uso de un informe de la Secretaría de Riesgos sobre la posible llegada del fenómeno de El Niño en febrero de 2027 como sustento técnico de la medida. “El propio informe reconoce que no se puede garantizar ese escenario”, afirma, al señalar que no es posible prever con tanta anticipación condiciones climáticas específicas.
Aunque reconoce que el Tribunal Contencioso Electoral participó en la planificación del nuevo calendario junto al CNE —lo que podría reducir las probabilidades de éxito del recurso—, Rivera asegura que agotarán todas las instancias disponibles. Entre ellas, destaca la Corte Constitucional, donde el bloque de legisladores del RC5 prevé presentar una demanda de inconstitucionalidad.
En paralelo, el economista Andrés Albuja presentó una primera acción como ciudadano ante la Corte Constitucional. En su demanda, argumenta que la resolución del CNE no solo afecta la seguridad jurídica, sino que también compromete recursos públicos en un proceso que califica como “presuntamente viciado”. Como medida cautelar, solicitó la suspensión provisional de la decisión.
A estas acciones se suma una segunda demanda presentada por asambleístas e integrantes del RC5 ante el Tribunal Contencioso Electoral, consolidando así una estrategia jurídica integral desde el movimiento político para cuestionar el adelanto del calendario electoral.
El tema ha cobrado relevancia nacional y podría ser tratado con prioridad por la Corte Constitucional, dada su incidencia directa en el proceso democrático. Mientras tanto, el CNE mantiene su postura de que el ajuste del cronograma responde a criterios preventivos frente a posibles riesgos climáticos.
El conflicto evidencia no solo una disputa jurídica, sino también política, en torno a la organización electoral. Con varios recursos en curso y decisiones pendientes en instancias clave, el futuro del calendario electoral permanece en incertidumbre, en un contexto que podría redefinir las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las elecciones seccionales de 2026.