La Comunidad Andina dio un plazo de 10 días a Ecuador y Colombia para desmontar las restricciones comerciales que han tensionado la relación bilateral en los últimos meses
En un giro que podría marcar el inicio de la distensión comercial entre Ecuador y Colombia, el presidente colombiano Gustavo Petro expresó públicamente su disposición de retirar los aranceles impuestos a los productos ecuatorianos, luego de que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenara a ambos países desmontar, en un plazo de diez días hábiles, las medidas recíprocas que han afectado el libre comercio regional.
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial en una red social, Petro señaló que “no tiene ningún problema” en levantar los gravámenes aplicados a productos ecuatorianos, siempre que el proceso se realice bajo la misma cronología y mecanismo con el que fueron implementados.
La declaración del mandatario colombiano surge horas después de que la Secretaría General de la CAN emitiera una serie de resoluciones en las que determina que tanto Ecuador como Colombia vulneraron el Programa de Liberación de Bienes del bloque andino al imponer aranceles y restricciones que obstaculizan la circulación libre de mercancías entre los países miembros.
La CAN exige desmontar barreras comerciales
El organismo regional fue categórico al señalar que las medidas adoptadas por ambos gobiernos contravienen el Acuerdo de Cartagena, instrumento fundacional de la integración andina firmado en 1969.
Entre las disposiciones cuestionadas se encuentra el arancel del 75% que actualmente Ecuador aplica a importaciones provenientes de Colombia, así como la decisión ecuatoriana de limitar el ingreso terrestre de mercancías colombianas exclusivamente a través del puente internacional de Rumichaca.
De igual manera, la CAN observó los aranceles de respuesta implementados por Colombia, concluyendo que también constituyen restricciones incompatibles con las normas que rigen el comercio subregional.
La resolución representa un llamado urgente a restablecer la normalidad comercial entre dos de las economías más dinámicas de la región andina.
Ecuador ya había anunciado una reducción parcial
Antes del pronunciamiento del organismo andino, el Gobierno ecuatoriano había anticipado una reducción progresiva de sus aranceles.
La administración del presidente Daniel Noboa informó días atrás que disminuirá del 100% al 75% los gravámenes aplicados a productos colombianos a partir del 1 de junio, como parte de una estrategia orientada a abrir espacios de cooperación bilateral en materia de seguridad fronteriza.
Según el Ejecutivo ecuatoriano, esta decisión busca fortalecer la articulación entre ambas naciones y fomentar mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la zona limítrofe.
Una disputa comercial con fuerte trasfondo político
El conflicto comercial entre Ecuador y Colombia se originó a inicios de año, cuando Quito decidió imponer un arancel inicial del 30% a determinados productos colombianos, medida que posteriormente se elevó de forma escalonada hasta alcanzar el 100% para varios bienes.
El Gobierno ecuatoriano justificó la decisión argumentando presuntas deficiencias en el control del narcotráfico por parte de Colombia en la frontera compartida de 586 kilómetros.
Bogotá rechazó estas acusaciones y respondió con gravámenes recíprocos, aunque sin igualar los niveles aplicados por Ecuador.
La tensión escaló rápidamente al plano diplomático y político, con intercambios de acusaciones entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro que derivaron incluso en el llamado a consultas de los embajadores de ambos países.
Uno de los episodios más polémicos se produjo cuando Noboa vinculó públicamente a Petro con sectores relacionados con estructuras criminales, acusaciones que fueron rechazadas tajantemente por el gobierno colombiano.
A esto se sumó la controversia generada por las declaraciones de Petro sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien calificó como “preso político”, generando una firme respuesta desde Quito por considerar esas expresiones una injerencia en asuntos internos.
Expectativa por una solución definitiva
Con la resolución de la Comunidad Andina y la disposición expresada por Petro, ahora la atención se centra en la respuesta oficial del Gobierno ecuatoriano, cuya Cancillería informó que el fallo del organismo está siendo analizado.
De concretarse el retiro total de los aranceles, ambos países podrían encaminarse hacia una normalización de sus relaciones comerciales y diplomáticas, evitando mayores afectaciones para exportadores, importadores y sectores productivos que dependen del intercambio binacional.
La decisión que adopten Quito y Bogotá en los próximos días será determinante no solo para el comercio bilateral, sino también para la credibilidad del sistema de integración andino como mecanismo de resolución de controversias en la región.