El Gobierno reconfigura el centro penitenciario en Guayaquil y traslada a 61 mujeres vinculadas a delitos de alto impacto; el ministro John Reimberg difundió sus identidades en redes sociales.
El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una nueva etapa con la transformación de la cárcel La Roca, históricamente concebida como un centro de máxima seguridad para hombres, en un recinto exclusivo para mujeres consideradas de alta peligrosidad. Ubicada en la vía a Daule, en la ciudad de Guayaquil, esta prisión fue durante más de una década uno de los espacios más resguardados del país.
Durante la primera semana de abril de 2026, el Gobierno Nacional inició el traslado de 61 reclusas hacia este centro, ahora denominado Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas n.º 3. La medida forma parte de una estrategia orientada a reorganizar el sistema carcelario y fortalecer el control sobre perfiles criminales de alto riesgo.
El titular del Ministerio del Interior, John Reimberg, publicó en sus redes sociales imágenes y nombres de algunas de las internas trasladadas, generando amplio debate público debido al perfil de las implicadas y la gravedad de los delitos por los cuales son investigadas o sentenciadas.
Entre los casos más notorios figura Andreína Lamota, conocida como la “descuartizadora de Sauces”, quien fue condenada a 40 años de prisión tras asesinar y desmembrar a su madre en octubre de 2025. Las investigaciones revelaron que el crimen fue premeditado, con búsquedas previas en internet sobre métodos para asfixiar y ocultar evidencias.
También consta Verónica Briones Zambrano, identificada como pareja de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, exlíder de la organización criminal Los Choneros. Briones enfrenta procesos por delincuencia organizada y lavado de activos.
Otro caso que ha generado atención es el de José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí, procesado por presunto peculado en el caso denominado “Ornato Municipal”. Tras registrar un cambio de sexo en su documento de identidad, fue trasladado a un centro femenino. Su proceso judicial se encuentra en fase preparatoria de juicio.
En la lista difundida también aparece Simuy Lozano Salabarría, alias “La Barbie del Sur”, sentenciada a 23 años de prisión por tentativa de asesinato en un caso que tuvo amplia repercusión nacional años atrás.
Asimismo, fue trasladada Diana Carolina G. A., médica e influencer de Machala, detenida recientemente por un presunto caso de extorsión que involucraba amenazas económicas a una familia.
A estas se suma Kerly Álvarez, hija de un cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, quien ya fue sentenciada por delincuencia organizada y enfrenta un nuevo proceso por lavado de activos.
De bastión masculino a prisión femenina
La Roca fue diseñada originalmente para albergar a reos de alta peligrosidad, incluidos cabecillas de organizaciones criminales como José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”; Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”; y Júnior Roldán, alias “JR”. Su estructura reforzada y ubicación estratégica la posicionaron como uno de los centros más seguros del país.
No obstante, episodios como la fuga de 19 internos en 2013 y ataques recientes —como el uso de un dron con explosivos en 2024— evidenciaron vulnerabilidades en su sistema de seguridad.
Tras quedar vacía en noviembre de 2025, luego del traslado de internos a otros centros penitenciarios, el Gobierno decidió darle un nuevo enfoque, orientado al control de población femenina de alto riesgo.
Reconfiguración del sistema penitenciario
El traslado de estas 61 mujeres marca un hito en la política de seguridad carcelaria del país, al concentrar en un solo espacio a internas vinculadas a delitos graves como asesinato, extorsión, delincuencia organizada y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que esta medida permitirá un mayor control, vigilancia especializada y reducción de riesgos dentro del sistema penitenciario, en un contexto en el que el país enfrenta desafíos estructurales en materia de seguridad.
La reconversión de La Roca refleja así un giro en la gestión penitenciaria, con énfasis en la segmentación de la población carcelaria y el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre perfiles considerados de alta peligrosidad.