La Fiscalía argumentó la existencia de nuevos elementos dentro de la investigación por presunto lavado de activos. La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos de mayor repercusión política y judicial del país.
El proceso judicial del denominado caso Goleada dio un nuevo giro este lunes, luego de que un juez acogiera el pedido de la Fiscalía General del Estado y ordenara prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez; así como para Fernando Peñaherrera y César Bravo, quienes son investigados por su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de activos.
La resolución fue adoptada al término de la audiencia de revisión de medidas cautelares, reinstalada de manera telemática tras haber sido suspendida días atrás. La diligencia fue impulsada por la Fiscalía, que aseguró haber incorporado nuevos elementos de convicción dentro del expediente, y también por varios de los procesados que solicitaron la revisión de las medidas vigentes.
Con esta decisión, la autoridad judicial revocó las medidas sustitutivas que habían beneficiado anteriormente a varios de los investigados, al considerar que las nuevas circunstancias expuestas por el Ministerio Público justificaban la aplicación de la medida cautelar más severa prevista en la legislación penal.
La investigación apunta a un presunto esquema de desvío de combustible
La investigación del caso Goleada se centra en un supuesto esquema empresarial que habría permitido la adquisición de grandes cantidades de diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano, combustible que estaba destinado exclusivamente al abastecimiento de embarcaciones de bandera nacional.
Según la hipótesis de la Fiscalía, parte de ese combustible habría sido desviado hacia embarcaciones internacionales para ser comercializado a precios de mercado, obteniendo presuntas ganancias ilícitas que posteriormente habrían sido incorporadas al sistema financiero mediante operaciones que ahora son investigadas como un posible delito de lavado de activos.
Tras varios meses de investigaciones, la instrucción fiscal concluyó y el Ministerio Público solicitó que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio, etapa en la que presentará su dictamen acusatorio contra 17 personas naturales y nueve personas jurídicas presuntamente vinculadas con esta estructura.
Medidas patrimoniales permanecen vigentes
Durante la misma audiencia, el juez también resolvió varios pedidos relacionados con las medidas cautelares de carácter patrimonial.
La autoridad negó la solicitud presentada por seis procesados que buscaban dejar sin efecto la incautación de bienes inmuebles y vehículos vinculados a la investigación, al considerar que dichas medidas continúan siendo necesarias para garantizar el desarrollo del proceso.
No obstante, aceptó parcialmente uno de los recursos planteados y dispuso el levantamiento de la inmovilización sobre una cuenta bancaria perteneciente al procesado Gastón Aparicio L. C.
Un escenario judicial cada vez más complejo
La nueva decisión judicial agrava la situación legal de Aquiles Alvarez, quien permanece privado de libertad debido a otros procesos penales que enfrenta por presuntos delitos relacionados con la comercialización irregular de combustibles.
Mientras otros investigados recuperaron temporalmente su libertad mediante medidas sustitutivas meses atrás, el alcalde de Guayaquil continuó recluido por disposición de otros jueces dentro de procesos independientes.
Con el avance del caso Goleada, la Fiscalía busca demostrar la existencia de una estructura financiera destinada a ocultar el origen de recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita, mientras la defensa de los procesados sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar las acusaciones y ha anunciado que ejercerá todos los recursos legales contemplados en la normativa ecuatoriana.
El desarrollo de este proceso será determinante para establecer las responsabilidades penales correspondientes, en un caso que ha captado la atención nacional por involucrar a autoridades públicas, empresarios y compañías relacionadas con el sector de los combustibles.
Aquiles Alvarez también enfrentará un nuevo juicio por el caso del grillete electrónico
Paralelamente al caso Goleada, una jueza resolvió llamar a juicio a Aquiles Alvarez por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de que la Fiscalía sostuviera que el alcalde no habría utilizado correctamente el grillete electrónico que debía portar como medida cautelar dentro del caso Triple A. La defensa del burgomaestre rechazó las acusaciones, aseguró que el dispositivo nunca fue retirado de manera irregular y anunció que apelará la decisión judicial, argumentando presuntas inconsistencias en el proceso.