La Fiscalía y la Comisión de Desarrollo Económico profundizan las indagaciones sobre una supuesta red de corrupción que habría ocasionado millonarias afectaciones al Estado
Una serie de inconsistencias detectadas en los procesos de facturación y refacturación del consumo eléctrico en la Corporación Nacional de Electricidad encendió las alertas de las autoridades y dio paso a una investigación conjunta entre la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, ante la presunta existencia de una estructura irregular que habría ocasionado un perjuicio estimado en 300 millones de dólares.
Durante una sesión de fiscalización desarrollada en la Asamblea Nacional, representantes de la empresa eléctrica expusieron hallazgos que evidenciarían posibles manipulaciones en los sistemas de registro y modificación de consumos eléctricos, así como eventuales alteraciones en procesos de refacturación.
Entre los casos expuestos constan registros de usuarios que mantuvieron exactamente el mismo nivel de consumo durante un año completo, modificaciones posteriores en lecturas ya procesadas y la detección de refacturaciones efectuadas por funcionarios sobre inmuebles vinculados a ellos mismos.
Hallazgos que levantan sospechas
Las comparecencias se desarrollaron ante la mesa legislativa presidida por Valentina Centeno, como parte del proceso de control político iniciado tras los allanamientos ejecutados el pasado 28 de abril en oficinas de CNEL ubicadas en Guayas, Azuay y Santa Elena, dentro de una investigación previa por presunto peculado.
Durante la sesión participaron Johanna Tomalá, gerente comercial encargada; Evelyn López, gerente de Asuntos Corporativos; y José Parra, gerente jurídico de la institución.
Según se expuso, las primeras alertas surgieron a partir de la detección de pérdidas de energía no justificadas, situación que motivó un seguimiento técnico desde enero de este año.
Uno de los casos que generó mayor preocupación corresponde a la Unidad de Negocio Santa Elena, donde se identificó que el volumen de refacturaciones superó incluso el número total de clientes registrados en esa jurisdicción, que bordea los 135.000 usuarios.
Las autoridades explicaron que se detectaron modificaciones en las lecturas de consumo antes de la emisión final de las planillas.
Estas alteraciones, según se informó, incidían directamente en la reducción del consumo facturado y, por ende, en los valores cobrados.
Consumos idénticos y cambios sin justificación
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la existencia de clientes que reflejaron exactamente el mismo consumo energético durante doce meses consecutivos.
De acuerdo con lo expuesto por funcionarios de la corporación, la probabilidad técnica de que este comportamiento ocurra de manera natural es extremadamente baja.
Asimismo, se reportaron casos en los que se habrían modificado registros históricos de consumo, alterando planillas emitidas hasta un año atrás sin sustento técnico documentado.
También se reveló la detección de un funcionario que presuntamente realizó ajustes de refacturación relacionados con su propio domicilio, hecho que forma parte de las indagaciones internas y judiciales en curso.
Debilidades en los controles internos
Durante la exposición técnica, la gerencia comercial reconoció vulnerabilidades dentro del sistema operativo de facturación.
Entre las principales falencias señaladas figuran una elevada dependencia de la intervención manual de usuarios autorizados, escasa automatización en controles cruzados, limitaciones para la verificación inmediata de inconsistencias y reducida capacidad de trazabilidad en ciertos procedimientos.
Frente a este escenario, CNEL informó que se procedió al bloqueo inmediato de perfiles con facultades para ejecutar refacturaciones y ajustes, además del inicio de una auditoría transaccional integral.
Las acciones buscan reforzar el control sobre los procesos y prevenir nuevas irregularidades.
Fiscalía avanza en las diligencias
Desde el área jurídica de la corporación se confirmó que la Fiscalía General del Estado ya desarrolla las investigaciones correspondientes, apoyadas con información técnica y documental proporcionada por la propia empresa pública.
La institución aseguró haber presentado las denuncias formales y mantiene cooperación activa con las autoridades judiciales para identificar responsabilidades, tanto al interior como fuera de la entidad.
Asamblea continuará con las comparecencias
Tras concluir esta primera fase de comparecencias, la Comisión de Desarrollo Económico anunció que convocará a nuevas autoridades y funcionarios para esclarecer la posible operatividad de la presunta red investigada.
El objetivo, según se informó, será determinar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales y establecer cómo se habrían ejecutado estas prácticas que hoy son objeto de escrutinio institucional.
El caso se perfila como una de las investigaciones más sensibles dentro del sector eléctrico, debido a su potencial impacto económico y a las implicaciones que tendría sobre la confianza ciudadana en los sistemas públicos de prestación de servicios.