
En la jornada 29 del juicio, la Fiscalía General del Estado presentó sus alegatos finales y solicitó que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declare la responsabilidad penal de 20 procesados por presunto cohecho. El Ministerio Público sostiene que la contratación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair estuvo acompañada de un esquema financiero diseñado para canalizar millonarios sobornos.
El denominado caso Sinohydro, considerado uno de los procesos judiciales más relevantes por presuntos actos de corrupción en la contratación pública ecuatoriana, entró este miércoles en una fase decisiva. La Fiscalía General del Estado concluyó sus alegatos finales y pidió al Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia que condene a 20 procesados por el presunto delito de cohecho, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, el empresario Conto Augusto Patiño Martínez y varios integrantes de sus respectivos entornos familiares.
La audiencia, correspondiente al día 29 del juicio, estuvo marcada por la exposición de las últimas premisas fácticas con las que el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, aseguró haber demostrado la existencia de una estructura organizada que, según la acusación, permitió ocultar el pago de sobornos entregados por la empresa estatal china Sinohydro durante la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Fiscalía: una estructura para asegurar la adjudicación de Coca Codo Sinclair
Durante cerca de tres horas de intervención, el fiscal sostuvo que las pruebas practicadas a lo largo del juicio permitieron reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los presuntos beneficiarios y establecer la forma en que se habrían canalizado recursos ilícitos mediante compañías nacionales y extranjeras.
De acuerdo con la teoría del caso, entre 2010 y 2018 la empresa estatal china Sinohydro habría entregado aproximadamente 76,1 millones de dólares para asegurar la adjudicación, financiamiento y ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Según la Fiscalía, esos recursos no fueron transferidos directamente a los supuestos beneficiarios, sino que habrían recorrido una compleja red de empresas, cuentas bancarias, consultorías simuladas y transferencias internacionales que buscaban otorgar apariencia de legalidad al origen del dinero.
¿Qué sostiene la Fiscalía contra Lenín Moreno?
El Ministerio Público mantiene la acusación contra el expresidente Lenín Moreno como autor directo del presunto delito de cohecho.
Durante sus alegatos finales, el fiscal Carlos Alarcón manifestó que la contratación de la megaobra hidroeléctrica fue utilizada, presuntamente, como un mecanismo para obtener beneficios económicos indebidos mediante actos de corrupción que afectaron la correcta administración pública.
Para sustentar esa acusación, la Fiscalía afirmó haber presentado testimonios, informes financieros, registros bancarios nacionales e internacionales, documentación societaria, información tributaria, pericias informáticas y asistencias penales provenientes de otros países, elementos que —según el organismo investigador— demostrarían la existencia del esquema investigado.
Conto Patiño, señalado como el operador financiero del supuesto esquema
Uno de los principales señalados durante la audiencia fue el empresario Conto Augusto Patiño Martínez.
La Fiscalía sostiene que actuó como representante comercial de Sinohydro y que habría organizado la estructura financiera utilizada para recibir y distribuir los presuntos sobornos.
Según la acusación, Patiño creó empresas, abrió cuentas bancarias en distintas jurisdicciones y coordinó operaciones financieras destinadas a ocultar el origen y destino de los recursos investigados.
El Ministerio Público considera que aproximadamente 58,8 millones de dólares habrían sido canalizados hacia cuentas personales, compañías y estructuras empresariales relacionadas con el empresario, sus familiares y otros procesados.
Los familiares que continúan procesados
La Fiscalía también ratificó la acusación contra cinco familiares de Conto Patiño, a quienes atribuye distintos niveles de participación dentro del supuesto esquema financiero.
Entre ellos figuran:
- María Auxiliadora Patiño Herdoíza, procesada como presunta cómplice por la supuesta recepción y administración de recursos.
- Xavier Macías Carmigniani, esposo de María Auxiliadora, señalado por presuntas operaciones relacionadas con compañías investigadas.
- Juan Carlos Patiño Herdoíza.
- Patricia de las Mercedes Patiño Herdoíza.
- Manuel Ignacio Patiño Herdoíza.
Según la Fiscalía, todos ellos habrían participado, en diferentes grados, en la recepción, administración o utilización de fondos que circularon a través de la estructura societaria investigada.
Una procesada quedó fuera de la acusación
La única modificación realizada por la Fiscalía respecto de la acusación inicial fue el retiro de cargos contra Priscila B.
El fiscal solicitó al Tribunal que ratifique su estado de inocencia al considerar que las pruebas practicadas durante el juicio no permitieron sostener la imputación formulada en etapas anteriores.
¿Qué viene ahora?
Concluidos los alegatos finales de la Fiscalía, el proceso continuará con las intervenciones de las defensas de los procesados y posteriormente el Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces Manuel Cabrera, Daniella Camacho y Julio Inga, deberá ingresar a la etapa de deliberación antes de emitir su resolución.
La decisión será determinante para uno de los procesos penales más emblemáticos relacionados con presuntos actos de corrupción en la contratación pública ecuatoriana.
No obstante, conforme al ordenamiento jurídico ecuatoriano, todas las personas procesadas mantienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
