La decisión, respaldada en informes técnicos sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en 2027, busca garantizar la seguridad del proceso electoral, aunque genera cuestionamientos dentro del propio organismo electoral y en el ámbito político.
En una decisión de alto impacto para el calendario democrático del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al domingo 29 de noviembre de 2026, tres meses antes de lo inicialmente previsto para inicios de 2027.
La medida fue adoptada por mayoría del pleno del organismo electoral, con cuatro votos a favor y uno en contra, en una sesión desarrollada el 27 de marzo de 2026, en medio de un escenario marcado por alertas climáticas y cuestionamientos políticos.
Sustento técnico: riesgo climático y fenómeno de El Niño
El principal argumento del CNE se basa en informes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que advierten sobre la probable presencia del fenómeno de El Niño entre enero y marzo de 2027, coincidiendo con la temporada invernal.
Estos informes alertan sobre un incremento en eventos hidrometeorológicos, como inundaciones, deslizamientos de tierra y movimientos de masa, que podrían afectar directamente a la población e infraestructura crítica. Según los datos presentados:
- 4.339 kilómetros de la red vial estatal están expuestos a eventos adversos.
- Al menos 268 recintos electorales en 7 provincias podrían verse afectados.
- Más de 626.000 electores enfrentarían dificultades para ejercer su derecho al voto.
Además, se proyecta que el impacto máximo del fenómeno climático podría comprometer la logística electoral, incluyendo el traslado de material y la instalación de juntas receptoras del voto. Incluso, repetir elecciones en zonas afectadas podría implicar un costo aproximado de USD 4,4 millones.
Pronunciamiento oficial del CNE
La presidenta del organismo, Diana Atamaint, defendió la decisión enfatizando su carácter técnico y preventivo. En su intervención sostuvo:
“La convocatoria electoral no constituye una decisión discrecional, sino una medida preventiva, técnica y constitucionalmente fundamentada”.
Asimismo, desde el pleno se reiteró que el ajuste responde a la necesidad de precautelar la seguridad de los votantes y garantizar la integridad del proceso electoral en su conjunto, en concordancia con la Constitución, la ley y los informes técnicos que respaldan el cambio.
Reconfiguración del proceso electoral
El adelanto de los comicios implica una reorganización integral del calendario electoral, incluyendo:
- Las fases de democracia interna de los partidos políticos
- La inscripción de candidaturas
- Los periodos de campaña electoral
Este reajuste busca asegurar que todas las etapas del proceso se desarrollen sin interferencias derivadas de condiciones climáticas adversas.
Voces críticas dentro del organismo
No obstante, la decisión no estuvo exenta de controversia. La consejera Elena Nájera votó en contra y cuestionó el manejo interno de la información, señalando que documentos clave no le fueron entregados oportunamente.
Además, advirtió sobre posibles motivaciones no técnicas detrás del cambio, en un contexto donde —según analistas— las elecciones internas de los partidos se han convertido en espacios de disputa por el poder político y económico.
Un proceso electoral bajo presión
El cambio de fecha se produce en un escenario nacional complejo, marcado por la declaratoria de emergencia debido a la temporada invernal y por la incertidumbre climática en la región. A ello se suma la tensión política propia de los procesos preelectorales.
Con esta decisión, el CNE apuesta por anticiparse a posibles contingencias naturales y garantizar el ejercicio del sufragio. Sin embargo, el debate sobre la transparencia, la oportunidad de la medida y sus implicaciones políticas continuará marcando la agenda pública en los meses previos a los comicios.
El país, así, se encamina hacia unas elecciones adelantadas que no solo pondrán a prueba la capacidad logística del Estado, sino también la confianza ciudadana en las instituciones electorales.