Magistrados de distintas corrientes expresan dudas sobre la legalidad de la orden ejecutiva, mientras el presidente defiende una reinterpretación de la Constitución que podría afectar a cientos de miles de recién nacidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos mostró un marcado escepticismo frente al intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, en uno de los casos más trascendentales del actual período judicial.
Durante la audiencia, que contó con la presencia inédita de un presidente en funciones dentro de la sala, tanto jueces conservadores como liberales plantearon dudas sobre la constitucionalidad y viabilidad de la orden ejecutiva. La medida propone negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres se encuentren en el país de manera ilegal o temporal.
El principal abogado del gobierno, D. John Sauer, enfrentó cuestionamientos insistentes por parte de los magistrados, quienes pusieron en tela de juicio la base legal de la iniciativa. Entre ellos, la jueza Ketanji Brown Jackson planteó interrogantes prácticos sobre cómo se aplicaría la medida, incluso desde el momento del nacimiento.
Por otro lado, el juez Clarence Thomas sugirió una lectura histórica distinta al cuestionar si la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos —que garantiza la ciudadanía por nacimiento— fue concebida con relación a la inmigración, recordando que su propósito original era reconocer derechos a las personas negras tras la abolición de la esclavitud.
El caso llega al alto tribunal tras la apelación de la administración Trump contra fallos de tribunales inferiores que han bloqueado la aplicación de la orden en todo el país. Hasta el momento, ninguna de estas restricciones ha entrado en vigor.
La medida firmada por Trump al inicio de su segundo mandato forma parte de una política más amplia orientada a endurecer las condiciones migratorias. Sin embargo, implicaría un cambio radical en la interpretación histórica de la ciudadanía en Estados Unidos, establecida desde 1868 y reafirmada por precedentes como el caso Wong Kim Ark de 1898.
Desde la defensa, Cecillia Wang, representante de la Unión Americana por las Libertades Civiles, advirtió que la iniciativa busca redefinir de manera profunda el concepto de ciudadanía estadounidense sin sustento en la jurisprudencia vigente.
De acuerdo con estimaciones de centros de investigación, más de 250.000 bebés nacidos cada año en Estados Unidos podrían verse afectados por la medida, incluyendo hijos de personas con estatus migratorio legal, como estudiantes o solicitantes de residencia permanente.
El caso representa una nueva prueba sobre los límites del poder ejecutivo y la interpretación constitucional, en un contexto en el que el tribunal ha respaldado algunas decisiones del presidente, pero también ha marcado límites en otras, generando tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos emita un fallo definitivo a inicios del verano, en una decisión que podría redefinir uno de los principios fundamentales del sistema jurídico estadounidense.