La Fiscalía solicitó al tribunal que fije con urgencia fecha y hora para anunciar su resolución dentro del proceso por presunta comercialización ilegal de combustibles. La prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Guayaquil podría caducar el próximo 8 de septiembre. La ARCH también reclama celeridad y pide conocer el estado de la causa.
El caso Triple A entra en una fase decisiva. La proximidad de la eventual caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, llevó a la Fiscalía a solicitar al tribunal que emita a la brevedad posible su resolución dentro del proceso que investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles.
La fiscal Ruth Amoroso, encargada de la causa, pidió que se señale día y hora para que el tribunal dé a conocer su decisión, argumentando que la medida cautelar de privación de libertad impuesta al alcalde guayaquileño se aproxima al límite temporal establecido por la legislación.
De acuerdo con los plazos considerados dentro del proceso, la prisión preventiva podría caducar el próximo 8 de septiembre, fecha en la que se cumplirían seis meses de vigencia de la medida.
La petición se produce después de que el tribunal concluyera la etapa de juicio y se retirara a deliberar el pasado 2 de agosto, tras escuchar durante 19 jornadas no consecutivas los elementos presentados por las partes respecto de los 22 procesados.
Prisión preventiva de Álvarez se acerca al límite legal
La situación jurídica de Aquiles Álvarez adquiere especial relevancia debido a los plazos que rigen la prisión preventiva.
La orden de encarcelamiento contra el alcalde fue emitida después de que la justicia determinara que habría incumplido la medida cautelar relacionada con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica que se le había impuesto previamente.
Debido a que el delito investigado contempla una pena de hasta cinco años de privación de libertad, el plazo aplicable para la caducidad de la prisión preventiva sería de seis meses.
Según el argumento planteado por la Fiscalía, ese período concluiría el 8 de septiembre si antes no se produce una decisión judicial que modifique la situación procesal.
La legislación ecuatoriana establece límites temporales para la prisión preventiva precisamente por tratarse de una medida cautelar y no de una pena anticipada. En consecuencia, su duración está sometida a las condiciones y excepciones determinadas por la normativa vigente.
Fiscalía pide al tribunal acelerar el pronunciamiento
Ante la proximidad de esa fecha, la fiscal Ruth Amoroso solicitó formalmente que el tribunal establezca cuanto antes el momento para anunciar su resolución.
El planteamiento busca evitar que el plazo de la medida cautelar expire mientras continúa pendiente la decisión de los jueces después de concluida la audiencia de juicio.
La petición coloca nuevamente en el centro del debate los tiempos de la administración de justicia y la obligación de resolver una causa en la que ya concluyó la presentación de pruebas y argumentos.
No obstante, la proximidad de la caducidad de una medida cautelar no anticipa ni determina el contenido de la sentencia, que deberá fundamentarse exclusivamente en las pruebas incorporadas legalmente al proceso y en los argumentos expuestos por las partes durante el juicio.
ARCH también reclama celeridad procesal
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que participa dentro del proceso como acusadora particular, también pidió un pronunciamiento del tribunal.
La entidad sostuvo que la falta de una resolución afecta el principio de celeridad procesal y solicitó que los magistrados informen sobre el estado actual de la causa y si ya existe una decisión adoptada.
De esta manera, tanto la Fiscalía como la ARCH coinciden en solicitar que se defina judicialmente el proceso después de que concluyeran las intervenciones de acusación y defensa.
Tribunal delibera desde el 2 de agosto
La expectativa alrededor de la sentencia se mantiene desde principios de agosto.
El 2 de agosto, los integrantes del tribunal se retiraron a deliberar después de concluir una extensa audiencia de juicio que se desarrolló durante 19 días no consecutivos.
Durante esas jornadas fueron presentadas y controvertidas las pruebas de cargo y de descargo relacionadas con 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil.
La Fiscalía expuso los elementos con los que pretende sustentar su teoría sobre la presunta comercialización ilegal de combustibles, mientras que la ARCH intervino como acusadora particular.
Las defensas, por su parte, presentaron sus argumentos y elementos destinados a controvertir las acusaciones formuladas contra sus representados.
Desde entonces, el proceso permanece a la espera del pronunciamiento del tribunal.
Un proceso de alto impacto político y judicial
El caso Triple A ha adquirido una importante repercusión pública debido, principalmente, a la participación de Aquiles Álvarez, actual alcalde de la ciudad más poblada del Ecuador.
Sin embargo, el proceso involucra a otras personas y deberá resolverse individualmente respecto de cada uno de los 22 procesados, en función de los elementos incorporados durante el juicio.
La decisión judicial deberá determinar si las pruebas presentadas permiten establecer responsabilidades penales por los hechos investigados o si corresponde ratificar el estado de inocencia de alguno o de todos los acusados.
En el caso particular de Álvarez, la resolución tendrá además efectos sobre su actual situación de privación de libertad.
Cuenta regresiva hacia el 8 de septiembre
Con la solicitud presentada por la Fiscalía, el calendario procesal se convierte ahora en uno de los elementos centrales alrededor del caso Triple A.
Si los plazos considerados por la acusación se mantienen, el 8 de septiembre aparece como una fecha determinante para la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, mientras el tribunal continúa analizando los elementos presentados durante el juicio.
La ARCH también espera una respuesta sobre el estado de la deliberación, mientras las defensas permanecen pendientes de la resolución.
El tribunal tendrá finalmente la responsabilidad de pronunciarse sobre una causa que ha acumulado semanas de audiencias, decenas de elementos probatorios y argumentos contrapuestos entre acusación y defensa.
Hasta que esa decisión sea anunciada, Aquiles Álvarez y los demás procesados mantienen su estado jurídico correspondiente y la presunción de inocencia, principio que permanece vigente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El caso Triple A se aproxima así a una definición judicial, mientras la cuenta regresiva sobre la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil incrementa la atención sobre una sentencia que podría marcar un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión política del país.