En menos de ocho días, la audiencia preparatoria de juicio ha enfrentado tres pedidos de suspensión. El juez anticorrupción Jairo García decidió continuar con las intervenciones de las defensas y reservar la participación del nuevo abogado de Gastón Loy, uno de los procesados por presunto lavado de activos.
STUDIO DIGITAL | Ecuador.– La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Goleada logró avanzar este martes 18 de agosto de 2026, luego de que el juez anticorrupción Jairo García resolviera un nuevo incidente que buscaba suspender la diligencia dentro del proceso en el que figuran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, integrantes de su círculo familiar y otros investigados.
El magistrado dispuso que la audiencia continúe con las intervenciones de las defensas que se encuentran preparadas y que el nuevo abogado del procesado Gastón Loy participe posteriormente, una vez concluidas las exposiciones de los demás defensores respecto de posibles vicios de nulidad.
La decisión permitió reinstalar formalmente la diligencia cerca de las 13:00 y abrir la fase destinada a analizar eventuales nulidades relacionadas con procedibilidad, procedimiento y competencia.
CNE aclaró situación de procesados inscritos para las elecciones
Antes de avanzar con la audiencia, el juez dedicó cerca de tres horas a resolver otro de los incidentes planteados alrededor de la situación electoral de varios procesados.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Gastón Loy, Pedro Hidalgo, David Alvarez y Fiorella Ycaza —estos dos últimos primo y esposa de Aquiles Alvarez, respectivamente— habían realizado inscripciones para participar en las elecciones seccionales previstas para noviembre de 2026, pero no mantenían candidaturas calificadas.
Con la información proporcionada por el organismo electoral, el juez resolvió continuar con el procesamiento penal.
Previamente, la defensa de Loy había solicitado una suspensión de siete días hasta que el CNE aclarara si su candidatura había sido calificada.
Cambio de abogado generó un tercer pedido de suspensión
Una vez comunicada la decisión judicial, Gastón Loy informó al magistrado que había perdido la confianza en su entonces defensor, Fernando Chávez, y presentó como nuevo abogado a Santiago Mestanza.
El nuevo patrocinador solicitó inmediatamente la suspensión de la audiencia y pidió al menos 15 días para estudiar el expediente, argumentando que la causa contiene un volumen considerable de documentación y que necesitaba disponer de un plazo adecuado para garantizar una defensa técnica.
La solicitud se convirtió en el tercer intento de suspender la audiencia preparatoria de juicio en menos de ocho días. De los tres pedidos presentados durante ese periodo, dos habían sido aceptados previamente.
Fiscalía cuestionó posibles “maniobras dilatorias”
El fiscal del caso, Dennis Villavicencio, se opuso a una nueva suspensión y sostuvo que los incidentes planteados formarían parte de maniobras dilatorias destinadas a extender el procesamiento.
Una postura similar mantuvo Anahí Carrillo, representante de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), institución que interviene como acusación particular.
Carrillo argumentó que las actuaciones de una parte de los procesados podrían afectar la tutela judicial efectiva y los principios de buena fe y lealtad procesal.
Tras escuchar a las partes, el juez García analizó durante aproximadamente media hora una alternativa que permitiera garantizar el derecho a la defensa de Loy sin paralizar nuevamente toda la audiencia.
Juez aplica una alternativa para mantener la audiencia
García determinó que las defensas de los demás procesados podían continuar presentando sus alegaciones, debido a que la sustitución del abogado afectaba específicamente la preparación técnica de Gastón Loy y no necesariamente el ejercicio de defensa del resto de involucrados.
El magistrado fundamentó su decisión en un criterio de proporcionalidad y consideró que suspender inmediatamente toda la diligencia constituía una medida más restrictiva cuando existía una alternativa que permitía avanzar con una audiencia de alta complejidad.
“Se continuarán escuchando las intervenciones de las defensas técnicas de los demás sujetos procesales y demás personas procesadas que se encuentran debidamente preparadas para ejercer sus derechos”, señaló García durante la diligencia.
El juez sostuvo además que el avance de las restantes defensas no implica sacrificar los derechos de Loy, siempre que posteriormente se garantice plenamente la posibilidad de intervención de su nuevo patrocinador.
Mestanza podrá acceder al expediente, revisar la documentación, comunicarse con su defendido y utilizar el tiempo durante el cual intervengan los demás abogados para familiarizarse con la causa.
No obstante, García aclaró que ese periodo no será considerado automáticamente como suficiente para preparar la defensa. Cuando corresponda la intervención de Loy, la audiencia será suspendida y el magistrado determinará qué plazo adicional resulta razonable y efectivo para preparar sus alegaciones sobre posibles nulidades.
Defensas cuestionaron la decisión
La resolución generó objeciones de varios abogados de los procesados, quienes argumentaron que podría afectar el principio de igualdad de condiciones dentro del proceso.
Entre sus cuestionamientos señalaron que la Fiscalía tendría mayor tiempo para preparar una respuesta a las nulidades que las defensas expondrán durante esta etapa.
El juez mantuvo su resolución y dispuso continuar con la audiencia.
Defensa de Aquiles Alvarez abre exposición de nulidades
Superados los incidentes, la diligencia fue reinstalada formalmente cerca de las 13:00 de este martes 18 de agosto.
La etapa comenzó con el análisis de posibles vicios que puedan afectar la validez del proceso, entre ellos aspectos relacionados con procedibilidad, procedimiento y competencia.
La primera intervención estuvo a cargo del abogado Julio César Cueva, en representación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Esta fase resulta determinante porque el juez deberá analizar los argumentos de las partes antes de avanzar hacia el debate sobre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y, posteriormente, resolver la situación jurídica de los procesados conforme corresponda dentro de la etapa preparatoria de juicio.
17 personas y nueve empresas investigadas por presunto lavado de activos
El caso Goleada involucra a 17 personas naturales y nueve personas jurídicas, investigadas por el presunto delito de lavado de activos.
Entre los procesados consta Aquiles Alvarez, además de personas de su círculo familiar, entre ellas su madre, esposa, hermanos y primos, así como otros investigados.
La hipótesis investigativa de la Fiscalía apunta a la presunta existencia de una estructura empresarial vinculada con operaciones financieras y comerciales derivadas de una supuesta comercialización irregular de combustibles, mecanismo que, según la tesis acusatoria, habría sido utilizado para introducir recursos de presunto origen ilícito al sistema económico.
Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis que deberá ser sustentada por la Fiscalía y sometida a contradicción de las defensas. La responsabilidad penal de los procesados no se encuentra determinada en esta etapa y deberá resolverse conforme al desarrollo del proceso y las decisiones de la justicia.
Con la reinstalación de la audiencia, el caso Goleada entra nuevamente en una fase decisiva, después de varios incidentes procesales y pedidos de suspensión. El análisis de las nulidades planteadas por las defensas será uno de los primeros filtros jurídicos que deberá superar la causa antes de que el juez determine si existen elementos suficientes para que los procesados sean llamados a juicio.