El proceso por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, permanece en la fase de evaluación y preparatoria de juicio. Este 22 de septiembre, ocho procesados buscarán que se revise la prisión preventiva dictada en su contra.
El caso Goleada atraviesa un nuevo momento de incertidumbre procesal. Aunque el expediente regresó al despacho del juez Sebastián Cornejo, hasta este lunes 21 de septiembre no existe una nueva fecha para reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, suspendida desde el pasado 8 de septiembre.
Mientras se espera una definición sobre la continuidad de esa diligencia, otro frente judicial avanzará este martes 22 de septiembre. A las 08:00 está prevista la audiencia de apelación a la prisión preventiva presentada por ocho procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el asambleísta Raúl Chávez.
La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos. Según la tesis de la Fiscalía, Alvarez y otros procesados habrían estado vinculados a una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la presunta comercialización irregular de combustibles. Estas afirmaciones forman parte de la acusación fiscal y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
Un proceso marcado por cambios de jueces
La definición sobre quién debía continuar al frente del expediente generó un nuevo episodio dentro de la causa.
El 16 de septiembre, la jueza Ana Lucía Cevallos Ballesteros resolvió inhibirse y devolver el expediente a Sebastián Cornejo, quien previamente había decidido apartarse tras la resolución del Consejo de la Judicatura que suprimió la Unidad Especializada Anticorrupción.
Cevallos argumentó que la inhibición de Cornejo no observó la disposición transitoria segunda de la Resolución 187-2026 de la Judicatura. Esa disposición establece que las causas con audiencias ya instaladas, suspendidas o pendientes de decisión deben permanecer a cargo de los mismos jueces hasta su conclusión.
Bajo ese criterio, la magistrada consideró que Cornejo debe continuar sustanciando el expediente debido a que la audiencia preparatoria ya había sido instalada.
El caso ha atravesado varios cambios judiciales. Jairo García, juez titular de la causa, fue suspendido durante 30 días sin remuneración por el Consejo de la Judicatura. Posteriormente el expediente pasó por los despachos de Sebastián Cornejo, Karol Zambrano Macías y Ana Lucía Cevallos, antes de regresar nuevamente a Cornejo.
Hasta ahora no se ha informado cuándo se retomará la audiencia que deberá definir, entre otros aspectos, si la causa avanza a la etapa de juicio.
Ocho procesados buscan revertir la prisión preventiva
En paralelo, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha analizará este martes los recursos presentados contra la prisión preventiva.
Además de Aquiles Alvarez y Raúl Chávez, apelaron la medida Xavier y Antonio Alvarez Henriques, hermanos del alcalde; Fernando Xavier y Andrés Viteri Henriques, sus primos; así como Fernando Patricio Peñaherrera y César Emilio Bravo.
La diligencia se desarrollará de forma telemática y estará a cargo de un tribunal integrado por los jueces Wilson Enrique Lema, como ponente; Edwin Paúl Pérez Reina y Patricio Ricardo Vaca Nieto.
De acuerdo con información publicada sobre la situación procesal de los recurrentes, Aquiles Alvarez permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sobre varios de los demás procesados pesan órdenes de captura.
Fiscalía investiga a personas y empresas
El expediente del caso Goleada comprende actualmente a 17 personas naturales y nueve empresas investigadas por presunto lavado de activos. Entre los procesados figuran Alvarez, integrantes de su familia y otras personas vinculadas a la investigación.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio será determinante para establecer qué elementos de la acusación avanzarán hacia una eventual etapa de juzgamiento.
Por ahora, el proceso se mueve en dos escenarios: mientras permanece pendiente la reanudación de la audiencia principal, la justicia deberá pronunciarse este martes sobre las medidas cautelares impugnadas por ocho de los procesados.
La resolución de la Corte Provincial sobre las prisiones preventivas no definirá la responsabilidad penal de los investigados, sino exclusivamente la situación de las medidas cautelares mientras continúa la causa.