Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha analizará los recursos presentados contra las órdenes de prisión preventiva. Entre los procesados constan el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el asambleísta Raúl Chávez y familiares del burgomaestre.
Una nueva diligencia dentro del denominado caso Goleada está prevista para este martes 22 de septiembre de 2026. A partir de las 08:00 se desarrollará la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por ocho de los procesados en la causa, que investiga un presunto esquema de lavado de activos.
Entre quienes interpusieron el recurso se encuentran el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez.
También apelaron la medida Xavier y Antonio Alvarez Henriques, hermanos del alcalde; Fernando Xavier y Andrés Viteri Henriques, primos del funcionario; además de Fernando Patricio Peñaherrera y César Emilio Bravo.
Tribunal analizará los recursos
La diligencia fue convocada de manera telemática y estará a cargo de un tribunal de la Sala Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
El tribunal está integrado por los jueces Wilson Enrique Lema, en calidad de ponente; Edwin Paúl Pérez Reina y Patricio Ricardo Vaca Nieto.
Durante la audiencia se analizarán los argumentos presentados por las defensas para solicitar la revisión de las órdenes de prisión preventiva que pesan sobre los ocho procesados.
La diligencia corresponde exclusivamente a la discusión de las medidas cautelares y no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los investigados dentro del caso.
¿Qué investiga el caso Goleada?
La causa involucra a 17 personas naturales y nueve empresas investigadas por presunto lavado de activos.
La tesis de la Fiscalía sostiene que existiría una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la presunta comercialización irregular de combustibles. Según la acusación, este entramado habría sido utilizado para introducir recursos de supuesto origen ilícito en actividades económicas.
Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis investigativa del Ministerio Público y deberán ser sometidas al correspondiente debate judicial.
El proceso se encuentra actualmente en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, instancia en la que corresponde determinar, entre otros aspectos, si existen elementos suficientes para que los procesados sean llamados a juicio.
Aquiles Alvarez permanece detenido
De las ocho personas que presentaron la apelación, Aquiles Alvarez se encuentra privado de libertad.
El alcalde permanece en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, y enfrenta paralelamente otros procesos judiciales.
En el denominado caso Grillete, un tribunal de apelación ratificó el 16 de septiembre la sentencia de tres años de prisión contra Alvarez por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La causa se originó después de que el 10 de febrero fuera localizado en su domicilio sin el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar por disposición judicial.
Alvarez también recibió el 29 de agosto una sentencia de primera instancia de seis años y ocho meses de prisión dentro del caso Triple A, relacionado con la comercialización irregular de combustibles.
La situación procesal de esas causas es independiente de la audiencia convocada para este martes dentro del caso Goleada.
Cambios judiciales marcan el desarrollo de la causa
El trámite del caso Goleada también ha atravesado modificaciones en la autoridad judicial encargada del expediente.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue suspendida el pasado 8 de septiembre y posteriormente se produjeron nuevos movimientos en la conducción de la causa.
La jueza Ana Lucía Cevallos Ballesteros, sorteada para asumir el proceso, se inhibió de conocerlo y devolvió el expediente al juez Sebastián Cornejo, quien previamente se había apartadoado tras la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Especializada Anticorrupción.
En este escenario, la audiencia del 22 de septiembre abre un nuevo capítulo procesal. El tribunal deberá resolver los recursos planteados contra la prisión preventiva, mientras la causa principal continúa pendiente de avanzar en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.